huelga en la educación
Todos contra la ‘ley Wert’: desde la escuela pública a la concertada, desde la Iglesia a colectivos laicistas
Si algo ha conseguido la séptima reforma educativa de la democracia –sumergida todavía en su trámite parlamentario– es aglutinar un espectacular consenso en su contra. La ley no gusta a la escuela pública, que la critica por favorecer la "inequidad", aunque tampoco a la concertada, cuyos principales sindicatos llaman a la huelga general educativa de este jueves. Ha sido criticada por los sectores laicistas por poner la Religión a la altura de las Matemáticas, pero también cuestionada por los obispos, que creen que podría adaptarse más a sus intereses. En el Congreso ha suscitado agrios debates e incluso ha arrancado el compromiso de toda la oposición, salvo UPyD, UPN y Foro Asturias, de derogarla si el PP sale del Gobierno. Las autonomías en las que no gobierna el PP la rechazan de forma frontal e incluso País Vasco y Cataluña se plantean la insumisión. Y hasta el Consejo de Estado, en un dictamen no vinculante, recomendó mantener la asignatura de Educación para la Ciudadanía y mostró dudas sobre la financiación del proyecto.
Pero, ¿qué argumentos dan los que se oponen a ley Wert?
01. La escuela pública y la concertada
La comunidad educativa de la pública se ha unido en torno a un análisis común: la educación pública está "en peligro". Y por ello, dicen, hay que defenderla. Es el mayor frente contra esta ley. De hecho, el pasado mayo, por primera vez en la historia de España, docentes, padres y alumnos hicieron una jornada de huelga en todos los niveles de la educación pública. Esa convocatoria volverá a repetirse este jueves. Los convocantes –Sindicato de Estudiantes, CGT, UGT, FETE-UGT, CCOO, STEs, CEAPA y mRp– sostienen que este proyecto no sólo no fomentará la "excelencia y la calidad para todos" a la que tantas veces se ha referido el titular de Educación, sino que acarreará más desigualdad. Denuncian su concepción "segregadora", pues plantea separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar, las pruebas externas ( que serán reválidas en ESO y Bachillerato) o la prórroga a los conciertos a escuelas que segregan por sexo. Además, sostienen que los tijeretazos en educación traen consigo una "degradación sistemática" de la educación pública.
El texto tampoco convence al 100% en la concertada. De hecho, el sindicato FSIE, mayoritario en este sector, se ha unido a la convocatoria de huelga. Sostiene que "empeora" cuestiones importantes para la actividad de sus docentes y resto de trabajadores, aparte de la congelación salarial de 2014 y la consolidación de los "duros recortes" que padece el sector. Y eso a pesar de que recoge algunas de las reclamaciones tradicionales de la escuela concertada. Entre ellas, prevé que las autonomías tengan en cuenta la “demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la pública o abre la puerta a la renovación automática de los conciertos. E incluso en el debate de enmiendas en el Congreso se incluyó una modificación del PP por la que profesores de la privada podrán corregir las reválidas que se implantará con la nueva norma. Hasta ahora eran los docentes de la púbklica, que son funcionarios por oposición, los únicos que podían corregir este tipo de pruebas.
02. Los sectores laicistas y los obispos
Entre otras cuestiones, el texto prevé que la asignatura de Religión cuente para la nota media por primera vez desde la LOGSE, cumpliendo así una de las reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal. Además, blinda los conciertos con los colegios que segregan por sexo. Aunque el borrador prevé que en las escuelas no habrá discriminación por razón de "nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", sí asegura mantener los conciertos a los colegios que separan a niños y niñas –un total de ocho centros situados en la Comunidad de Madrid– al señalar que lo dispuesto anteriormente "no será obstáculo para que los centros de educación diferenciada por sexos puedan suscribir los conciertos". Este asunto ha provocado la indignación de los sectores laicistas, que piden que la Religión salga definitivamente de la escuela pública. Asociaciones como Europa Laica denuncian que los conciertos de la escuela católica le cuestan al Estado 4.000 millones anuales de dinero público. Y que a esta cantidad se suman otros 610 millones que, según datos de esta organización, le cuestan al erario público los sueldos de los profesores de religión seleccionados por los obispos. El proyecto también plantea la eliminación de Educación para la Ciudadanía, materia contra la que la jerarquía católica volvió a movilizarse con la vuelta al poder de los socialistas tras años de la calma con la ley educativa que puso en marcha José María Aznar.
Sin embargo, el texto de ley también ha sido cuestionado por la jerarquía católica. La Conferencia Episcopal dijo hace tres semanas que "vulnera" los Acuerdos con la Santa Sede porque incluye Religión como optativa en Bachillerato, pues, según está redactada, esta materia no será de oferta obligatoria en Bachillerato. En este sentido, Martínez Camino señaló que "puede haber centros que no oferten la asignatura de Religión" cuando los Acuerdos establecen que esta materia "tiene que ser de oferta obligatoria por los centros y de elección voluntaria por los alumnos en primaria y secundaria". En el proyecto de ley, Religión se incluye en Bachillerato como una asignatura específica optativa más dentro de un bloque de más de diez del que los alumnos están obligados a cursar un mínimo de dos y máximo de tres. Mientras, en la ESO y en Primaria se introduce en los grupos de asignaturas específicas obligatorias con elección entre ésta y Valores Éticos o Valores Culturales y Sociales. La jerarquía dice estar "en conversaciones" con Educación para que se revise este punto.
03. Las autonomías opositoras... y también del PP
La reforma educativa provoca recelos en algunos territorios. Especialmente, en los no gobernados por el PP. De hecho, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco se muestran radicalmente en contra. E incluso las dos últimas plantean declararse insumisas. Ambas consideran que la reforma "vulnera" su marco competencial y persigue la centralización. La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, calificó el proyecto de “herida enorme” al autogobierno catalán y a la dignidad institucional. Su homóloga en Euskadi, Cristina Uriarte, ha dicho que esta comunidad "preservará" su modelo educativo frente a las modificaciones que prevé la ley. De hecho, el ejecutivo de Iñigo Urkullu dice estar trabajando para avanzar hacia un modelo educativo propio que haga frente al marco estatal.
Además, el paso del texto por la comisión de Educación y las enmiendas presentadas por los diferentes grupos fortaleció la apuesta por la enseñanza en castellano, que se define como "vehicular" en todas las autonomías. Y aunque no se nombra explícitamente en la normativa, este matiz parece dirigirse a Cataluña, que tiene un modelo de inmersión lingüística en el que el catalán es lengua vehicular y donde recibir clases en castellano de forma mayoritaria en una escuela pública es practicamente imposible. Esta modificación ha irritado todavía más a los partidos nacionalistas. El portavoz de CiU en la comisión de Educación del Congreso, Martí Barberà, consideró que esta enmienda supone un ataque al modelo educativo catalán y a la lengua catalana.
No obstante, algunos dirigentes conservadores consideran que el Gobierno debe actuar para que el texto de la nueva ley no pueda ser tildado de "elitista", especialmente en un contexto de fuerte crisis económica en el que muchas famlias españolas tienen problemas para que sus hijos vayan a la universidad porque no se lo pueden permitir. "La gente no llega a fin de mes no podemos permitir que se nos tache de insensibles", dijo un dirigente territorial a infoLibre.
04. El Consejo de Estado
El Consejo de Estado también cuestionó en un informe no vinculante hecho público a finales del pasado abril determinados aspectos de la nueva ley. Entre otros asuntos, sus miembros expresaron dudas sobre las garantías de financiación. A pesar de esta objeción, el ministro Wert explicó en la presentación del borrador en el Consejo de Ministros que el Gobierno no tenía planeado presupuestar más dinero. Sus planes pasan por intentar que el Fondo Social Europeo financie la mitad del gasto de la reforma (unos 200 millones de los 400 previstos en tres años), especialmente para la puesta en marcha de la FP básica. A partir de ahí, según recordó el ministro, serán las comunidades, sometidas a duros objetivos de déficit, las que asumirán los gastos de consolidación.
El órgano consultivo del Estado también se oponía a que las autonomías con lengua cooficial tengan que pagar las clases en un centro privado si un alumno pide ser educado en castellano, tal y como prevé el proyecto. Este es otra de las cuestiones que más ha irritado a los partidos nacionalistas y especialmente a los catalanes. En su dictamen, el Consejo también criticó la eliminación de asignaturas "de formación ético-cívica", en referencia a Educación para la Ciudadanía. Y sugería sun inclusión.
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05. La oposición parlamentaria casi en bloque
Gran parte de la oposición –todos los grupos salvo UPyD, UPN y Foro– se comprometieron por escrito a derogar la ley cuando el PP salga del Gobierno. En un escrito conjunto, se comprometen a anular, lo antes posible, el proyecto que este martes inició su trámite parlamentario. Asimismo, aseguran que iniciarán un proceso de reflexión que culmine en un consenso entre los grupos y la comunidad educativa sobre la nueva legislación educativa.
El texto también va acompañado de tres párrafos justificativos de por qué la oposición se compromete a derogar la reforma educativa que lidera el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "como su carácter elitista o segregador", por ejemplo, según informa Europa Press.
