La jueza del TSJ de Cantabria (TSJC) que en 36 horas laborables archivó una querella contra la líder autonómica del PP, María Jesús Sáenz de Buruaga, no solo está casada con un exdirigente de la ejecutiva regional del partido sino que su desembarco en el Tribunal Superior no habría sido posible sin la propia Sáenz de Buruaga. ¿Por qué? Porque esa magistrada, Paz Hidalgo, ponente del auto que el 31 de julio dio cerrojazo a la querella por el pago en bloque de 491 cuotas desde una cuenta que, según los denunciantes, pertenece a un discapacitado psíquico, llegó en 2011 al TSJC gracias a que el Parlamento autonómico la incluyó en la terna de juristas elevada al Poder Judicial.
Su inclusión en esa terna de aspirantes contó con 16 votos: exactamente los de los 16 diputados del PP que participaron en la votación ese día, 28 de marzo de 2011. Y Sáenz de Buruaga estaba entre esos 16. Así lo certifica el acta de la sesión parlamentaria, de la que infoLibre ha obtenido copia y que reproduce junto a esta información. Aquella jornada se saldó con la ausencia de dos diputados: una del PSOE y uno del PP cuyos nombres detalla el acta. Esas ausencias explican que los dos juristas avalados por el partido (PRC) del actual presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y los socialistas lograran 21 votos en lugar de 22 e Hidalgo, 16 en vez de los 17 previstos.
Los querellantes han recusado a Paz Hidalgo. Pero su escrito no menciona su vínculo conyugal con quien, al menos entre 2008 y 2012, ocupó el cargo de secretario de área de Hacienda del PP cántabro ni el hecho de que la propia querellada participó en la votación que abrió la puerta del TSJC a Paz Hidalgo. "Ignorábamos ambos hechos", aseguran los autores de la denuncia.
La querella sostiene que el extraño pago de esas 491 cuotas, desvelado por infoLibre, y el consiguiente incremento del censo de afiliados con derecho a voto interno fue determinante para que Sáenz de Buruaga se impusiera a su rival, Ignacio Diego, en el congreso regional de marzo de este año. Emitido sin informe previo de la Fiscalía, la resolución elaborada por Hidalgo en su calidad de ponente no concede relevancia jurídica a ninguna de las presuntas irregularidades enumeradas. Los denunciantes aprecian indicios de prevaricación, malversación y delito electoral.
El 'caso Espejel'
En noviembre de 2015, la Sala Penal de la Audiencia Nacional apartó del caso Gürtel a dos de los tres magistrados que debían integrarse en el tribunal juzgador, Enrique López y Concepción Espejel. Ambos habían sido recusados por las acusaciones populares por sus relaciones con el PP. Pero la Fiscalía Anticorrupción introdujo un nuevo elemento que encontró luego reflejo expreso en el auto por el que la Sala Penal aceptó las recusaciones: varios de los acusados, entre ellos Luis Bárcenas, habían participado en votaciones parlamentarias sin las cuales ni Enrique López ni Concepción Espejel habrían alcanzado un puesto en el Tribunal Constitucional –en lo que respecta al magistrado– ni en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por lo que concierne a la ahora presidenta de esa misma Sala Penal. Enrique López también ocupa actualmente plaza en la Audiencia Nacional después de que dimitiera como magistrado del Constitucional. López dimitió tras ser sorprendido por la Policía cuando acababa de saltarse un semáforo en rojo en moto. Iba sin casco y había ingerido una dosis de alcohol casi cuatro veces superior a la máxima permitida.
Este miércoles, infoLibre trasladó a los portavoces de Paz Hidalgo en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) una pregunta sobre el nuevo dato conocido por este diario, el de su participación en la sesión parlamentaria del 28 de marzo de 2011. La pregunta fue esta: ¿consideró la magistrada en algún momento la opción de apartarse del conocimiento y resolución de la querella planteada contra María José Sáenz de Buruaga a la vista de que había participado en la votación que condujo a su designación como magistrada del TSJC por parte del CGPJ?
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Sus portavoces repitieron lo mismo que el martes: que la magistrada no va a responder a ninguna pregunta sobre el asunto de la querella por cuanto hay una recusación plantada. El lunes, y tras dos semanas en espera de que la jueza se reincorporase de las vacaciones, este diario inquirió a sus portavoces sobre si Hidalgo había sopesado apartarse por su relación matrimonial con José Luis López Tarazona, exdirector general de Trabajo del Gobierno cántabro bajo mandato del PP en la pasada década y miembro de la ejecutiva regional del partido hasta mayo de 2012.
En agosto ya trascendió que tanto Hidalgo como José Luis López del Moral, presidente del tribunal cántabro y de la sala que dio cerrojazo a la querella contra la líder del PP, habían sido recusados bajo el argumento de que ambos fueron propuestos por el PP. Pero hasta ahora había pasado inadvertida la pertenencia del marido de Hidalgo al núcleo duro directivo del PP mientras Sáenz de Buruaga era la número dos del partido así como el hecho de que la propia jurista obtuvo plaza en el TSJC con su respaldo expreso como diputada autonómica.
El tribunal que archivó la querella tenía, además de Sáenz de Buruaga y López del Moral, un tercer miembro que participó en la causa en calidad sustituto: el juez al que le correspondía completar la sala estaba de vacaciones cuando la querella se presentó por vía telemática el 26 de julio pasadas las seis y media de la tarde. El texto llegó así a la mesa de los magistrados el jueves 27 por la mañana. El 28, viernes, fue festivo en Cantabria. Y el lunes 31 por la mañana la procuradora de los querellantes recogió el auto de archivo.
La jueza del TSJ de Cantabria (TSJC) que en 36 horas laborables archivó una querella contra la líder autonómica del PP, María Jesús Sáenz de Buruaga, no solo está casada con un exdirigente de la ejecutiva regional del partido sino que su desembarco en el Tribunal Superior no habría sido posible sin la propia Sáenz de Buruaga. ¿Por qué? Porque esa magistrada, Paz Hidalgo, ponente del auto que el 31 de julio dio cerrojazo a la querella por el pago en bloque de 491 cuotas desde una cuenta que, según los denunciantes, pertenece a un discapacitado psíquico, llegó en 2011 al TSJC gracias a que el Parlamento autonómico la incluyó en la terna de juristas elevada al Poder Judicial.