Las líneas rojas anticorrupción de C's en Andalucía en ocho casos

Una paradoja de la llamada "nueva política": ante ciertos casos de supuesta corrupción del PP o del PSOE, ahora la gente mira a... Ciudadanos. El comentario hace sonreír al presidente del partido naranja en Andalucía, Juan Marín, que se lo toma con resignación. En efecto, su posición política en la comunidad, con distintos acuerdos de gobernabilidad con ambos partidos, ha erigido a C's en árbitro y jurado político, un papel que el propio partido ha buscado al situarse como supuesto garante de la exigencia de "responsabilidades políticas" y de "regeneración" de la vida pública. ¿Dónde ha situado Ciudadanos la línea roja en Andalucía? ¿Cuál es su vara de medir?

En la práctica, las decisiones se adoptan conforme al criterio del partido, esencialmente de Marín, sin sujeción estricta a ninguna norma estable, según se desprende del análisis de las posiciones del partido en relación con diversos casos de supuesta corrupción o presuntas irregularidades. "Vemos los casos con la documentación por delante y sin precipitarnos", explican fuentes de Ciudadanos en Andalucía.

Este margen de discrecionalidad se beneficia de la redacción genérica del documento de referencia en la materia, el acuerdo de gobernabilidad firmado con el PSOE para apoyar la investidura de Susana Díaz y dar al Gobierno andaluz respaldo parlamentario. Ese pacto establece el siguiente compromiso: "Separar de inmediato a cualquier cargo orgánico que resulte imputado por corrupción política".

Tres hechos restan eficacia a ese acuerdo: uno) C's no siempre ha esperado a que haya una imputación para solicitar dimisiones; dos) C's decide según su propio criterio qué es "corrupción política", un sintagma que no encaja en ningún tipo penal en concreto; tres) la prevaricación ha sido en unas ocasiones motivo de petición de dimisión y en otras no.

Casos de supuesta corrupción o irregularidades ilustran las dificultades de Ciudadanos para mantener el equilibrio de su posición, que el partido niega que se haya suavizado.

1. Un parlamentario imputado por prevaricación

El diputado socialista andaluz Luciano Alonso está siendo investigado por supuesta prevaricación en un caso de contrataciones públicas. Tres personas –dos de ellas hijos de exalcaldes socialistas– fueron contratadas como directores de organismos públicos cuando Alonso era consejero de Cultura, sin que en realidad realizaran las tareas propias de esos cargos sino labores de asesoramiento político, entre otras, según el TSJA.

Tras conocerse a principios de mes el auto de procedimiento abreviado, Juan Marín solicitó al PSOE "toda la documentación del caso". Ciudadanos asegura a infoLibre que ya ha recibido y analizado los papeles y no encuentra ningún motivo para solicitar la dimisión, si bien queda a la espera de futuros acontecimientos.

Es, según la formación naranja, un asunto administrativo. La investigación se encuentra ahora en la fase de procedimiento abreviado. Aunque Alonso –que defiende su inocencia– ha recurrido el último auto, puede darse la circunstancia paradójica de que el caso llegue a la apertura de juicio oral, cuando el propio código ético del PSOE establece la obligación de dimitir, sin que C's entienda que hay que aplicar su acuerdo con los socialistas.

El caso tiene más particularidades. Tampoco el PP solicita la dimisión de Alonso, como ha hecho con anterioridad en casos similares. El acuerdo entre PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy no hubiera abarcado un caso como éste, al no haber tenido lugar –según la investigación del TSJA– un enriquecimiento ilícito ni una financiación ilegal del partido. Otra paradoja de los equilibrios derivados de la nueva política: el PP se tienta más la ropa ahora que antes a la hora de pedir dimisiones en Andalucía.

2. Un consejero finalmente absuelto

Ciudadanos reivindica su posición en casos anteriores, como el del consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, que fue imputado por prevaricación por un caso que partía de su etapa como vicerrector de la Universidad de Sevilla.

C's aguantó la presión del PP –que entonces sí llegaba a exigir medidas contra Arellano y presentaba el caso como muestra de la sumisión del partido naranja a Díaz– y finalmente el consejero fue absuelto. A lo largo de procedimiento, Marín advirtió de que solicitaría la "dimisión" de Arellano "si hay algún tipo de imputación o se inicia un juicio oral", dos momentos procesales distintos.

3. Una alto cargo cesada, absuelta y rehabilitada

En el entorno de Marín también recuerdan que el propio partido naranja tiene motivos para la autocrítica y para aprender de experiencias pasadas que invitan a la cautela. Juan Marín suele destacar el valor de pedir disculpas cuando hay un error o un exceso.

En Ciudadanos ponen como ejemplo la exigencia de dimisión de la directora general de Minas, María José Asensio, que fue imputada por prevaricación por la concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar a un gigante minero mexicano.

Asensio fue cesada, luego fue absuelta y vuelta a nombrar como alto cargo de mayor rango aún, una vez acreditada su inocencia. Ahora es viceconsejera de Empleo. En C's recuerdan con autocrítica que llegaron a elaborar materiales específicos para su difusión reivindicando el mérito de esta dimisión.

4. Un dirigente del PP denunciado por la Fiscalía

El partido de Juan Marín es clave para mantener en la alcaldía de Roquetas de Mar (Almería, 90.000 habitantes) a Gabriel Amat, que es a su vez presidente de la Diputación Provincial y líder del PP en Almería, además de miembro de la Junta Directiva Nacional del partido.

La Fiscalía lo ha denunciado, en un decreto del 6 de septiembre al que ha tenido acceso este periódico, por prevaricación, tráfico de influencias, fraude y actividad prohibida a funcionario público. El fiscal Álvaro Navarro denuncia que Amat, como alcalde de Roquetas, dio cinco contratos "a su yerno [está casado con su hija] y socio empresarial", José Zapata.

Amat, que lo ha negado, no está imputado. No obstante, la denuncia de la Fiscalía detalla hechos graves que van más allá de la prevaricación. Partidos de la oposición como PSOE e IU –que denunció el caso– solicitan su dimisión. Pero no Ciudadanos.

El líder local de C's, Diego Clemente, afirma que si Amat es "imputado por corrupción política" romperá su acuerdo con él. La misma posición sostiene Ciudadanos en Andalucía. De momento, lo mantiene en la alcaldía. Justo en este contexto C's ha anunciado que rechazará los presupuestos del Gobierno local del PP.

5. Un alcalde caído en desgracia

Su postura fue diferente con el anterior alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP). Aunque facilitó su investidura tras las elecciones de 2015, C's siempre solicitó su retirada –aunque no como línea roja–, incluso antes de su imputación, dado que era conocido que había investigaciones en curso.

Fue la espectacular detención de Torres Hurtado por la Policía lo que precipitó la ruptura de C's con el PP y a la postre la investidura de un nuevo alcalde, en este caso del PSOE.

6. Un diputado provincial imputado por prevaricación

Eso sí, C's puso un requisito para dar la alcaldía al PSOE: la dimisión de un diputado provincial socialista, Mariano Lorente, investigado por prevaricación –no malversación, ni enriquecimiento personal, ni financiación de partido– por supuestas irregularidades en contrataciones en el Ayuntamiento de Iznalloz en 2007. Tras algunas resistencias, Lorente dimitió. Sigue siendo secretario local y portavoz municipal del PSOE en Iznalloz.

7. Dos ex presidentes en el 'caso de los ERE'

Los resultados de las elecciones autonómicas, celebradas en mayo de 2015, propiciaron que el primer pacto con uno de los grandes partidos por parte de Ciudadanos fuera con el PSOE. La formación que dirige Albert Rivera sufrió embates del PP y de la prensa conservadora. C's adoptó una posición de exigencia continua hacia el PSOE, que se materializó en hechos como su reclamación de dimisión de la directora de Minas.

El partido situó desde el principio sus líneas rojas en la creación de una comisión de investigación sobre los cursos de formación y en la dimisión de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ex presidentes andaluces, como diputado y senador. Rivera y Marín siempre han reivindicado estas dimisiones como una conquista de Ciudadanos.

Chaves está acusado de prevaricación y Griñán de prevaricación y malversación, aunque no de enriquecimiento personal o financiación ilegal del partido. No obstante, las dimensiones políticas del caso no son comparables a los de ningún otro.

El transcurso del tiempo, y el establecimiento de pactos con el PP en otras latitudes, han mitigado la presión sobre C's en Andalucía. Los resultados del partido en la comunidad, mejores que la media, han asentado a Marín. Ciudadanos ha relajado su actitud en relación a las exigencias de dimisiones. A pesar de que hace autocrítica, el partido mantiene oficialmente que no ha habido cambios: "Siempre hemos dicho lo mismo".

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8. Un delegado de la Junta detenido

Además de los casos de Alonso, Arellano y Amat, hay otro reciente que también ilustra cómo C's ha adoptado la práctica de darse tiempo y echar el balón el suelo antes de pronunciarse. Esta semana el delegado territorial de Economía de la Junta en Jaén, Antonio de la Torre, fue detenido por la Policía y puesto a disposición judicial. De la Torre quedó en libertad con cargos, supuestamente por adjudicar fraudulentamente una campaña de publicidad cuando trabajaba en la Diputación de Jaén.

Marín envió un mensaje telefónico a Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta de Andalucía, y quedaron en que éste le enviaría documentación. "Si este señor, como en otros casos, tiene algún tipo de responsabilidad, pediremos su dimisión, sin ningún tipo de problema", declaró Marín en Sevilla ante los periodistas. El PP tampoco ha solicitado su dimisión, a la espera de conocer a fondo "la realidad del caso".