La lista de la amnistía fiscal: una promesa incumplida de Sánchez con coartada legal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará este miércoles en el Congreso "alguna iniciativa" relacionada con la transparencia de la amnistía fiscal que el anterior Ejecutivo del PP aprobó en 2012 y a la que se acogieron 29.683 personas y sociedades. En todo caso, esa medida no tendrá carácter retroactivo, tal y como avanzó en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al ser preguntado por los periodistas por los motivos por los que el Gobierno dice ahora que no puede publicar el nombre de los contribuyentes que se acogieron a esa medida de gracia a pesar de haberlo prometido cuando estaba en la oposición. 

El pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya admitió que "no hay capacidad jurídica" para hacer pública una lista con la identidad de los particulares y sociedades que se acogieron a ese procedimiento ya que la normativa vigente no permite aplicar con carácter retroactivo una modificación de tipo fiscal. Sí explicó que a través de modificaciones legislativas se podría modificar ese principio de confidencialidad, aunque sólo tendría validez de cara a futuras amnistías fiscales, una medida que no está sobre la mesa del Ejecutivo socialista. 

La amnistía fiscal que impulsó el predecesor de Montero en ese gabinete, Cristóbal Montoro, volvió a la actualidad la semana pasada tras desvelar OKdiario y El Español conversaciones mantenidas por la aristócrata y empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein con el excomisario José Manuel Villarejo y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga en las que la primera asegura que Juan Carlos I se acogió a ese procedimiento para traer a España parte de la fortuna amasada durante su reinado y que permanecía en cuentas en Suiza. Unidos Podemos ha pedido una comisión parlamentaria en el Congreso en la que se investigue el contenido de esas cintas. 

El viraje del PSOE en esta cuestión es muy llamativo, pues durante los años en los que estuvo en la oposición hizo bandera de la necesidad de dar a conocer los nombres de quiénes se beneficiaron de esta medida, que permitió aflorar rentas opacas pagando únicamente el 10% de las cantidades defraudadas y no prescritas. Los beneficiados también quedaban eximidos de abonar intereses ni recargos. A través de ese mecanismo se recaudaron 1.192 millones de euros, menos de la mitad de los 2.482 millones previstos por el exministro Montoro. Esa cifra equivale sólo al 2,63% de la cantidad evadida entre 2008 y 2010, según los cálculos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

Precisamente, los técnicos de Hacienda creen que la publicación generalizada de los datos de todos aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 podría dar lugar a un conflicto legal porque rompería con el principio de confidencialidad consagrado por el decreto a través del que se articuló, según explica a preguntas de infoLibre el secretario general de la organización, José María Mollinedo. De manera reciente, el sindicato sí pidió al Gobierno de Sánchez que optara por una vía "más ingeniosa" y publicara la identidad de aquellas personas que, tras acogerse al procedimiento de 2012, se comprobó que cometieron delitos de fraude tributario o blanqueo de capitales.

Mollinedo explica que la amnistía fiscal que los conservadores aprobaron en 2012 incluyó un "plus de confidencialidad", pues los datos fueron opacos incluso para los propios profesionales de la Agencia Tributaria, que tenían que contar con la autorización de sus superiores, concretamente de los inspectores jefe, para hacer cualquier tipo de comprobación. El secretario general de Gestha defiende que no debería haber más amnistías fiscales y que se tendría que cambiar la ley con ese objetivo. 

Admite, en todo caso, que de haberlas lo "deseable" sería que sí se hicieran públicos los datos de los beneficiados. Eso sí, también advierte del "efecto disuasorio" que tendría esa cláusula de transparencia, que propiciaría que especialmente personalidades reconocidas o grandes empresas, incluidas aquellas que contratan con la Administración, no se acogieran a este tipo de medidas de gracia para evitar ser señaladas de manera pública. 

Las iniciativas del PSOE

Pese a las dudas expresadas por los expertos sobre la viabilidad jurídica de hacer una publicación masiva de datos fiscales con carácter retroactivo, los socialistas, cuando estaban en la oposición, sí defendieron en numerosas ocasiones que sacarían a la luz esos nombres. El propio Pedro Sánchez dijo en alguna ocasión que el "compromiso" de su partido sería publicar "la lista de la vergüenza" cuando llegara al poder o que los ciudadanos tienen "derecho a saber la lista de amnistiados fiscales". "Publíquela porque si no lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al Gobierno", le instó a Rajoy en una intervención en 2015. 

De hecho, hace poco más de medio año, en noviembre del año pasado, los socialistas impulsaron en el Congreso una moción en la que se instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a "adoptar las medidas necesarias, incluso mediante la propuesta de modificación de la actual Ley General Tributaria, para dar a conocer la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica" que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012. Esa misma iniciativa también pedía al Ejecutivo que difundiera el importe individualizado de las bases imponibles y las cuotas declaradas a raíz de ese procedimiento especial.

Durante el debate de la moción, impulsada por la diputada del PSOE Patricia Blanquer, la parlamentaria exigió al Gobierno del PP "total transparencia" para esclarecer "a quién se pretendía ayudar" con una amnistía que calificó de "indigna". "¿Al Estado o más bien a unos conocidos?", preguntó desde la tribuna. El punto concreto relativo a la publicación de los nombres de la amnistía fiscal de 2012 fue aprobado con 193 votos a favor. Sólo votaron en contra PP, UPN y Foro Asturias. El PNV se abstuvo porque se trata de un ámbito sobre el que el País Vasco tiene capacidad normativa propia, según explican en la formación jeltzale. 

Unidos Podemos y Ciudadanos votaron a favor de que se hiciera pública esa lista y ambas mantienen su posición en la actualidad. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, aseguró que "no es aceptable decir ahora que no se puede" hacer pública esa información. "Sea valiente y contará con nuestro apoyo", añadió. 

Unidos Podemos pide publicar los datos fiscales de los beneficiarios de la amnistía, incluso de la familia real

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Desde la formación de Albert Rivera, por su parte, exigen a Sánchez "que no engañe a los españoles". "¿Será que también hay políticos del PSOE, además de los de PP y CiU? PP y PSOE llevan 30 años haciendo amnistías fiscales y echándoselas en cara, pero, a la hora de la verdad, se tapan los defraudadores los unos a los otros, porque ambos tienen mucho que esconder", dicen a este periódico fuentes del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. 

Por otra parte, el PSOE registró en junio del año pasado una proposición de ley, firmada por la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, que prevé añadir una disposición adicional a la actual Ley General Tributaria para incluir la publicación de los nombres de las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012.

En la exposición de motivos, los socialistas señalan que la "alarma social provocada por estos acontecimientos" y la "lógica indignación" de la ciudadanía hacen "imprescindible" que esos nombres salgan a la luz. No obstante, esta iniciativa está a la espera de que se inicie el primer paso de su trámite parlamentario, que es la toma en consideración por parte del Pleno del Congreso.