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La insistencia con que Isabel Díaz Ayuso y su equipo han venido lanzando el mensaje de que la corrupción es en última instancia algo del pasado no ha impedido que casos como Gürtel, Púnica e incluso Lezo permanezcan en la campaña electoral como una especie de telón de fondo. En su candidatura para el 4M hay al menos cinco nombres que aparecen mencionados en alguno de esos sumarios: de una u otra forma y por distintos motivos, empezando por el de la propia presidenta de Madrid. Sobre ninguno de los cinco pesa ninguna imputación. Pero la aparición de sus nombres en documentos y episodios vinculados a esos casos mantiene el cordón umbilical que une al actual PP madrileño con el que durante más de una década dirigió Esperanza Aguirre, ella misma investigada en la pieza de Púnica sobre la financiación del partido.
Es Púnica la causa que, por ejemplo, revela la estrecha conexión profesional de Isabel Díaz Ayuso con Alejandro de Pedro, el conseguidor encargado de lavar la imagen de cargos regionales del PP con dinero que, según lo investigado, procedía del presupuesto público: y esa, exactamente el uso de dinero institucional para fines supuestamente partidarios, es la clave por la que De Pedro se cuenta entre los principales imputados. Cuando se produjeron los hechos investigados -la primera mitad de la pasada década-, Ayuso trabajaba directamente a las órdenes de Aguirre.
Los SMS intervenidos a De Pedro por la Guardia Civil demuestran que la ahora jefa del Ejecutivo regional seguía muy de cerca los encargos sobre "reputación online" que el empresario efectuaba para los conservadores madrileños. En uno de esos mensajes, desvelado en su día por la Cadena SER, le pedía en enero de 2011 una "plantilla" de página web para Aguirre. Solo por arreglar la imagen de la lideresa en la red, la Comunidad pagó 82.000 euros. El pasado 24 de marzo, con la carrera electoral ya en marcha, la candidata a la reelección remachaba el mensaje que abre este texto: la corrupción "no tiene nada que ver conmigo".
Es Púnica donde el nombre de Ayuso emergió dos años antes de convertirse en presidenta de Madrid: ocurrió cuando el 4 de diciembre de 2017 el exconsejero madrileño Borja Sarasola declaró ante la unidad anticorrupción de la Guardia Civil, la UCO, que fue ella quien le puso en contacto con De Pedro en el año 2011. En aquella época, Ayuso llevaba la web del PP madrileño e incluso, por citar un ejemplo, la cuenta de Twitter creada a nombre de Pecas, el perro de su entonces jefa, de cuya imagen en las redes se ocupaba Ayuso “desde el PP”. Así lo dejó escrito en un texto que entregó al juez en abril de 2018 otra imputada, la exdirectora de comunicación del Gobierno madrileño, Isabel Gallego.
De la recusación a la intermediación
Buena parte de la investigación de Púnica, un caso que acumula 200 imputados y que el juez planea cerrar la instrucción tras el 4M aun con piezas donde algunas de las partes continúan sin tener acceso a todo el material, presenta lo supuestamente sucedido casi como una segunda parte de Gürtel: con diferentes actores pero con algunas repeticiones.
Y es Gürtel, la macrocausa cuya sentencia derivada del primer gran juicio originó el desalojo político de Mariano Rajoy, la que pone sobre el tapete el nombre de Enrique López, número 4 de la lista electoral. El magistrado en excedencia y ahora consejero de Justicia de Madrid, se convirtió en protagonista de una serie de recusaciones que, planteadas por las acusaciones populares y secundadas por la Fiscalía, le apartaron de los tribunales que habían de juzgar distintas piezas del caso. Entre ellas, la de los papeles de Bárcenas. O sea, la de la financiación del PP a escala nacional.
Aupado varios años antes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con los votos del PP, López manejó en 2015 el siguiente argumento para oponerse a su apartamiento del caso Gürtel: "No concurre interés alguno, ni directo ni indirecto, ni cercano ni remoto, tampoco albergo algún tipo de prejuicio o inclinación personal, ni una predisposición personal, más allá de la obligación que como profesional tengo de asumir y resolver aquellos asuntos que por normas de reparto me son encomendados". En noviembre de 2016, cuando ya la Audiencia Nacional le había cerrado la puerta de cualquier tribunal que fuese a intervenir sobre la trama de Francisco Correa, el expresidente madrileño Ignacio González sacó su nombre a relucir en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana que la UCO estaba grabando. González, que ya se sentía acorralado y cuya detención en el caso Lezo se produciría cinco meses más tarde, recalcó en aquella charla que solía comer una vez al mes con López. Y como publicó eldiario.es, confiaba en su poder de influencia.
López negó tajante que se hubiesen producido esos encuentros. Y aseguró que solo coincidió con González "en algún evento o acto". Cuatro años largos después, el magistrado en excedencia y también responsable jurídico del PP volvió a la palestra cuando Luis Bárcenas le señaló como su "interlocutor" en el PP. El extesorero y figura central de la rama de Gürtel a que dio nombre, la de los papeles de Bárcenas o la caja B del PP, suavizó luego su afirmación: López se había limitado a hacer de intermediario para que un empresario que actuaba en nombre de Bárcenas conociese al abogado del PP, el exfiscal Jesús Santos, conocido por todos los que han seguido el caso Gürtel. En las fechas de su intermediación, 2017, Enrique López aún ejercía como magistrado.
De secretaria del patronato de Fundescam a secretaria general
De las repeticiones o solapamientos entre Gürtel y Púnica antes referidos, uno de las más notables se llama Fundescam. Fundación dependiente del PP madrileño y que Esperanza Aguirre había presidido en la primera década del siglo, la investigación de Gürtel ya destapó que Fundescam había financiado actos del PP. Y que con facturas falsas había pagado trabajos del grupo de Francisco Correa. De hecho, y como desveló una investigación del diario Público, la trama llegó a amenazar al PP de Madrid con hacer público todo aquello si no saldaba deudas pendientes: "pufos" que se elevaban a 60.000 euros.
En Gürtel a nada se llegó en cuanto a Fundescam porque todo –eso adujo la Fiscalía– habría prescrito. Pero la investigación sobre Púnica afloró de nuevo el papel de esa fundación en las elecciones de 2007 y 2008. E incluso en las de 2011. Para 2011, la actual número 2 del PP madrileño, Ana Camins, ocupaba el cargo de secretaria de Fundescam en el nuevo patronato designado por el PP un año antes. Ahora secretaria general el PP madrileño, Camins ocupa un escaño como senadora y goza por tanto de aforamiento ante el Tribunal Supremo. Número 3 en la lista electoral del PP, nunca ha sido citada a declarar como testigo.
Su nombre aparece en un auto del 2 de septiembre de 2019 donde el instructor de Púnica, el juez de la Audiencia Manuel García Castellón, afirmaba lo siguiente: "La investigación ha revelado la existencia del concierto dirigido a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen fraudulentamente gastos particulares del PPCM ]PP madrileño] y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008. El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la CAM [Comunidad de Madrid] a Fundescam".
Párrafos del auto sobre Fundescam
Medio millón para festejos con "importante indicio de amaño"
El cuarto candidato cuyo nombre se ha visto salpicado por Púnica es el consejero de Vivienda y exalcalde de Alcorcón, David Pérez. Tampoco nunca ha estado imputado. Ni ha declarado como testigo. Pero la investigación sobre los contratos que en el cuatrienio 2011-2015 el Ayuntamiento de Alcorcón otorgó a otra de las empresas que se hicieron famosas tras el estallido del caso amenaza con seguir creándole problemas.
Esa empresa es Waiter Music SL, especializada en la organización de conciertos y festejos pagados a cargo de los presupuestos municipales: entre 2011 y 2013, y según fuentes conocedoras del asunto, el Ayuntamiento de Alcorcón le pagó en total 550.000 euros. Waiter se hizo con los contratos sin competencia alguna. De hecho, añaden las fuentes, en 2013 el pago de 200.000 euros se hizo a través de una fundación sin actividad pero con patrimonio, Creaa. Ese año y en su calidad de alcalde, David Pérez dio una rueda de prensa con Alaska y Mario Vaquerizo para anunciar los conciertos de las fiestas: lo hizo el 30 de julio, cuando ni siquiera se había firmado un contrato que afectase a los artistas. Como publicó El Confidencial en diciembre de 2018, una denuncia de última hora fue la que llevó a incorporar a la investigación los conciertos de Waiter Music en Alcorcón.
En marzo de 2018, el gerente de la compañía, José Luis Huerta, confesó que no le cobraba nada al PP por los mítines de Esperanza Aguirre. Un informe de la Guardia Civil ya había cifrado en más de 19 millones de euros el dinero que Waiter Music obtuvo en adjudicaciones entre 2006 y 2010. Esas adjudicaciones, afirmaba el informe de la UCO, eran "fruto del clientelismo político e intercambio de favores" con el PP. Fuentes conocedoras del caso aseguran que fueron subordinados de David Pérez quienes firmaron los contratos. Y que eso aleja en la práctica la posibilidad de que el exalcalde pueda terminar imputado.
Entre los ayuntamientos que otorgaron contratos bajo sospecha a la empresa de Huerta se cuenta el de Alcorcón. El pasado mes de septiembre, el juez García Castellón dictó un auto que asegura la continuidad de las pesquisas sobre el binomio Alcorcón-Waiter incluso si la instrucción de Púnica se cierra en mayo o junio. En su resolución, el magistrado expone que el modelo seguido por el gobierno que encabezaba David Pérez "ofrece un importante indicio de posible amaño en la contratación". El asunto está ahora en manos de un juzgado de instrucción del municipio madrileño. Los socialistas, ahora en el gobierno local junto con Ganar Alcorcón, ya denunciaron los contratos con Waiter Music durante su etapa en la oposición.
Imputada y desimputada el mismo año que Bárcenas
Una candidata de la lista de Ayuso fue condenada por prevaricación y se vio salpicada por otros dos casos de corrupción
En la lista electoral, David Pérez ocupa el puesto número 6. Es mucho después, en el escalón 25 de la candidatura, donde se encuentra la quinta persona cuyo nombre consta en uno de los sumarios de corrupción. En este caso, ha pasado por los juzgados en calidad de imputada. Y se trata de la exconcejal de Pozuelo y ahora diputada autonómica Yolanda Estrada. En enero de 2010, el juez que entonces instruía Gürtel en el TSJ de Madrid, el ahora fallecido Antonio Pedreira, la imputó por soborno.
Según el auto por el que Baltasar Garzón, primer juez del caso, se había inhibido en favor del TSJM, Estrada era la persona que hacía de enlace entre la trama de Francisco Correa y el Ayuntamiento de Pozuelo. Es decir, el consistorio a cuyo frente se encontraba Jesús Sepúlveda, uno de los condenados en el primer macrojuicio de la causa.
En enero de 2011, Pedreira sobreseyó la causa en lo que respecta a Estrada: el magistrado no encontró indicio de delito para mantenerla sujeta a investigación. En octubre de aquel mismo año, el mismo magistrado archivó las diligencias contra el extesorero del PP. "No aparecen indicios suficientes para imputar delitos a Luis Bárcenas Gutiérrez”, escribió. En marzo del año siguiente, la Audiencia Nacional volvió a imputar a a quien durante dos décadas había manejado la contabilidad A y la B del partido, hoy uno de los principales condenados.
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