Una candidata de la lista de Ayuso fue condenada por prevaricación y se vio salpicada por otros dos casos de corrupción

La presencia en la lista de Isabel Díaz Ayuso de al menos cinco nombres que aparecen en los sumarios de Gürtel y Púnica no es el único contacto de la candidatura del PP con la justicia penal. Porque en el número 74 aparece Mar Nicolás Robledano, una concejala de Brunete a la que en 2001 una sentencia inhabilitó durante seis años para cualquier cargo público por conceder "sistemáticamente" licencias ilegales. Su aparición en causas judiciales que tiznan la acción política no terminó ahí. Nicolás se ha visto salpicada por otros dos casos, aunque en ninguno de ellos ha llegado a estar imputada. El primero ya le costó hace cuatro meses una pena de dos años de cárcel al exalcalde de Brunete por intento de soborno. Y sigue todavía en instrucción el segundo sumario, conocido como Operación Enredadera y que gira en torno al empresario José Luis Ulibarri así como a su supuesta red de contactos para lograr contratos públicos al margen de la ley. Ulibarri es uno de los principales acusados en otra macrocausa de corrupción cuyo juicio se celebrará en otoño: la que, dentro de Gürtel, afecta al municipio de Boadilla.

Este periódico no consiguió localizar este miércoles a Mar Nicolás ni que los portavoces de comunicación del PP madrileño respondiesen a las preguntas sobre la presencia en la lista de Ayuso de una condenada por prevaricación. Convertido en uno de los delitos donde la pena impuesta nunca implica cárcel, la prevaricación consiste en adoptar una decisión injusta a sabiendas de que lo es. En 2001, el juzgado de lo Penal número 3 de Móstoles consideró probado que la entonces concejala del gobierno local había participado en una maniobra que abiertamente vulneraba las normas urbanísticas de Brunete. Como publicó el diario El País, los siete sentenciados, el primero de ellos el alcalde, habían venido "concediendo sistemáticamente licencias de obras mayor" pese a que eran contrarias al PGOU de la localidad. Y "pese al informe previo de ilegalidad que realizaba el secretario del Ayuntamiento".

Tras su apartamiento forzoso, Nicolás regresó al ayuntamiento de Brunete cuando acabó su inhabilitación. Y ese, el consistorio, fue el escenario del primero de los casos de corrupción que la colocaron en el disparadero. Ese caso le costó hace cuatro meses al exalcalde de Brunete otra condena. Pero aquí ya subió la cosa de temperatura: dos años de cárcel por intento de soborno a una edil de la ahora recién disuelta UPyD. Esa exconcejala de UPyD se llama Isabel Cotrina. Y en 2014 relató a múltiples medios al tiempo que acudía a los tribunales para denunciar que el PP le había ofrecido distintos favores a cambio de su voto. Entre ellos, meter a su hija minusválida en la plantilla de un hospital privado del pueblo.

Este miércoles, infoLibre habló con Cotrina por teléfono. Y dijo lo siguiente: "Mar Nicolás fue la primera que vino a mi casa en julio de 2011 a ofrecerme un beneficio, un trabajo para mi hija y más cosas".  ¿Y por qué entonces su denuncia, dirigida contra el entonces alcalde de este municipio cercano a Móstoles y contra una policía municipal, no la incluyó? "Porque vino un día y me ofreció e incluso posteriormente también pero no insistió ni me dio nada más porque no tenía poder suficiente". 

Cotrina recuerda perfectamente la condena "firme" a Mar Nicolás por prevaricación y que "estuvo inhabilitada varios años". De aquella concejala que, según la antigua edil de UPyD, ha colocado Ayuso en su lista "porque en Brunete todos la conocemos y tiene poco futuro", no escribió ni una sola palabra la exconcejal de UPyD en su denuncia. La última noticia que la prensa madrileña publicó sobre Mar Nicolás se produjo hace un año: en abril de 2020, el PP se quejó de que el nuevo alcalde socialista había denunciado a su portavoz en el Ayuntamiento por "saltarse el confinamiento" para repartir mascarillas. 

Pero sí la nombró –asegura– durante la declaración que como denunciante prestó en el juicio que terminó con la condena a Borja Gutiérrez, exalcalde de Brunete. Gutiérrez dejó la presidencia del PP de Brunete en 2017 tras ser imputado por otro asunto. Este de mayor envergadura: el caso Púnica. 

El tercer caso de la serie que tiene en su reparto a Mar Nicolás  la sitúa en la amplísima gama de contactos de la trama destapada en la conocida como Operación Enredadera y cuyo supuesto jefe es el empresario leonés José Luis Ulibarri. Es decir, el empresario que en la pieza de Gürtel sobre Boadilla se sentará en el banquillo, el copropietario de la televisión autonómica (privada pero financiada con dinero público) de Castilla y León y el fundador de uno de los grupos (Aralia) insertas en el fatídico puzle de residencias de ancianos de Madrid.

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En agosto de 2018, salió a la luz una de las conversaciones interceptadas un año antes en la Operación Enredadera. En ella, dos de los hombres de Ulibarri decía a otro que tenía que hacer un proyecto de videovigilancia para el Ayuntamiento de Brunete, donde Mar Nicolás era entonces concejal de Seguridad. Uno de los dos interlocutores que hablaban por teléfono le dijo al otro que debían presentar "dos ofertas de 45.000 euros cada una de ellas porque así las pueden adjudicar sin sacarlas a concurso ni leches". Así lo publicó el digital Vozpopuli. La base de la noticia fue la transcripción de una grabación que, como ha comprobado ahora infoLibre, dice exactamente eso. Según las grabaciones, la trama habría pactado con la teniente alcalde saltarse la ley de contratos: incluso aparece en la transcripción que habían llegado a habla con su secretaria. Esa secretaria, con quien este periódico habló este miércoles, nada recuerda de aquello. De existir, el plan se torció: según los subordinados de Ulibarri la oposición había puesto la lupa en cada contrato y no había forma de sortear el control. Nicolás negó de forma tajante tener nada que ver con aquello.

Como ha comprobado infoLibre este jueves por la mañana, Mar Nicolás trabaja como asesora del Ejecutivo madrileño. Y no de un consejero cualquiera sino del de Justicia e Interior, el magistrado en excedencia Enrique López. A diferencia de lo que ocurre con el resto de los asesores, el portal de transparencia de la Comunidad solo ofrece respecto a Nicolás el dato de su retribución salarial: 54.189 euros.