Durante la década pasada, los parlamentos autonómicos y el Congreso aprobaron la renovación de seis de los 19 estatutos de autonomía, en algunos casos, como el de Cataluña en 2006, con una controversia que aún colea. Y, en las últimas semanas, una nueva oleada de reformas estatutarias está cogiendo impulso: este jueves se votará en la Asamblea de Madrid el comienzo de la tramitación de la reforma de la norma madrileña, mientras que el Congreso tiene pendiente aprobar las renovaciones de los estatutos valenciano, murciano, canario y cántabro y el País Vasco ha comenzado a debatir las propuestas de los partidos para su nuevo estatuto.
PP y PSOE pactaron hace unas semanas sacar del cajón la reforma del estatuto de autonomía que propusieron en 2016 los conservadores, centrada fundamentalmente en cuestiones de regeneración democrática y que también plantea la división de la comunidad en varias circunscripciones electorales y la reducción del número de diputados de la Asamblea. Este jueves se votarán las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Podemos: el partido morado pretende únicamente tumbar la propuesta del PP, mientras los socialistas han presentado un texto alternativo en el que proponen incorporar al texto del estatuto varios derechos sociales.
Podemos ya ha anunciado que apoyará la propuesta del PSOE, así que quien decidirá si comienza a tramitarse la propuesta del PP o la de los socialistas será Ciudadanos, que no anunciará el sentido de su voto hasta el mismo jueves. En cualquier caso, para Ciudadanos y Podemos la decisión de sacar del cajón la reforma del estatuto a menos de año y medio de que acabe la legislatura responde más a intereses electoralistas que a una intención real de cambiar la norma fundamental de la Comunidad de Madrid. La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha tachado la decisión de "fogonazo de artificio" porque, a estas alturas, "es imposible que se pueda tramitar una reforma de ley tan compleja" antes de que termine la legislatura, mientras el líder de Ciudadanos en la comunidad, Ignacio Aguado, ha tildado de "tomadura de pelo" la reforma por el mismo motivo.
Pero, ¿qué medidas contiene la propuesta de Cifuentes? Las propuestas principales son cuatro: la eliminación de los aforamientos de los diputados y miembros del Gobierno regional para las causas penales, la limitación de mandatos de los miembros del Ejecutivo a ocho años –consecutivos o no–, la reducción del número de diputados a un rango de entre 80 y 100 (actualmente la Asamblea tiene 129 parlamentarios) y la creación de circunscripciones electorales para sustituir a la circunscripción única que se utiliza en las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid.
PSOE, Podemos y Ciudadanos se muestran de acuerdo en lo respectivo a la limitación de mandatos y los aforamientos, pero los socialistas y el partido morado rechazan la división de la provincia en varias circunscripciones y Podemos, además, también está en contra de reducir el número de diputados de la Asamblea, que el PSOE quiere dejar en 100. De hecho, la contrapropuesta de los socialistas –que apoyará Podemos para que se inicie su tramitación– establece también que no se podrá ser miembro del Gobierno regional durante más de ocho años y la pérdida del fuero para los diputados e integrantes del Ejecutivo, pero no aborda cambios en la circunscripción electoral: su principal añadido es incluir en el estatuto derechos como la gratuidad de los libros de texto en los centros públicos, la atención a personas dependientes o la protección a mujeres víctimas de violencia de género.
Para Podemos, el que propone el PSOE es "un buen estatuto para hace una década", cuando se aprobaron las reformas en Andalucía, Cataluña o Baleares. Así lo define el diputado Hugo Martínez Abarca, que defenderá este jueves la posición de su partido en la Asamblea de Madrid y que señala que, aunque su formación ve mejor la propuesta de los socialistas que la "insuficiente" reforma de Cifuentes, propone añadidos como la inclusión de un "suelo de gasto social" –un porcentaje mínimo del presupuesto que tendría que gastarse anualmente en servicios sociales– o el establecimiento de fórmulas de democracia directa.
Asimismo, Martínez Abarca rechaza reducir el número de diputados de la Asamblea. "Es cierto que queda muy bonito decir que se va a reducir el gasto con menos diputados, pero así se reduce el pluralismo" y la capacidad de trabajo de la oposición, defiende el parlamentario, que asegura que Podemos propone contener el coste de la Asamblea reduciendo el sueldo de los diputados. No obstante, dirigente insiste en denunciar que sacar del cajón la reforma del estatuto a poco más de un año del fin de la legislatura es una "chapuza", y muestra poca confianza en que en ese tiempo el texto pueda pasar todos los trámites parlamentarios y conseguir el suficiente consenso como para ser aprobado por dos tercios de la Asamblea, la mayoría necesaria para enviar la reforma al Congreso.
La reforma valenciana echa a andar tras siete años
Y es que la Cámara baja tiene que tramitar todas las propuestas de reforma del estatuto que salgan de los parlamentos autonómicos como leyes orgánicas, lo que implica que, además de la aprobación del órgano legislativo de la comunidad, también necesitan al menos el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso para salir adelante. En estos momentos, el Congreso se encuentra tramitando un total de cuatro reformas estatutarias: las enviadas por los parlamentos de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Canarias y Cantabria.
Precisamente el pasado martes la Mesa del Congreso decidía desbloquear la reforma del estatuto valenciano, varada desde que en 2011 Les Corts aprobaran casi por unanimidad –la votación únicamente contó con la abstención de IU– enviarla a la Cámara baja. Básicamente, esta reforma al estatuto aprobado en 2006 pretende incluir en el texto una cláusula por la cual se vincularía el peso porcentual de la población valenciana –aproximadamente un 11% del total de España– al porcentaje de la inversión total del Estado que tendría que dedicarse anualmente a la Comunitat.
Desde hace años, la autonomía es la peor financiada de España, pero la tramitación de la reforma del estatuto valenciano se llevaba posponiendo años en el Congreso hasta que este martes se decidió no ampliar nuevamente el plazo de enmiendas tras más de 40 prórrogas. La decisión provocó la alegría de todos los partidos valencianos y también del Gobierno autonómico, cuya vicepresidenta, Mónica Oltra, denunció el pasado diciembre que no era "tolerable" el retraso y llegó a asegurar que la Mesa del Congreso –con mayoría de PP y Ciudadanos– se estaba "riendo" en la "cara" de los representantes valencianos.
Canarias, Cantabria, Murcia y Euskadi
En el otro extremo se encuentran las reformas de los estatutos murciano y cántabro, las últimas en llegar al Congreso –la primera de ellas en mayo de 2017 y la segunda, en diciembre–, que pretenden acabar con los aforamientos de sus diputados autonómicos y los miembros de sus gobiernos regionales. En ambos casos, las reformas fueron aprobadas por la unanimidad de los respectivos parlamentos autonómicos, y el Congreso ya ha admitido a trámite la propuesta murciana, que apenas unos meses después de su aprobación se encuentra en el mismo punto que la valenciana: la fase de enmiendas.
El plan del PNV para Euskadi: más competencias, reconocimiento como nación y presencia en la UE
Por su parte, la reforma del estatuto canario también se encuentra en el Congreso, en su caso desde 2015. La nueva norma, que salió adelante en el Parlamento canario con los votos del PSOE y Coalición Canaria, recogería en el texto asuntos como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias –un conjunto de exenciones, ayudas e incentivos para compensar la insularidad de Canarias y su posición geográfica–, pero el grueso de la reforma tiene que ver con el sistema electoral autonómico, y está generando controversia entre los partidos. La propuesta de reforma estatutaria acordada por CC y el PSOE plantea reducir el porcentaje mínimo para acceder al Parlamento regional, pero además PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias han acordado en el Congreso aumentar de 60 a 70 el número de diputados y crea una lista de restos con aquellos partidos que no alcanzasen el tope mínimo, algo que no aprueban los nacionalistas.
La última comunidad en sumarse a la oleada de reformas estatutarias es el País Vasco, aunque en su caso la tramitación se encuentra aún en sus primeros pasos en el Parlamento. Los partidos ya han presentado sus propuestas para la nueva ley fundamental de Euskadi, y entre ellas destaca la del PNV, que será el principal promotor del texto por su condición de primera fuerza en la cámara autonómica. Los nacionalistas plantean una relación "confederal" con España, y en su propuesta exigen que el Estado ceda a Euskadi competencias como la administración de justicia o lo relativo a las relaciones laborales y la seguridad social.
Asimismo, el PNV pide una cláusula para modular la aplicación del artículo 135 de la Constitución –que prioriza el pago de la deuda sobre otras inversiones–, el reconocimiento del País Vasco como una nación y tener derecho a sentarse directamente en los foros de la UE donde se traten asuntos que le afecten y de los que tenga competencias.
Durante la década pasada, los parlamentos autonómicos y el Congreso aprobaron la renovación de seis de los 19 estatutos de autonomía, en algunos casos, como el de Cataluña en 2006, con una controversia que aún colea. Y, en las últimas semanas, una nueva oleada de reformas estatutarias está cogiendo impulso: este jueves se votará en la Asamblea de Madrid el comienzo de la tramitación de la reforma de la norma madrileña, mientras que el Congreso tiene pendiente aprobar las renovaciones de los estatutos valenciano, murciano, canario y cántabro y el País Vasco ha comenzado a debatir las propuestas de los partidos para su nuevo estatuto.