Madrid vendió 2.935 pisos públicos sin los “estudios técnicos” que avalaran la “necesidad” de hacerlo

La Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, señala en un informe registrado este martes en la Asamblea de Madrid [consultar en PDF, aquí] que en la venta de 2.935 viviendas de protección pública a una empresa participada por el fondo de inversión Goldman Sachs –efectuada en octubre de 2013 por 201 millones de euros– se incumplieron los principios de transparencia y claridad de las actuaciones administrativas, así como los de idoneidad y eficiencia en la contratación porque en el expediente de esa operación "faltan" los "estudios técnicos o informes" que avalen que esta venta era "necesaria, conveniente y oportuna".

El informe, que da pábulo a las denuncias que los afectados por esa venta vienen haciendo desde que se produjo, pone el foco también sobre el hecho de que la enajenación de los inmuebles no fue acordada por el "órgano competente" para ello: el Consejo de Administración del Instituto de la Vivienda (Ivima). Es decir, se hizo omitiendo lo estipulado en el pliego de condiciones. 

Las compañías implicadas en esta operación –realizada a través de subasta pública– fueron dos: la sociedad de gestión Azora, que fue la adjudicataria; y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación. Sin embargo, es Encasa Cibeles, una sociedad vehículo participada por ambas y constituida en septiembre de 2013, la que ejerce ahora como gestora del parque de viviendas.

Sobre este hecho la Cámara de Cuentas subraya que no estaba prevista en los pliegos la posibilidad de que la escritura de los inmuebles se hiciera a favor de una empresa distinta a la adjudicataria. Esta compañía carecía, además, según este informe, del capital necesario para cumplir las obligaciones derivadas del contrato. 

El máximo órgano fiscalizador de la administraciones y entidades públicas madrileñas también registra incidencias en la forma de pago de los 201 millones con los que se cerró la operación. Así, mientras el pliego establecía que el pago se abonaría "íntegramente" en el momento de la firma de la escritura, el informe detalla que en la escritura de determinó una forma de pago diferente: 181.289.679,93 euros en efectivo; 19.710.336,07 euros mediante subrogación del comprador de los préstamos hipotecarios existentes sobre las promociones y 6.515.742,80 en concepto de IVA. 

Respecto a la venta, otro de los aspectos que pone en cuestión el órgano fiscalizador es el hecho de que la venta de las 32 promociones –situadas en varios emplazamientos de la Comunidad de Madrid– como un “todo unitario” en lugar de por lotes evitó la posibilidad de que se “incrementaran sustancialmente” los ingresos de la Administración. Es decir, la Cámara de Cuentas sostiene que el precio obtenido (201 millones de euros) "pudiera haber sido superior" si la venta no se hubiera llevado a cabo de manera conjunta. 

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Reducción de rentas

Por otro lado, aunque en los pliegos de condiciones de la licitación se establecía que no cambiarían las características de los contratos de arrendamiento, los afectados han venido denunciando que las ayudas al alquiler que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad –firmadas al margen de los contratos y que son de entre el 20% y el 90% de la renta– no estaban siendo renovadas. Esta situación ha venido provocando aumentos en las mensualidades y ha ido aligerando los desahucios para quienes no pueden hacer frente a los pagos.

Ahora, la Cámara de Cuentas constata esta realidad, pues asegura que la adjudicataria "no ha acreditado" que se están aplicando esas reducciones hasta la fecha actual. Y señala, además, que se han producido al menos once denegaciones de reducción de renta que son "contrarias" a la ley porque se realizaron antes de las fecha de enajenación y porque los solicitantes sí cumplían los requisitos necesarios para tener acceso a esas reducciones.