El inicio de la legislatura ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de establecer un gran pacto político que dé estabilidad legal al sistema educativo. Es decir, un gran acuerdo de Estado que garantice la buena educación de las futuras generaciones y propicie que no haya grandes cambios legislativos cada vez que hay un nuevo Gobierno. La reforma aprobaba por el PP en 2013 es la séptima que regula la educación en democracia.
De hecho, Mariano Rajoy aludió en su discurso de investidura a la necesidad de lograr "definitivamente" un acuerdo que, a su juicio, "garantice la igualdad de oportunidades pero, sobre todo, que ponga el acento en la eficacia y en la calidad". Para ello, invitó al resto de fuerzas políticas a trabajar "con ánimo constructivo". El portavoz socialista, Antonio Hernando, recogió el guante, aunque dejó claro que la propuesta del PSOE es derogar la reforma del PP.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, advirtió a Rajoy de que no contara con su formación "para seguir deteriorando la calidad de la educación". En otras ocasiones ha reiterado de forma tajante que ese pacto debería edificarse sobre las cenizas de la actual ley. Desde Ciudadanos, Albert Rivera señaló que, a partir de ahora, "la educación tiene que ser un asunto de Estado que se debate entre todos". De estas declaraciones es sencillo deducir que el acuerdo no será fácil.
Esta dificultad tiene su origen en la propia arquitectura constitucional y en las diferentes posturas desde las que derecha e izquierda han abordado el tema educativo. De hecho, la ponencia de la Constitución llegó a romperse por este asunto. Finalmente, las posturas se acercaron y, tras cesiones de uno y otro bando, se firmó el artículo 27 de esta norma, un acuerdo de fondo que deja muchos asuntos en el aire y que es el único logrado en toda la historia democrática en esta materia.
La pelea entre escuela pública y privada, las divergencias en el modelo pedagógico y el protagonismo de la religión en las aulas fueron algunos de los factores de conflicto en aquel momento. Y aún hoy, 38 años después, son circunstancias que pueden lastrar la posibilidad de abordar un acuerdo de Estado por la Educación, según coinciden los expertos consultados por infoLibre.
El exministro socialista Ángel Gabilondo intentó armar entre los años 2009 y 2010 un pacto centrado en solucionar los problemas educativos del país y en el que intentó pasar casi de puntillas por los asuntos que han provocado enfrentamientos ideológicos. Tampoco lo logró de esa forma. En mayo de 2010 el PP dio carpetazo al acuerdo bajo la argumentación de que el Gobierno no había querido apostar por cambiar un modelo "fracasado".
Estabilidad necesaria
Entre las fuentes consultadas sí existe cierto consenso sobre la necesidad de llegar, ahora, a un acuerdo de este calado. "El pacto, en sí mismo, no va a mejorar la educación de un día para otro, pero sí puede lanzar un mensaje de estabilidad interesante", dice Jesús Manso, profesor de Políticas Educativas de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor, junto a José Antonio Marina y Carmen Pellicer, del documento Papeles para un pacto educativo [ver en PDF].
"Un pacto puede ser exitoso si de él sale un sistema compartido, en el que se acuerden unas mínimas normas del juego, pero que sea flexible. No tiene sentido que, actualmente, las innovaciones se estén produciendo en los márgenes del sistema. Aunque estableciendo unos mecanismos de control legítimos, el Estado tiene que molestar menos a los profesionales y darles más apoyo", opina Lucas Gortázar, coordinador del Ciclo de Educación de Politikon. A su juicio, sería un avance acordar aspectos clave como la financiación, las evaluaciones, la carrera docente o el papel de la concertada.
No obstante, algunos sí temen que las tensiones políticas y los cálculos electorales puedan dificultarlo. Y es que Rajoy sigue teniendo bajo la manga el as del adelanto de las elecciones. Los partidos y agentes educativos saben que hay una creciente presión social a favor de que haya acuerdos y que la educación salga del debate partidista. Pero no hay que olvidar que este intento llega en un momento de fuerte malestar en la comunidad educativa y en la oposición por cómo el PP ha aplicado el rodillo en los temas relacionados con la educación en los últimos cinco años.
"Si hay voluntad política hay posibilidades. El PP sabe que tiene que modificar su ley y ha hecho guiños que muestran que sería capaz de hacerlo", señala Manso. Subraya, en este punto, el hecho de haber dejado en suspenso el carácter evaluable de las reválidas, lo que, de consolidarse, supondría volver a las pruebas diagnósticas que preveía la ley que el PSOE aprobó en 2006.
En cualquier caso, seguirá siendo una cuestión clave en este punto a quién pueda beneficiar electoralmente un hipotético acuerdo e incluso que algunas formaciones puedan interpretar que el diálogo pueda ser entendido en clave de cesión. "Creo que es una cuestión de dejar un poco de tiempo para que cada uno de los partidos pueda vender a sus votantes por qué tienen que ceder en ciertas cosas", añade Manso.
Posiciones de partida
Otra cuestión clave es si existe el riesgo de que las posturas maximalistas acaben lastrando el acuerdo. Y también que pasar de puntillas por demasiados temas para buscar el consenso acabe creando un pacto descafeinado. Por ejemplo, los pedagogos críticos agrupados en el Foro de Sevilla entienden que cualquier acuerdo debe pasar por el compromiso de derogar la LOMCE con una moratoria y, en ese período, discutir los contenidos de un nuevo marco legal.
El PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Esquerra Republicana son partidos que están muy cercanos a los postulados de este foro. De hecho, todas estas formaciones se han basado en los documentos elaborados por estos profesionales de la educación junto a diferentes organizaciones y asociaciones del ámbito educativo para realizar las iniciativas legislativas presentadas en el Congreso con el objetivo de derogar la actual ley. El PP dice estar abierto al diálogo pero, hoy por hoy, parece altamente improbable que accediera a enmendar gran parte de su política educativa.
Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga e integrante del citado Foro de Sevilla, cree que el pacto final no puede ser una leve reformulación de las propuestas realizadas por el filósofo José Antonio Marina y su equipo. "No se puede esconder en ese disfraz que es un pacto neutral", señala. A su juicio, esta propuesta defiende un modelo de escuela entendida "como mercancía" que genera desigualdad. "Es un modelo tan cerrado que necesita más que retoques", añade.
Manso, que participó en ese trabajo, cree que esta es una cuestión que se tendrá que debatir en la subcomisión parlamentaria. "Habrá que ver cómo están los discursos, si están cerrados o abiertos. La cuestión es tener la apertura suficiente para hacer renuncias. Es legítimo y necesario que todas las partes vayan con un discurso armado pero que a partir de ahí haya la discusión y diálogo", señala. En este sentido, considera que quizá puede ser más positivo ir hacia un modelo como el que propuso el exministro Gabilondo, que era más un acuerdo sobre medidas concretas que un pacto de Estado en el que se define el modelo educativo en su conjunto.
Liderazgo del pacto
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En general también existe el consenso de que el proceso de elaboración del pacto no lo pueden liderar en exclusiva los partidos políticos. "Un pacto que tenga estabilidad tiene que estar hecho desde abajo. Tienen que participar todos los colectivos sociales y educativos, los sindicatos, e incluso los partidos", señala Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga e integrante del citado Foro de Sevilla.
Manso, por su parte, defiende que los partidos políticos deben participar en el proceso, pero no liderarlo. "Han demostrado que tienen cierta incapacidad para llegar a acuerdos por sí solos, así que lo ideal sería que acompañaran las iniciativas que se están desarrollando desde la comunidad educativa, pero no que lleven las riendas en solitario", señala. También considera que se deberían evitar los personalismos e institucionalismos que pueden favorecer que otras personas, partidos o instituciones se desmarquen del acuerdo.
Lucas Gortázar, por su parte, cree que si se quiere llegar a un acuerdo que sea realmente útil será fundamental el diálogo con las autonomías. No hay duda de que el acuerdo saldría muy reforzado en el caso de que fuera respaldado, especialmente por las cinco comunidades con más peso político y población, donde hay Ejecutivos de distinto signo: Andalucía (PSOE), Cataluña (Junts Pel Sí), Comunitat Valenciana (PSOE-Compromís), País Vasco (PNV) y Madrid (PP).
El inicio de la legislatura ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de establecer un gran pacto político que dé estabilidad legal al sistema educativo. Es decir, un gran acuerdo de Estado que garantice la buena educación de las futuras generaciones y propicie que no haya grandes cambios legislativos cada vez que hay un nuevo Gobierno. La reforma aprobaba por el PP en 2013 es la séptima que regula la educación en democracia.