Los motivos de docentes, estudiantes y familias para llamar a vaciar las aulas el 9M

Sindicatos de profesores, estudiantes y familias de la escuela pública llaman a vaciar las aulas este jueves en todas las etapas del sistema educativo, de infantil a la Universidad. Será la tercera huelga general educativa a la que se enfrenta el Partido Popular tras su llegada a la Moncloa en 2011 y la primera con Iñigo Méndez de Vigo como ministro de Educación. Los docentes de la concertada también están convocados. La jornada de paro concluirá con manifestaciones en las principales ciudades españolas. 

En plena negociación del pacto político por la educación y con victorias en su haber como la suspensión de las reválidas, los convocantes insisten en la necesidad de seguir mostrando su oposición a la consolidación de unos recortes que, sostienen, traen consigo la "degradación" del sistema educativo. Entre otras cuestiones, critican el cambio en el modelo de ayudas al estudio, la subida de las tasas universitarias y la precarización de las condiciones laborales de los docentes. 

infoLibre resume a continuación cuáles son las razones que impulsa esta jornada de movilizaciones: 

1) Caída de la financiación 

Entre los principales motivos de esta jornada están, sin duda, los recortes que han sufrido los centros públicos educativos, tanto en la enseñanza obligatoria como en la superior. En este sentido, los convocantes insisten en la consolidación de las restricciones presupuestarias en los ámbitos estatal y autonómico. Es decir, recuerdan que aunque los presupuestos hayan empezado a subir en los últimos años, estos aumentos no han sido suficientes para mitigar los recortes de los primeros años de la crisis. 

Por ejemplo, para 2016 la partida destinada a educación en el ámbito estatal fue un 12,6% inferior a la de cinco años antes. El presupuesto educativo del Gobierno central pasó de 2.843 millones de euros en 2011 a 2.484 en 2016, es decir, 359 millones menos. En las comunidades, que son las que soportan realmente el peso del sistema, las subidas de los últimos años tampoco han servido para revertir los recortes. En conjunto, en 2016, dedicaron 1.639,9 millones de euros menos que en 2011, un 4,4% menos, según UGT.

Los convocantes denuncian que estos recortes presupuestarios tienen efectos en las aulas. Para empezar, en la plantilla docente, que desde la enseñanza primaria hasta Bachillerato perdió 23.501 empleados entre enero de 2012 y junio de 2015, según datos del Ministerio de Hacienda. Al mismo tiempo, las ratios de alumnos por clase se han incrementado un 20%: han llegado a los treinta alumnos en Primaria y a los 36 en Secundaria, lo que ha provocado la desaparición de grupos de refuerzo o desdobles.

Ante este panorama, la atención a la diversidad se ha visto especialmente perjudicada. Maribel Loranca, secretaria del sector de Enseñanza de UGT, recuerda que se han eliminado programas educativos que tenían una gran importancia y calado a la hora de asegurar la igualdad de oportunidades y la mejora del rendimiento escolar (Educa 3, Leer para aprender, PROA...) al tiempo que las partidas dedicadas a programas de educación compensatoria en los presupuestos estatales están "casi desaparecidas". 

A juicio de Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, sólo es posible mejorar la calidad educativa invirtiendo en educación pública, en recursos humanos y materiales que garanticen condiciones dignas en los centros, contratando profesores, aumentando los desdobles, acabando con la masificación... "Justo lo contrario de lo que ha hecho el PP despidiendo a profesores, subiendo brutalmente las tasas académicas o eliminando las becas de libros y de comedor", subraya.

La caída de la financiación también es muy significativa en las universidades públicas. Según un informe elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los campus públicos funcionaron en 2014 con 929 millones de euros menos que en 2008, lo que supone un descenso del 41%. Este tijeretazo ha tenido efectos en dos ámbitos esenciales, los recursos humanos y la investigación. Según la CRUE, en el período analizado se destruyeron más de 7.500 empleos (entre ellos 3.486 profesores e investigadores) y los fondos públicos para investigación se redujeron un 21%, al pasar de 1.113 millones de euros a 876 (-237 millones de euros).

2) Becas y matrículas 

Otra de las quejas expresadas es la relativa al modelo de ayudas al estudio. Docentes, estudiantes y familias se han mostrado muy combativos con el vuelco radical de ayudas al estudio que el PP impuso en 2012. En un polémico reglamento añadió criterios académicos, que suponen principalmente alcanzar una nota mínima de 5,5 para optar a la matrícula gratuita y obtener al menos un 6,5 en el expediente para optar a la ayuda general. E introdujo un baremo que incluye una parte de ayuda fija y otra variable que se otorga en función del número de demandantes y del presupuesto.

La consecuencia es que este sistema permite que un mismo estudiante con una renta similar e idénticas notas pueda cobrar cantidades distintas de un curso al siguiente en función del presupuesto disponible. Las partidas anuales destinadas a las becas sufrieron un tijeretazo de treinta millones en 2012 –pasaron de 1.168 millones a 1.138 (-2,6%)– y desde ahí han ido subiendo de forma progresiva hasta los 1.416,5 millones actuales.

Datos aportados por los rectores en un informe reciente evidencian las consecuencias que ha tenido este cambio de modelo en el sistema de ayudas en la igualdad de oportunidades. Entre ellas, cómo han ganado peso las ayudas menos cuantiosas, como la compensación por los precios de matrícula –antes de 2012 el 27% del presupuesto se dedicaba a estas ayudas y ahora es el 40%–; y han perdido las que suponen dar dinero al alumno para que pueda estudiar en otra comunidad o para compensar que los hijos de familias con rentas más bajas estudien en lugar de trabajar. Estas últimas han pasado de copar el 58% del presupuesto a apenas el 28%.

Al mismo tiempo, el precio de los estudios de grado –antiguas licenciaturas– se ha incrementado en todas las autonomías [ver la tabla completa, aquí] salvo en Castilla-La Mancha, Asturias y Galicia. En su última memoria anual el Consejo Económico y Social (CES) constata que la "aproximación de los precios públicos de los servicios académicos de las universidades al coste efectivo de los mismos" ha producido que España "se aleje del modelo de precios más moderados en las titulaciones de grado (menos de 1.000 euros)", que sí mantienen países como Francia, Bélgica o Austria.

3) Cambios normativos 

Los cambios normativos aprobados por el PP en los últimos años tampoco gustan a los convocantes, que se han mostrado muy críticos con la reforma aprobada en 2013 cuando José Ignacio Wert estaba al frente del Ministerio de Educación. Cuestionan aspectos como que la asignatura de Religión cuente para la media y para acceder a becas, algo que no ocurría desde los noventa; la eliminación del currículo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía; o el adelanto al tercer curso de la ESO la elección de itinerarios hacia la FP o el Bachillerato. Critican también que esa norma apuntale la cesión de fondos públicos a colegios que segregan por sexo. 

Para Ceapa, la organización que representa a 12.000 asociaciones de familias de los centros públicos, la huelga de alumnado y familias del pasado 26 de octubre llevó al Gobierno a suspender las polémicas reválidas que esa norma establece en ESO y Bachillerato hasta que se pueda acordar un nuevo pacto educativo entre las diferentes fuerzas políticas. El colectivo espera la movilización de este jueves fuerce al PP a retirar el recurso presentado en el Tribunal Constitucional para intentar frenar el proyecto de paralización de la Lomce aprobado por la oposición en el Congreso. 

"Si queremos conseguir que el Gobierno termine de moverse y podamos empezar a recuperar todo lo perdido en estos años, no cabe otra salida que volver a paralizar la educación ese día. Si queremos que las reválidas no recuperen la poca vigencia que han perdido temporalmente, la huelga debe seguir demostrando nuestro rechazo a estas políticas", señala José Luis Pazos, presidente de Ceapa. 

En el centro del debate, y de las críticas, está también el decreto aprobado a finales de enero de 2015 por el Gobierno del PP y que da a los campus la posibilidad de impartir carreras de tres años a complementar con másteres de dos años, es el conocido 3+2. No obstante, los rectores acordaron el año pasado aplazar esta reforma de las carreras hasta el curso 2017-2018 al considerar que el Ejecutivo proponía una aplicación "apresurada". En marzo de 2016 determinaron que expulsarán de la conferencia a las universidades que ofrezcan grados de tres años antes de esa fecha.

El Sindicato de Estudiantes defiende que con esta reforma los grados se devaluarán y los posgrados, con precios más altos, se harán "más necesarios". De esa forma, señalan, se propiciará el "cierre definitivo" de las puertas de la Universidad para "los hijos de trabajadores". "Se volverá a la Universidad de hace décadas, cuando sólo los sectores más adinerados, tenían acceso a la misma. A los que provenimos de familias obreras, de barrios humildes, a los que tenemos a nuestros padres o hermanos en paro se nos negará el derecho a poder estudiar en la Universidad", denuncian.

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4) Peores condiciones laborales 

Los convocantes denuncian que los recortes de los últimos años también han precarizado las condiciones laborales de los docentes. Loranca recuerda que los sueldos de maestros y profesores siguen congelados desde 2010, cuando el entonces Gobierno socialista aprobó una bajada del salario de los funcionarios del 5%. Según datos de su organización entre 2010 y 2016 los docentes han dejado de percibir entre 10.000 y 16.000 euros del salario bruto (sin antigüedad), dependiendo del cuerpo al que pertenezcan.

La dirigente de UGT señala también que la continua reducción de las oposiciones desde 2011 –cuando la cifra de interinidad en la docencia era del 8%– ha supuesto una disminución "drástica" de los puestos docentes y un aumento en la precariedad de los empleos, pues un 25% del profesorado de enseñanzas no universitarias es actualmente interino.