Marciano Sánchez Bayle: "A la industria farmacéutica hay que ponerla en su sitio"

Marciano Sánchez Bayle (1949, Plascencia, Cáceres) preside la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), un referente del diagnóstico crítico sobre el sistema de salud y las amenazas sobre el mismo. Sus informes –los más recientes, sobre la privatización de la sanidad y el deterioro de la atención primaria– logran marcar el debate público en torno a la sanidad. Sánchez Bayle, médico ya jubilado, mantiene una intensa actividad como divulgador y es autor de numerosos libros y artículos sobre sanidad, en los que defiende una postura de defensa de su carácter público, universal y gratuito, resistente a la penetración de los intereses privados. Evita las conclusiones en blanco y negro, pero es categórico al señalar la que a su juicio constituye la mayor amenaza existencial para el sistema público: el Partido Popular.

PREGUNTA: La Fadsp acaba de presentar su informe sobre el avance de la privatización del sistema sanitario. ¿Es un intento de meter el tema en campaña?

RESPUESTA: Presentamos el informe siempre a primeros de abril. Hemos cumplido con nuestro calendario. Pero creo que sí merece la pena reflexionar sobre cómo están las cosas ante estos dos procesos electorales, porque van a definir la dirección de la sanidad en los próximos cuatro años. Es un momento especialmente importante. Por un lado, porque puede haber un cambio en el Gobierno de la nación en las elecciones generales, con cambios muy relevantes en las políticas sanitarias. Y por otro, porque hay elecciones en la mayoría de comunidades autónomas, que son las que gestionan el sistema sanitario. Hay que recordar que más del 40% de sus presupuestos va a sanidad. Dependiendo de los resultados, se derivarán los movimientos en las políticas.

P: ¿Está eclipsado el debate de la sanidad?

R: Sí. Esto guarda relación con la famosa historia de las banderas, que al fin y al cabo son unos trapos con unos colores que a cada uno pueden gustar más o menos, pero que eclipsan los problemas con mayor repercusión en la vida de las personas. El debate sanitario ha desaparecido, es una pena, pero bueno, qué se le va a hacer... Nosotros seguiremos señalando la relevancia de este problema. De lo que salga de las elecciones va a depender lo que pase en la sanidad pública.

P: En el libro Sanidad pública, entre el éxito y el fracaso (Tevescop, 2015), que usted firma junto a Sergio Fernández Ruiz, se detectan numerosos problemas del sistema público español, pero se reconoce que está entre los mejores modelos del mundo. ¿Sigue estándolo?Sanidad pública, entre el éxito y el fracaso

R: Los problemas que atañen al sistema sanitario público en España no son una anomalía en el mundo. Cuando se dice que es uno de los mejores, es por su situación relativa en el mundo. Y esa situación se mantiene. Hace poco el informe Bloomberg ha situado a España en el primer lugar del mundo [como país más saludable]. El sistema sanitario y la salud en España están claramente mejor de lo que correspondería por su nivel económico e influencia política en el mundo. Pero las amenazas siguen ahí. Ha habido un pequeño momento de respiro con el actual Gobierno, pero las amenazas siguen.

P: ¿Por qué un respiro?

R: Bueno, sobre todo porque ha dejado de hacer una política sistemática de ataque a la sanidad pública, no porque haya habido grandes cambios.

P: ¿Los gobiernos del PP (2011-2018) hicieron un ataque sistemático?

R: Sí, yo creo que claramente. El PP recorta, deteriora y desprestigia sistemáticamente la sanidad para beneficio del sector privado. Y lo lleva haciendo desde hace años.

P: ¿Con qué objetivo, diría usted?

R: Quieren cambiar el modelo sanitario empobreciéndolo. Esto no lo dicen, claro. Porque saben que este tipo de opinión es totalmente impopular.

P: ¿Cambiarlo cómo?

R: Quieren segmentar el sistema sanitario en tres espacios. Uno para la gente con muchos recursos, la que pueda permitirse un seguro privado, mejor o peor según lo que puedan pagar. Después, una seguridad social para trabajadores. Una seguridad social de baja calidad y deteriorada. Y, por último, un modelo de beneficencia para el resto de la ciudadanía. Todos sus ministros han cometido verdaderos despropósitos: Ana Mato, Alfonso Alonso y la increíble Dolors Montserrat, a la que ahora mandan a Europa, cosa que no entiendo... ¿Qué culpa tiene la pobre gente europea?

P: Beneficencia, dice. ¿Quién se encargaría de ella? ¿El Estado? ¿Una subcontratación?

R: Aquí hablamos de un futurible, es difícil de saber. La beneficencia no suele ser muy rentable, aquí en su día estaba en manos de las diputaciones provinciales. Generalmente esta parte no rentable suele ir a manos del sistema público, aunque en algunos países de América Latina se han creado modelos equivalentes a la beneficencia, con paquetes básicos que se venden a empresas.

P: Las medidas con mayor impacto, ¿no han venido de Hacienda, más que de Sanidad?

R: Bueno, a ver, el tema central son los recortes. La disminución del presupuesto en las comunidades autónomas por medidas restrictivas, por ejemplo sobre reposición de plazas. Pero luego hay medidas sanitarias, como el decreto 16/2012, que contenía muchas cosas, una de ellas bastante desapercibida, pero muy grave, como era un cambio de modelo sanitario. Porque ese real decreto excluía a las personas que declaraban más de 100.000 euros. Esos son precisamente los clientes que quieren los seguros privados, si es que no los tienen ya. Excluirlos era un primer paso [para el cambio de modelo]. Y luego estaba la exclusión de los inmigrantes, un colectivo muy perjudicado, con menor capacidad de defensa, gente en general poco enferma, pero muy pobre. Además, el establecimiento de copagos en transportes, dietas... La señora Mato, que era espantosa, la peor ministra de Sanidad que ha habido, la más despiadada con los pobres y los enfermos, incluyó en los copagos los medicamentos en la farmacia hospitalaria. Los copagos siguen vigentes, no ha habido derogación. Lo cual resulta a mi modo de ver espantoso. Este Gobierno, que ahora entra en funciones, no debería haber tenido problemas para derogar el copago en prótesis y transporte sanitario, por ejemplo. No tenía ningún coste. Los debería haber derogado todos.

P: Sí ha revertido la exclusión de los inmigrantes.

R: El decreto 7/2018 ha revertido dos cosas. La primera, en la vinculación del derecho a la atención sanitaria, importante desde el punto de vista conceptual. La segunda, el derecho de los inmigrantes. Lo que pasa es que falta un reglamento de desarrollo, porque algunas comunidades, como Madrid, se han agarrado a que algunas partes no están bien redactadas para poner pegas.

P: ¿Cómo valora el acuerdo que alcanzó el Gobierno con Farmaindustria en la etapa del PP?Farmaindustria

R: Ha sido tremendamente lesivo. Le ha garantizado a la industria farmacéutica un crecimiento en paralelo con el PIB. España ha bajado en el gasto sanitario en relación con el PIB; en cambio, el gasto farmacéutico ha crecido en relación con el PIB. Hay un agujero negro al que van todos los incrementos de presupuestos sanitarios públicos. Y es la farmacia. A la industria farmacéutica hay que ponerla en su sitio.

P: ¿Supone esta factura un lastre para la recuperación del sistema tras los años de recortes?

R: Si el incremento de los presupuestos sanitarios fuera mayor, no se notaría tanto. Pero en la práctica sí es un lastre que se nota.

P: En paralelo, hay un problema de desabastecimiento farmacéutico. ¿Diría que hay un chantaje de la industria a las autoridades sanitarias? problema de desabastecimiento farmacéutico

R: Claro. Este desabastecimiento, ¿por qué se produce? Porque a las farmacéuticas les deja de interesar entre comillas producir un determinado producto, ya que su rentabilidad es baja. Y además sacan al mercado nuevos productos con las mismas propiedades que cuadruplican el precio del que había. Aparte de eso, hay movimientos especulativos que derivan la venta hacia otros países donde es más rentable, porque en España el precio de los productos sigue siendo comparativamente bajo. El acuerdo con Farmaindustira tiene vigencia anual, no es un acuerdo a 20 años vista. Se puede suprimir. El Gobierno parece que ha negociado, parece, una reversión del exceso de gasto. Porque no sólo ha subido el gasto en farmacia el incremento el equivalente al incremento del PIB, sino más. Veremos.

P: ¿Avanza la privatización?

R: Claramente. El seguro que más crece es el seguro sanitario, los conciertos ganan peso y se ha incrementado el gasto de bolsillo. Esto provoca la privatización en la financiación, que genera grandes desigualdades de acceso a la prestación sanitaria. Los parados y las bajas pensiones no tienen la opción del aseguramiento privado. Es una privatización inducida por los recortes y las listas de espera.

P: ¿De qué forma?

R: Un 24% de la población española, cuando pide cita en el médico, la recibe con demoras de más de seis días. Ahí te encuentras con tres opciones: esperar a ver si hay suerte y te curas solo; acudir a una urgencia hospitalaria, y por eso ha habido tanto crecimiento de la urgencia hospitalaria; o un seguro privado. Claro, la gente se busca la vida. El problema es que la gente que tiene acceso al sector privado está en la parte superior del nivel de renta. Además, el crecimiento del aseguramiento privado se produce porque hay una expulsión del sistema público. Se quiere deteriorar el sistema público para que el sector privado se beneficie. Y para que la sanidad privada se beneficie, antes hay que desprestigiar el sistema público. Es una política sistemática para favorecer al sector privado, que está financiado con dinero público, mientras el sector público tiene cada vez menor capacidad de atender la demanda.

P: ¿Acusa al PP?

R: Sí. Estoy hablando del PP. Otros partidos han hecho cosas distintas, no siempre mejores... Aunque también es cierto que en Valencia se ha recuperado un centro hospitalario, Alzira. Se ha hecho un gran esfuerzo, presupuestario y de dotación de medios, para recuperarlo, allí donde llevaban veintitantos años empeñados en destruir el sistema. También ha habido movimientos de consolidación del sistema público en Navarra, Extremadura, Castilla La Mancha...

P: ¿Cuál es la inversión más eficiente en el sistema público? ¿Atención primaria? Atención primaria

R: Sin lugar a dudas. Y poner a funcionar todas las camas hospitalarias que tenemos.

P: ¿Tienen el sector privado excesiva influencia sobre las autoridades sanitarias?

R: Lógicamente. Grandes empresas como Fresenius o Centene, y no te digo ya las farmacéuticas, tienen presupuestos enormes y una capacidad de influencia tremenda a través de actividades de lobby, marketing... Su capacidad de penetración con mensajes dirigidos a la ciudadanía es inmensa. Hay muchas dificultades para hacerles frente. Se suele hablar de la Fundación IDIS, pero son unos mandados de las grandes empresas, que se quieren apoderar del sistema sanitario, con enorme capacidad de presión a nivel internacional. Ya intentaron hacer presión sobre el Gobierno de Valencia. Además es un sector difícil de entender, que está siempre revendiéndose y creando empresas. En Estados Unidos ya hay holdings que tienen farmacia, aseguramiento y provisión sanitaria, todo junto. Aquí todavía no hemos llegado a eso, está disperso. Pero la evolución natural del mercado, esto ya la dijo Marx, tiende a la creación de grandes monopolios. Las grandes multinacionales ya tienen puestos los huevos en muchas cestas. En España aún hay empresas sociosanitarias de tamaño pequeño, pero vamos a la concentración en manos de multinacionales.

P: ¿Prohibiría el pago de las farmacéuticas a los médicos del sistema público por el riesgo de que condicionen su actividad?pago de las farmacéuticas a los médicosriesgo de que condicionen su actividad

R: Creo que hay que separar a las farmacéuticas del trabajo profesional. Hay muchas cosas en las que interfieren.

P: ¿Por ejemplo?

R: Yo no entiendo la visita médica. Podía tener sentido cuando yo empecé a trabajar, que no había internet. Ahí trasladaban cierta información útil, sobre todo a gente que trabajaba en sitios aislados. ¿Ahora? La sanidad pública es la única empresa que yo conozco donde los proveedores visitan a los profesionales en sus centros y horario de trabajo. Es una cosa excepcional. Habría que acabar con esta práctica.

P: ¿Qué más?

R: Lo siguiente es que los ingresos [de los médicos con cargo a las farmacéuticas] se declaren a Hacienda. No puede ser que no se declare una inscripción a un congreso. Hay que declararlo como ingreso en especie. Y también hay que garantizar que la formación continuada la de la propia administración pública, porque, si no, va ligada sus intereses [de la empresa privada que la provee]. Hubo una época, que yo conocí, en que se hizo un seminario sobre entrevista clínica en Marrakech, en el que naturalmente lo que se hizo fue enseñarles la ciudad. Es verdad que ese tipo de cosas han bajado. Otra cosa importante es que los enfermos que entren en un ensayo clínico, cuando firman el consentimiento informado, tengan constancia del dinero que se le da al profesional. Porque, si hay incentivo económico, se pueden estar produciendo reclutamientos inapropiados. Sería deseable una regulación del conflicto de intereses, que en la práctica no hay. En general, hay que delimitar claramente lo público y lo privado. Y para todo esto lo primero es conseguir que el tripartito neoliberal de ultraderecha no gobierne. Porque en Andalucía van por la anulación de la subasta de medicamentos y por la supresión del complemento de exclusividad.

P: El Gobierno andaluz de PP y Cs ha denunciado una manipulación de las listas de espera. ¿Le constan casos de manipulación de las cifras para maquillarlas?manipulación de las listas de espera

R: No lo sé bien, no conozco en detalle el caso. Mis compañeros de allí piensan que es una exageración para favorecer la concertación y la derivación de enfermos al sector privado. Lo que sí sé es que la mayoría de las comunidades autónomas maquillan las listas de espera. Porque es verdad que se han convertido en un problema. Pero hay que solucionarlo mejorando el funcionamiento de la atención primaria para que tenga mayor capacidad, no con derivaciones.

P: ¿Están infrautilizados los recursos del sistema público?

R: Lo dicen las cifras oficiales de operaciones por quirófano, resonancias y TAC al año. Hay un desastre de funcionamiento. Pero funciona mal porque hay políticos que hacen que funcione mal. Claro, un TAC no funciona solo. Para que funcione 16 horas al día, hace falta personal cualificado que lo sepa usar, interpretar y mantener.

P: ¿Cuál es su posición con respecto a la eutanasia?

R: Se debe regular de manera rigurosa y concreta, como se hace en otros países. Y no confundir cuidados paliativos, que por supuesto que tienen que funcionar, con eutanasia. Los cuidados paliativos son para que la gente muera sin dolor, cosa que no siempre sucede.

P: ¿Qué países son ejemplares, a su juicio?

R: Bélgica y Holanda. Y en Bélgica, a pesar de que la Iglesia católica tiene gran influencia. También Luxemburgo. Fuera de Europa, Canadá y algunos Estados de Estados Unidos. En Suiza hay suicidio asistido.

P: ¿Está muy determinado el debate por la moral católica?

R: A los católicos les recordaría a Longinos, un centurión romano que viendo a Jesucristo en al cruz le da una última lanzada. La tradición cristiana lo recoge de manera positiva, como un acto compasivo, para evitar un sufrimiento prolongado. En la Semana Santa salen pasos con Longinos, por cierto. A mí me parece muy bien si el señor Casado o el señor Abascal quieren morir con terribles sufrimientos, pero que lo hagan ellos. A los demás que nos dejen tranquilos. Y con el aborto pasa lo mismo. Hay un interés absurdo e inquisitorial. Porque todo viene de esta idea de imponer al resto tus propias creencias. Si alguien no quiere abortar, que no lo haga. Lo deciden las mujeres. Tiene que ser una decisión individual bien regulada.

P: ¿En España está bien regulada?

R: La legislación es buena, pero se debería garantizar por el sistema sanitario público.

P: ¿Con objeción de conciencia?

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R: Es lógico que se establezca la objeción de conciencia para los profesionales que están en ya en el sistema, pero no para los que quieran acceder. Si ya accedes a la plaza ahora, sabes las condiciones. Es como si dices "quiero ser militar, pero no quiero usar armas". Pues la condición de militar implica el uso de armas. Y tampoco se puede permitir que haya médicos que se permitan el lujo de objetar en el sistema público pero no el privado.

P: ¿Está en contra de las donaciones de empresas privadas al sistema público, como las de Inditex?

R: Lo que tiene que haber es un buen sistema fiscal, por el que todo el mundo pague como corresponde. Y que todo esté bien limitado y controlado por Hacienda. El sistema sanitario público debe tener recursos para financiarse y no depender de que alguien graciosamente le haga una donación. Y otra cosa: la donación se tiene que hacer al sistema público, si se hace, para que utilice los recursos en lo que sea más útil, no en tal o cual aparato determinado. Porque por detrás hay intereses que no están claros.