Marea Granate presentará un informe ante la OSCE denunciando los problemas de los residentes en el extranjero para votar

El colectivo Marea Granate presentará esta semana a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) un informe con los problemas que siguen padeciendo los españoles residentes en el extranjero para votar en los distintos procesos electorales y con sus propuestas para revertir la caída en picado que viene registrando la participación desde que en 2011 se instauró el conocido como voto rogado, según informa Europa Press.

En los últimos años, los partidos vienen manifestando su intención de suprimir esta obligación de solicitar el voto con antelación que se exige en cada convocatoria electoral a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pero lo cierto es que la reforma no llega a cristalizar.

A principios de este año los trabajos en el Congreso habían avanzado bastante, pero el adelanto de las elecciones al 28 de abril tiró por tierra otra vez la derogación del voto rogado, lo que condenó a los españoles residentes en el extranjero a seguir cumpliendo ese trámite para poder participar en las generales, autonómicas y europeas de la pasada primavera.

En abril sólo votó un 5,6% del CERA

Citas todas ellas en las que, según denuncia Marea Granate, volvió a haber una escasísima participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). En concreto, y según los datos de balance del Instituto Nacional de Estadística (INE), las juntas provinciales sólo recibieron del exterior 118.285 votos, lo que supone el 5,63% de los dos millones de censados.

Ante estos datos, la mencionada asociación realizó una encuesta entre más de 2.000 emigrados para conocer los motivos que dificultan el voto exterior. La conclusión principal es que la baja participación es consecuencia de la reforma electoral que introdujo el voto rogado en 2011.

Marea Granate prevé remitir esta misma semana los resultados de este estudio a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE –el organismo internacional encargado de vigilar los procesos democráticos–, añadiendo sus reivindicaciones para evitar que esta situación siga repitiéndose en el tiempo.

La encuesta apunta que casi la mitad de los españoles en el exterior aseguraron estar interesados en el proceso electoral pero que optaron por no rogar el voto ante la "falta de garantías" del sistema. Apenas un 3% declaró no haber participado por "falta de interés" en los comicios. Además, el sondeo desvela que el 33% de quienes rogaron el voto no llegaron a recibir a tiempo las papeletas para poder ejercer su derecho, lo que explica la diferencia existente entre las solicitudes tramitadas (182.545) y los votos CERA que finalmente llegaron a su destino.

Ahora, menos plazos para la recepción de papeletas

Marea Granate lleva denunciando desde 2014 que los plazos de recepción y envío de documentación electoral en el exterior son "muy limitados". En concreto, la encuesta señala que las papeletas tardaron una media de entre 39 y 45 días en llegar a Europa; entre 49 y 53 días, en hacerlo a América; y entre 49 y 54 días, al resto de continentes.

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Una situación que, según auguran, empeorará ante la cita del 10 de noviembre puesto que los plazos de la nueva convocatoria se han reducido aún más, dado que se estrena un procedimiento abreviado para casos de repetición de comicios: sólo tendrán 35 días para recibir la documentación electoral.

Este nuevo procedimiento librará de volver a rogar el voto a quienes ya lo pidieron para las elecciones de abril y vieron aceptada su solicitud, es decir, 182.545 personas. Eso sí, siempre que en estos meses no se hayan cambiado de domicilio. Asimismo, la encuesta desvela que los problemas de accesibilidad consular provocaron que un 47% de los interrogados declarase no haber llegado siquiera a rogar el voto para el 28A debido a la distancia en las que éstos se encuentran o por su horario de apertura, incompatible con la jornada laboral.

A ello se suma, según denuncia Marea Granate, la "incomprensible restricción de los recursos disponibles" para facilitar el registro consular, bien por que se exija ir en persona al consulado para realizar la inscripción consular o la modificación de datos, sin establecerlo explícitamente la ley, o bien por que se haya limitado de manera "repentina" las funciones que tenían los consulados honorarios para estos tipo de trámites.