"Lamento que no declaren los aforados": Reyero testifica en la causa contra Ayuso por el 'Protocolo de la Vergüenza'

La lucha de las familias de los muertos en residencias durante la primera ola del covid por la implementación del Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospitales a los mayores con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo, vive este martes 7 de noviembre un nuevo capítulo. Tras más de tres años buscando respuestas con múltiples portazos judiciales y parlamentarios, el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba dio el pasado octubre el primer paso para depurar responsabilidades políticas. 

Por orden de la Audiencia Provincial, reabrió la causa de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores en una causa por homicidio por imprudencia en el que se investigarán las responsabilidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de dos de sus consejeros en marzo de 2020, Enrique López (Justicia e Interior) y Enrique Ruiz Escudero (Sanidad), en la aprobación de este documento que, según publicó infoLibre, llegó a tener hasta cuatro versiones. En caso de que la investigación prospere, el Juzgado tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo ya que los tres están aforados: mientras la líder regional se mantiene en su puesto al frente del Gobierno regional, López ha vuelto a su plaza en la Audiencia Nacional y Ruiz Escudero es ahora senador. 

En concreto, este martes están citados a declarar en calidad de testigo a partir de las 9.30 horas al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes, que dimitió en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad. 

"Declararé lo mismo que hasta ahora. Lo que lamento es tener que volver al juzgado y que no vayan a ir las personas que están aforadas. Ya es hora de que vayan", asegura Reyero en conversación con infoLibre. "Comentaré lo que yo viví, lo que pienso de los protocolos y de las medidas alternativas que no se tomaron, y hacer una valoración de las distintas actuaciones en la Comunidad de Madrid", afirma el exconsejero. 

Será la tercera vez que se siente como testigo frente a un juez. La primera ocasión fue en marzo junto a Mur, que destacó que el consejero de Sanidad dio su aprobación al protocolo. Y la segunda, en junio cuando Reyero volvió a confirmar que el documento existió y se aplicó, al contrario de lo que sostiene Ayuso que siempre lo ha calificado de "borrador". En esta ocasión, su testimonio fue ratificado por la ex directora general de Salud Pública.

Concentración de Marea de Residencias a las puertas de los juzgados

A las puertas de los juzgados, los tres se encontrarán con una concentración de Marea de Residencias para exigir justicia y que se depuren responsabilidades al más alto nivel. "Siempre que ha habido declaraciones nos hemos concentrado porque hay que investigar estas muertes, por qué se tomaron ciertas decisiones y si no había otras alternativas", explica Carmen López, portavoz de esta organización. 

Además de estas tres declaraciones, la jueza debería tener ya sobre su mesa la documentación que ha solicitado a la Comunidad de Madrid. En concreto, ha pedido a la Consejería de Sanidad el plan de choque anunciado el 26 de marzo de 2020 junto con detalles de su "desarrollo, implementación y recursos utilizados"; los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores adoptados por la Dirección General de coordinación socio-sanitarias; y los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad a las residencias "desglosados por fecha". 

"Estaré abierto a cualquier duda de la magistrada. Como sé que han pedido documentación relacionada con los protocolos y del plan de choque, daré las explicaciones necesarias si necesitan algún tipo de explicación", explica Reyero. El pasado septiembre, durante su testimonio ante la comisión ciudadana, aseguró que cuando le explicaron "los criterios médicos" de aquellos documentos se echó "las manos a la cabeza": "Se tomaron decisiones que no son éticas, en las que las personas mayores tienen menos valor que el resto de ciudadanos".

"Seguimos manteniendo la esperanza en la justicia"

Las muertes en residencias son, sin duda, la piedra en el zapato de Ayuso. Dos días después de conocerse esta reapertura, la presidenta aseguró desde Nueva York que esta causa "es una investigación que ya se cerró", que la Audiencia Provincial sólo pide escuchar las diligencias de la familia "para su archivo definitivo" y que "no tiene más recorrido". "Esto es una fanfarronada de la presidenta que ha dicho sin pensar", asegura López que apunta que "si no creemos esto, tendremos que pensar que la justicia no es tal porque nadie puede saber antes de empezar cómo va a terminar una causa". "Seguimos manteniendo la esperanza en la justicia", defiende la portavoz de Marea de Residencias. 

Ahora, tras más de tres años, la jueza tendrá que determinar la responsabilidad de Ayuso y sus dos exconsejeros y abrir las "diligencias pertinentes y necesarias" para "poder determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro". En las residencias de la Comunidad de Madrid murieron 9.468 personas entre los meses de marzo a mayo. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital.

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Estas declaraciones se producen pocos días después de conocerse que el Ayuntamiento de Leganés, gobernado ahora por el PP, ha formalizado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que siga el proceso abierto para juzgar la actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia en las residencias de ese municipio. La anterior corporación, en manos del PSOE, llevó a los tribunales un recurso contra la gestión de Ayuso, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó esa denuncia por la "inactividad" en la medicalización de las residencias. Ante esta situación, se decidió acudir al Tribunal Supremo. 

Este recurso de casación fue admitido a trámite por parte del Supremo el pasado julio, que entiende que sí hay motivos para estudiar el caso. Pero para seguir el proceso hacía falta otro paso: que el propio consistorio formalizara ese recurso de casación. Un movimiento que se produjo la semana pasada. 

Desde el consistorio no han querido aclarar este paso y se limitaron a expresar fuentes del equipo de alcalde que remiten a las declaraciones hechas en su día por el regidor: "Dije, repito y mantengo, el alcalde de Leganés no va a interferir en la decisión que tenga que tomar el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Leganés".