Maternidad subrogada: el debate político encalla y el colectivo LGTB choca con el feminismo

La gestación subrogada –los llamados vientres de alquiler– continúa en debate en España. El pasado mes de enero fue el vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, el que alentó la discusión al manifestase a favor de regularla en España. En el mundo del famoseo son cada vez más los hombres que abiertamente revelan haber recurrido a este método para ser padres. Eso sí: en los países en los que esta práctica es legal, porque en España está expresamente prohibida.

La propuesta de regulación que planteó Maroto, que no está incluida en el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones, ha cosechado apoyos y también unos cuantos detractores tanto dentro como fuera de las filas del Partido Popular.

A favor se mostró la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, y a favor también opinó la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que defendieron intensamente esta técnica de reproducción asistida porque, según la primera, “soluciona los problemas de mucha gente que lo ha pasado muy mal”. En contra, entre otros, ha hablado la exdiputada Lourdes Méndez, partidaria de la prohibición.

Ahora mismo la gestación subrogada está prohibida en España. Se trata de una técnica de reproducción que tiene lugar cuando una persona soltera o una pareja que desean tener un hijo conciertan con una mujer la gestación, de forma que, una vez dado a luz, la madre renuncia a la filiación para entregar el bebé a la persona o pareja contratante. La Ley 14/2006 dice que la gestación por sustitución es ilegal y que el contrato que se pudiera establecer es nulo de pleno derecho. “Nos dice, además, que la filiación estará determinada por el parto”, explica a infoLibre Soraya Vega, responsable de Igualdad y Movimientos Sociales de la gestora del PSOE y firme opositora a un cambio de normativa. “Sabemos que hay iniciativas presentadas por algunos partidos políticos y asociaciones a favor de su regulación. Entendemos que es un tema complejo, en el que actúan muchas variables y que requiere reflexión, pedagogía y argumentos”, precisa.

Son Nuestros Hijos (SNH) es una de esas asociaciones que tiene argumentos. Nació en 2008 como un grupo de apoyo entre parejas homoparentales que acudían a la gestación subrogada como forma de ser padres y que en 2013 se constituyó como asociación. Su presidente, Pedro Fuentes, que además es padre gracias a este método, cita al preámbulo de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida –“Los avances científicos, por otra parte, cursan generalmente por delante del Derecho, que se retrasa en su acomodación a las consecuencias de aquellos. Este asincronismo entre la ciencia y el Derecho origina un vacío jurídico respecto de problemas concretos, que debe solucionarse, si no es a costa de dejar a los individuos y a la sociedad misma en situaciones determinadas de indefensión”– y opina que “el legislador no ha evolucionado mucho desde que se aprobó la ley en 1988 y sigue yendo por detrás de la medicina y la sociedad. La gestación subrogada es una realidad en España y el legislador, al fin, lo está reconociendo”.

Fuentes valora también las manifestaciones de Maroto o Aguirre. “Abrir el debate es siempre el paso previo a legislar y legislar la gestación subrogada en España es, cada día, más necesario. La voluntad para ello viene en respuesta a una demanda social”. Según datos publicados por el diario Expansión, cada año los españoles burlan la legislación y ponen en marcha unos 1.000 procesos de gestación subrogada en otros país. Claro que son los que pueden permitírselo.

Sobre su experiencia como padre, Fuentes asegura que “es mucho mejor de lo que uno se imagina cuando decide embarcarse en un proceso de gestación subrogada, no sólo por el hecho de lograr el hijo soñado, sino por las relaciones especiales que se establecen entre la familia y la gestante, lazos personales y únicos que se prolongan en el tiempo y que nos enseñan a todos un nuevo valor de la palabra humana”.

Y eso a pesar de que, subraya Fuentes, la inseguridad jurídica en España para realizar la gestación subrogada es “total”. La falta de legislación en nuestro país obliga a las familias a tener que viajar aotros lugares en los que el proceso sí esté regulado y ofrezca garantías. 

En el mundo, la gestación subrogada es legal en algunos estados de los Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania, Georgia, Grecia y Reino Unido. Ahora mismo, los destinos más comunes entre los españoles son Estados Unidos, Canadá y Ucrania. Sin embargo, las garantías, los requisitos y los precios son dispares entre ellos, además de los riesgos que entraña esta práctica tanto para los padres intencionales como para la gestante.

  Estados Unidos

Según la revista Babygest sobre gestación subrogada, “Estados Unidos es el país con más experiencia en el proceso”. La legislación allí sostiene que cada estado marca sus propias restricciones y condiciones y, aunque hay territorios que prohíben rotundamente la gestación subrogada, la mayoría se muestra favorable a su aplicación.

Los Estados en los que puede practicarse por ley son Nevada, California, Texas, Arkansas, Illinois, Virginia, Florida, New Hampshire, Delaware, Nueva Jersey, Tennesse, Utah y Washington. Algunos aceptan únicamente la gestación subrogada altruista, mientras que otros también aceptan la comercial. Y no todos los estados permiten acceder a la técnica a familias monoparentales o a parejas homosexuales.

En general, la gestante se elige en un proceso de doble dirección, es decir, ella elige a los padres de intención y, tras una entrevista, los futuros padres la aceptan. 

El precio de un proceso de gestación subrogada en Estados Unidos es el más elevado en comparación con otros destinos y oscila entre los 80.000 y los 150.000 euros, lo que lo convierte en prohibitivo para muchos españoles deseosos de ser padres gracias a esta técnica de reproducción.

Canadá

En Canadá la gestación subrogada está permitida para todos los modelos de familia, con independencia de su condición sexual y de la existencia de pareja y siempre que la práctica se realice con una finalidad altruista. Esto es, que la gestante no perciba ningún tipo de compensación económica, más allá de la derivada de los gastos que se generan durante el embarazo.

El hecho de que la gestación subrogada en Canadá sea altruista reduce los gastos considerablemente respecto a Estados Unidos: el proceso total cuesta entre 45.000 y 60.000 euros.

Ucrania

En Ucrania, el embarazo subrogado está contemplado explícitamente por la ley y es uno de los destinos más baratos, entre 28.000 y 40.000 euros. Aunque las exigencias dejan fuera a uno de los colectivos que más demandan esta práctica, el LGTB: solo las parejas heterosexuales casadas tienen acceso a este técnica de reproducción asistida.

Un batalla entre colectivos LGTB, el feminismo y la Iglesia

El colectivo LGTB Colega defiende la necesidad de legislar en España. “Partimos de una situación en la que la gestación subrogada es una opción para muchas personas de nuestro colectivo ante la evidente razón de no poder tener hijos de manera biológica y los costes económicos y dificultades burocráticas que conlleva una adopción en nuestro país”. Sin embargo, “la cruda realidad” es que no en todos los países se les permite acceder a ella “por una legislación netamente LGTBfóbica”. “Y en aquellos en los que sí podemos hacerlo de manera segura, se articula en un modelo de negocio en el que las mujeres ven vulnerados sus derechos y no se tienen todas las garantías que aseguren el bienestar del menor y el derecho de los padres solicitantes”, denuncian.

Por esta cuestión, Colega “apuesta por una legislación que regularice la existencia de la gestación subrogada en España, pero no de cualquier forma. Ha de ser una legislación donde se establezcan dos premisas principales: la protección de la mujer gestante, de sus derechos tanto sexuales como reproductivos, y del menor”. El portavoz del colectivo, Javier Navarro, afirma entender “que en ningún caso puede haber una intencionalidad de lucro por ninguna de las partes implicadas”. Por eso propone una solución: “Para conseguirlo se ha de prohibir expresamente en la normativa y excluir del proceso a las agencias privadas que acaban obteniendo un rédito económico. La única forma de poder regular esta realidad es protegiendo los derechos de las mujeres, asegurando el bienestar del menor y garantizando la paternidad de la pareja solicitante es a través de una agencia pública dependiente del Estado”.

Frente a las tesis del colectivo LGTB suman fuerzas, por una vez, la Iglesia y el movimiento feminista. Los obispos españoles discrepan y consideran “no lícita” la gestación subrogada porque “instrumentaliza” a la mujer y al niño y “contraviene el orden natural de la procreación”. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, declaró a Europa Press tras la 240º reunión de la Comisión Permanente de los obispos que este método de reproducción “constituye una explotación de la mujer y también del niño, que se convierte en un objeto de consumo; es una instrumentalización de la mujer”.

  La campaña #nosomosvasijas denuncia que la gestación subrogada es una vulneración de los derechos de las mujeres

Una postura que, paradójicamente, les acerca a las feministas. La campaña #nosomosvasijas y las firmantes de su manifiesto también ven en la gestación subrogada una vulneración de los derechos de las mujeres. En su web abogan por el derecho a decidir de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos y “muestran su preocupación ante los variados pronunciamientos a favor de la maternidad subrogada, o la práctica de alquilar vientres de mujeres en favor de terceros”. 

“El altruismo y generosidad de unas pocas no evita la mercantilización, el tráfico y las granjas de mujeres comprándose embarazos a la carta. La recurrencia argumentativa al altruismo y generosidad de las mujeres gestantes para validar la regularización de los vientres de alquiler refuerza la arraigada definición de las mujeres, propia de las creencias religiosas, como seres para otros cuyo horizonte vital es el servicio. Lo cierto es que la supuesta generosidad, altruismo y consentimiento de unas pocas sólo sirve de parapeto argumentativo para esconder el tráfico de úteros y la compra de bebés estandarizados según precios”, sostienen las feministas.

Las firmantes del manifiesto denuncian una mercantilización del cuerpo de la mujer acorde al patriarcado: “La llamada maternidad subrogada tampoco se puede inscribir, como algunos pretenden, en el marco de una economía y consumo colaborativo. La pretendida relación colaborativa esconde el consumo patriarcal por el cual las mujeres se pueden alquilar o comparar de manera total o parcial”. Por eso defienden que su postura, desde “la perspectiva de los Derechos Humanos, supone rechazar la idea de que las mujeres sean usadas como contenedores y sus capacidades reproductivas sean compradas. El derecho a la integridad del cuerpo no puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato”.

 

Óvulo humano.

Alicia Miyares, portavoz de la plataforma, asegura que los argumentos esgrimidos en favor de esta práctica en nombre de la libertad de la mujer para hacer lo que quiera con su propio cuerpo “distorsionan el feminismo, la libertad y la decisión de las mujeres. Se pervierte además el feminismo si se convierte en una mera estrategia de validación de cualquier acto llevado a cabo por una mujer o grupo de mujeres por el hecho de ser mujeres”. En un texto publicado en Tribuna Feminista, asegura que “suponer que el útero de una mujer, el embarazo y el parto son técnicas reproductivas deshumaniza las capacidades reproductivas de la mujer”. “Disponer de un útero no es una donación: las mujeres no hacen entrega de una parte separable de su cuerpo, más bien reciben debiendo soportar los efectos y transformaciones anatómicas, químicas, fisiológicas y psicológicas que ocurren en su cuerpo".

Las feministas también denuncian lo que consideran “un lenguaje esterilizado”: “Con la utilización de expresiones eufemísticas como gestación subrogada o mujeres gestantes se quieren ocultar palabras que al parecer son tabú como embarazo, maternidad o madre”.

Miyares concluye que es falaz suponer que porque algo existe es obligado regularlo. “Cuando se afirma que la práctica de alquilar las capacidades reproductivas de las mujeres o que la gestación subrogadaes una realidad, en verdad lo que se nos está sugiriendo es que quieren que sea de ese modo y que sus defensores ni conciben ni quieren decantarse por otras modalidades de acceso a conformar una familia como la adopción o la acogida de menores. Defienden en último extremo un modelo reproductivo eugenésico, discriminatorio y ultraconservador”.

El debate sobre la legislación en España

Más allá de las propuestas de las asociaciones de familias y los colectivos LGTB y de las discrepancias con feministas y católicos, ningún partido político, excepto Ciudadanos, incluyó en su programa electoral para las últimas elecciones legislar en torno a esta cuestión. El Congreso Nacional del PP finalmente no resolvió el supuesto debate interno del partido en torno a esta cuestión. Así, tal y como informó infoLibre, la enmienda transaccional aprobada por amplia mayoría aplazó sine die el asunto por el procedimiento de instar a la formación a iniciar un debate “serio y sereno" antes de pronunciarse sobre un posicionamiento de partido.

Patricia Reyes, responsable del área de mujer y LGTB de Ciudadanos, confirmó a infoLibre que el partido de Albert Rivera ve “necesario” legislar. “Es terrible que en España no haya seguridad, o que las empresas intermediarias propongan paquetes low cost. Hay países en los que hay granjas de mujeres que se encuentran en situaciones terribles. Queremos un modelo altruista que asegure que las mujeres toman esta decisión de manera totalmente libre y generosa”. Con su propuesta, Ciudadanos apuesta por un modelo de legislación similar al canadiense, en el que la gestación subrogada sólo puede realizarse con un fin altruista. En un acto celebrado en Madrid en defensa de esta técnica de reproducción asistida, Albert Rivera se comprometió a llevar la cuestión al Congreso “para debatirla y sacar adelante una regulación altruista y de justicia”.

Clara Serra, responsable de Igualdad de Podemos, también apuesta por la gestación altruista: "El sentido de la ley es proteger a los más débiles. Los vacíos legales permiten que las inercias sociales campen a sus anchas. Legislar sirve para contrarrestarlas. Cuando no se legisla, la informalidad permite que se puedan menoscabar los derechos de los más vulnerables que, en este caso, son las mujeres gestantes. La cuestión es en qué dirección legislamos. En Podemos tenemos claro que queremos una legislación que tenga como prioridad los derechos de las mujeres gestantes”. Por eso creen que lo más responsable es hablar con los diferentes colectivos de la sociedad civil para, desde las múltiples perspectivas implicadas, “generar el cauce legal idóneo para garantizar el derecho a la familia de todas las personas sin que por ello los derechos e integridad de ninguna mujer puedan ser vulnerados”.

La vulneración de los derechos de la mujer es el factor que más preocupa a Soraya Vega, de la gestora del PSOE. Vega expicó a infoLibre que su partido no apoyará ninguna ley que consideren que mercantiliza con el cuerpo de la mujer: “El PSOE siempre va a estar en contra de cualquier técnica o estrategia que conlleve una comercialización del cuerpo de las mujeres. No apoyaremos ninguna ley que regule cualquier tipo de mercantilización, que condenamos rotundamente. Un informe del Parlamento Europeo, en 2015, ya condena esta práctica por ser contraria a la dignidad de las mujeres y a la explotación de la capacidad reproductiva”.

Vega pone el foco en el problema de ahondar “en la brecha entre mujeres pobres y las que no lo son. No podemos hablar de libre consentimiento cuando se está en situación de vulnerabilidad”.

En cambio, la responsable de igualdad y Movimientos Sociales afirma que el PSOE cree que “hay aspectos relacionados con la vida de las mujeres mucho más prioritarios. Hablamos de paro, de brecha salarial; la temporalidad, la sobrecualificación, las pensiones...”