Mazón tardó 16 meses en adquirir una aplicación de IA para predecir catástrofes por riadas

El Gobierno de Carlos Mazón tardó 16 meses en firmar el contrato para adquirir una aplicación de inteligencia artificial (IA) destinada a hacer predicciones y modelos sobre riesgos meteorológicos. El proceso de contratación de ese software lo puso en marcha el Ejecutivo de Ximo Puig en mayo de 2023 y en diciembre de ese año, ya con Mazón en el Palau de la Generalitat, se adjudicó a la empresa encargada de ponerla en macha. Sin embargo, el convenio para comprar esa herramienta informática a la adjudicataria no se firmó hasta el pasado 21 de octubre, solo ocho días antes de que la dana asolara gran parte del suroeste de Valencia causando 219 muertos solo en esa provincia y afectando gravemente a decenas de miles de personas. La tardanza en la formalización de la compra provocó que no pudiera utilizarse para gestionar la catástrofe.

La herramienta informática licitada por el Ejecutivo de Puig tenía que permitir "hacer estimaciones sobre la afección territorial de la emergencia y su posible evolución, proponiendo posibles medidas de protección a la población, infraestructuras y zonas vulnerables". También "realizar análisis del peligro en función de la vulnerabilidad frente a diferentes tipos de emergencias". Otra de sus funciones era la "elaboración de informes periódicos de seguimiento y posible evolución de la emergencia" así como la "integración de datos con la cartografía de análisis del riesgo ya existente", según el pliego de condiciones técnicas del contrato, firmado el 15 de mayo de 2023. Según fuentes del anterior ejecutivo el sistema tenía que poner a disposición de los técnicos modelos de futuro en un margen de entre una hora y siete días con una vigilancia constante de las condiciones meteorológicas.

En el caso de inundaciones, el sistema tenía que ser capaz de "analizar, registrar e interpretar el máximo de fuentes". En concreto, "datos pluviométricos, reales y acumulados para períodos determinados", "análisis estadísticos", "interpretación de caudales circulantes en cauces" así como el volumen de "embalses y desembalses". El programa tenía que contar con la función de "emitir alertas en base a algoritmos propios o avalados por la comunidad científica" sobre "lluvia esperada, vulnerabilidad de bienes y personas y acumulación de lámina de agua en entornos urbanos", justo lo que falló con la dana el pasado 29 de octubre. El objetivo era tener "capacidad de monitoreo permanente de la probabilidad y posibilidad de afección y vulnerabilidad "de infraestructuras y bienes sensibles". Además de en inundaciones, el sistema tenía que funcionar con otros riesgos meteorológicos, como "nevadas, olas de calor y frío, vientos y temporales costeros".

Durante los últimos días de su mandato, en mayo de 2023, el Gobierno del PSPV y Compromís hizo las modificaciones presupuestarias pertinentes para sufragar los gastos destinados a la adquisición de esa herramienta y publicó el pliego de prescripciones técnicas para la celebración de la convocatoria. Ya con Mazón presidiendo el Consell, en diciembre de 2023, el contrato se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas de la que formaba parte una filial de Aguas de Barcelona. Pero el contrato con esa entidad no se formalizó hasta el pasado 21 de octubre por lo que esa tecnología no pudo ponerse en marcha durante las horas críticas del inicio de la dana y en los días posteriores. Su función, según fuentes del Ejecutivo del Botànic, "era anticiparse a los cambios repentinos de los fenómenos meteorológicos adversos provocados por el cambio climático para que el Centro de Coordinación de Emergencias y los técnicos sobre el terreno pudieran adaptarse a ellos y minimizar los daños".

El destinatario de esa aplicación era la "Unidad de Análisis y Seguimiento" anunciada por la exconsellera de Justicia, Interior y Administración Pública Gabriela Bravo en septiembre de 2022. Esa unidad, cuyo destino era el Centro de Coordinación, tenía que integrarse en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) y en el Puesto de Mando Avanzado una vez declarada la catástrofe. Integrado por seis personas, las dos primeras fueron nombradas por el Gobierno de Puig, pero Mazón no ha sacado a concurso las otras cuatro plazas hasta el pasado 6 de noviembre, días después de la tragedia provocada por el desastre natural que asoló Valencia el 29 de octubre.

Bravo detectó las carencias técnicas del sistema valenciano de emergencias tras la oleada de incendios del verano de 2022. La decisión de crear esta unidad específica y dotarla de las últimas tecnologías se adoptó tras el comportamiento inesperado y repentino del fuego declarado en Bejís, que asoló ese mismo verano más de 20.000 hectáreas en la provincia de Castellón. Un cambio violento e inmediato en el comportamiento de las llamas provocó el 16 de agosto la detención inmediata de un tren que transitaba entre Valencia y Zaragoza con 49 personas a bordo. Al ver las llamas, algunos pasajeros salieron huyendo del covoy y 15 de ellos necesitaron asistencia sanitaria. El Cecopi había estado reunido una hora antes pero no fue capaz de detectar ese riesgo y por ello se decidió crear esa unidad y contratar el sistema informático para su funcionamiento.

Esa unidad de élite y las herramientas necesarias para hacer su trabajo no fueron las únicas iniciativas que el Consell, ya con Mazón al mando, metió en un cajón durante meses. El Gobierno del PP también presentó como un éxito durante sus primeros meses en el cargo el desmantelamiento de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVA) también lanzado por Puig, y que tenía entre sus funciones "la intervención y colaboración en cualquier lugar de la Comunitat Valenciana o en apoyo a otras comunidades autónomas junto con las instituciones del Estado y las Administraciones públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, u otras necesidades públicas".