El mecanismo para la concesión de medallas policiales que aseguran a los condecorados un plus salarial vitalicio se ha convertido en un secreto guardado bajo llave. Ahora, y tras lustros sin cambios, la negativa a facilitar al sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP) las razones del otorgamiento de una determinada medalla ha acabado en los tribunales.
La brecha abierta evidencia la opacidad que rodea este asunto. Y pone de nuevo el foco en un conflicto larvado que solo salta a un plano visible cuando trasciende que un torturador franquista como Billy el Niño o, salvando las distancias, un comisario de la denominada policía patriótica –José Manuel Villarejo– se cuentan entre los premiados con pluses: vitalicios y que pueden llegar a rondar incluso los 300 euros al mes por medalla. Con una ley elaborada en pleno franquismo –1964– y todavía vigente, ninguna norma permite siquiera retirar las condecoraciones a menos que una sentencia firme declare la inhabilitación absoluta del condecorado. Salvo alteraciones drásticas en su articulado, la futura Ley de Memoria abrirá por fin la puerta a esa retirada si el perceptor de los honores y la pensión especial ha realizado actos "manifiestamente incompatibles" con la Orden del Mérito Policial.
Pero de momento, la opacidad se traduce en que nadie, excepto la jerarquía policial y el interesado, sabe el porqué exacto de los méritos atribuidos para entregarle una medalla y un complemento salarial a un miembro de la Policía. No solo el sindicato ARP, minoritario y con solo cuatro años de vida, suscribe el reproche por la falta de transparencia. "Las medallas son lo más oscuro que hay en la Policía", dice pidiendo el anonimato un dirigente de otra organización sindical de mayor afiliación y de ya larga trayectoria.
La clave de la impugnación formulada por ARP ante los juzgados centrales de lo contencioso, es decir, en la Audiencia Nacional, son los argumentos del director general del Cuerpo para no aportar la información requerida. ¿Información sobre qué? Sobre el "concreto mérito" por el que Interior asignó en 2018 la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al Comisario Principal y Jefe Provincial de Alicante, Alfonso Cid.
ARP cursó su solicitud de información el 17 de enero. Y lo que el 9 de julio adujo en su escrito de respuesta el director general de la Policía, Francisco Pardo, fue lo siguiente: que "el conocimiento de los méritos concretos para la concesión del mencionado distintivo pondría al afectado en un estado constante de inseguridad y ansiedad". Se vulneraría así –prosigue el texto– "su derecho a la seguridad personal" y a "no soportar perturbaciones o desasosiegos procedentes de cualquier medida que atente su tranquilidad". ¿En qué sustenta Pardo argumentos como los expuestos y que en un país con Ley de Transparencia parecen romper el molde? En que "no debemos olvidar que si las personas responsables de hechos delictivos en los que el señor Cid Alguacil participó como agente de la autoridad (...) conocieran esa participación podrían llevar a cabo acciones de represalia contra él". Y eso haría "peligrar su integridad y la de otras personas, dado que en la relación de méritos figura información al respecto". El director general entiende que la Ley de Transparencia avala su posición.
Fuentes policiales ajenas al circuito oficial consideran "peregrino" el hilo argumental del director general. Una de esas fuentes detalla así el porqué de su perplejidad: "Cualquier delincuente que quiera puede saber qué policías participaron en su persecución o su arresto o en la búsqueda de pruebas porque los atestados policiales se incorporan a las diligencias judiciales. Y esas diligencias llegan a todas las partes". En efecto, incluso los casos que se investigan judicialmente en secreto terminan abriéndose a acusaciones y defensas. La Dirección General de Policía no respondió el viernes las preguntas enviadas por infoLibre sobre el recurso de ARP.
¿Existe un retrato robot capaz de definir a los galardonados? No. El nexo común para acceder, por ejemplo, a la cruz con distintivo rojo, segunda en cuando a dotación económica tras la medalla de plata y con mayor número de perceptores, es cumplir alguno de los requisitos fijados por la normativa: haber sido heridos en acto de servicio "o por causa de él". O haber protagonizado "hechos distinguidos y extraordinarios con patente riesgo o peligro personal". O haber participado en un "hecho abnegado" o que "manifieste alto valor en circunstancias de peligro para su persona, con utilidad para el servicio o prestigio para el Cuerpo". O haber prestado "tres o más servicios en los que medie agresión con armas, aun sin resultar herido".
Unidas Podemos pedirá este jueves al Congreso quitar condecoraciones a dictadores
En 2018, último listado al que ha tenido acceso infoLibre, Interior otorgó 152 cruces al mérito policial con distintivo rojo. El año anterior habían sido 159, según una respuesta parlamentaria que constata la falta de datos exactos sobre las virtudes del condecorado. En la columna central de la relación entregada al Congreso se repiten como un mantra tres palabras: "Meritorio hecho concreto". Y en la casilla contigua aparecen explicaciones que, aun sin despejar todas las incógnitas, sí ofrecen pistas. La actuación del policía en operaciones contra el terrorismo o el narcotráfico constituyen las dos causas más esgrimidas. ¿Por qué unos sí y otros presentes en el mismo operativo y que en apariencia han reunido idénticos merecimientos se quedan sin medalla? Es la gran incógnita.
"Muchas medallas se conceden a punto de la jubilación porque en realidad se trata de una pensión encubierta", sostiene el portavoz de ARP, Luis Miguel Lorente. Lo piensa también el otro dirigente sindical antes citado y que considera las condecoraciones el apartado "más oscuro". "En términos relativos –opina– hay demasiadas medallas para comisarios principales y comisarios cuando todos sabemos que están en sus despachos y que quienes se arriesgan personalmente son sus subordinados". Según otras fuentes, la Policía dedica al año seis millones de euros para condecoraciones.
El viernes, una información publicada por el diario El Español reforzaba la tesis de que el sistema vigente mantiene en la sombra los verdaderos criterios de concesión. Según ese digital, el número dos de la Policía Autonómica Gallega, la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta de Galicia, se ha propuesto a sí mismo al Ministerio de Interior para recibir la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. ¿La razón de su valía para recibir una medalla pensionada? Una operación llevada a cabo durante la pandemia en la que se detuvo a las puertas de su casa a una única persona acusada de un presunto delito de robo de mascarillas. El reparto anual de medallas tiene lugar el 2 de octubre, día de la Policía.
El mecanismo para la concesión de medallas policiales que aseguran a los condecorados un plus salarial vitalicio se ha convertido en un secreto guardado bajo llave. Ahora, y tras lustros sin cambios, la negativa a facilitar al sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP) las razones del otorgamiento de una determinada medalla ha acabado en los tribunales.