Las medidas del pacto PSOE-Ciudadanos que rechaza Rajoy

El reloj para una nueva convocatoria electoral echó a andar la noche del miércoles cuando Pedro Sánchez se sometió a la primera de las votaciones para su investidura. Sólo logro 130 votos, los 90 de sus diputados y los 40 de Ciudadanos. La segunda votación, este viernes, tampoco le dio para gobernar al lograr sólo un apoyo más, el de Ana Oramas (Coalición Canaria). A partir de ahora los partidos tienen dos meses para ponerse de acuerdo. Regresan las rondas de contacto y el intercambio de papeles. Y, por parte del Partido Popular, según han señalado los máximos dirigentes de la formación, sigue existiendo la intención de reunirse tanto con el PSOE como con Ciudadanos. Eso sí: la condición previa es que todo pacto pasa porque Mariano Rajoy gobierne. A día de hoy es innegociable.

En este contexto de aparente bloqueo, los partidos perfilan sus discursos y estrategia con un fin último: el de que sus rivales políticos se retraten. Pese a que Albert Rivera fue muy crítico con Rajoy en su intervención en el debate de investidura, Ciudadanos va a seguir demandando al PP su abstención para que gobierne Pedro Sánchez. Y, según avanzó el portavoz en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, van a trasladarle el acuerdo con el PSOE para que digan "qué no le gusta". Un acuerdo del que el PP siempre critica que tuvo conocimiento por la prensa. Si todo sigue según lo anunciado por los equipos de Rivera y Sánchez, cuando a los conservadores se les demande que concreten qué no les gusta del "Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso" en la mesa habrá representantes de PSOE y C´s.

Ciudadanos quiere, pues, que el PP explique qué es lo que le resulta inadmisible del documento que ha pactado con Sánchez. En la formación liderada por Rivera siguen considerando que el texto sería perfectamente asumible por los conservadores. Pero al partido de Rajoy le chirría prácticamente todo porque lo consideran una enmienda a la totalidad de sus medidas. "¿Por qué vamos a tragar con este texto? Nos respaldan siete millones de votantes y a ellos nos debemos", subrayan desde el Gobierno.

"No nos gusta ni la letra ni la música", valora un parlamentario del PP que recuerda que Rajoy ya ha dicho que no a cualquier acuerdo que pase por que él se aparte. No obstante, dentro de la "letra" hay cuestiones que escuecen en las filas conservadoras. Y mucho.

infoLibre repasa a continuación los puntos del acuerdo PSOE-Ciudadanos que menos gustan en Génova, sede nacional del PP. "Se puede hablar de todo", subrayan desde la dirección del partido, "pero no podemos cargarnos las leyes que nos han colocado donde estamos hoy después de la situación que nos encontramos en 2011. Sería echar por tierra los avances. Y eso sí que no nos lo perdonarían los ciudadanos", recalcan.

Supresión de las diputaciones

"Supresión de las diputaciones provinciales de régimen común y creación de consejos provinciales de alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva". Así figura en el acuerdo. Para el PP este asunto es innegociable. "Se les puede cambiar de nombre si quieren y a lo mejor estaríamos dispuestos a aceptarlo. Pero nada de suprimirlas. Son instituciones fundamentales y generaríamos ciudadanos de primera y de segunda categoría", explica un dirigente regional. Rajoy, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra y lo lleva muy a gala, está totalmente en contra.

Los conservadores intentan dar una respuesta política a este punto y han anunciado que van a presentar mociones en todos los ayuntamientos de España para defender las diputaciones provinciales. Es una iniciativa coordinada por Javier Arenas, vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP. 

Para este dirigente, “el acuerdo de Ciudadanos y el PSOE ofrece serias dudas en cuanto a su constitucionalidad, al amparo del artículo 141 de nuestra Carta Magna”. A su juicio, “este acuerdo pone de manifiesto un ataque frontal a los municipios españoles, y de forma muy especial a los pequeños ayuntamientos”.

El vicesecretario del PP considera que “las diputaciones son imprescindibles para miles de ayuntamientos de España”. “Es falso que supongan un problema financiero, y además el coste de los servicios que prestan, de suprimirse, tendría que asumirse por otras administraciones”, subrayó cuando se anunció la iniciativa.

En la moción, los conservadores aprovechan para sacar los colores a los socialistas, acusándoles de usar este tema como moneda de cambio después de haber defendido estas instituticiones tanto en el programa de las municipales de mayo como en el de las generales de diciembre.

Esta campaña se ha completado con la exigencia de la dimisión del socialista Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (FEMP).

ADIÓS A LA LOMCE

En todos los argumentarios sobre educación del PP se recuerda que uno de los principales problemas de España en este campo es que se ha dado poco recorrido a las leyes. Que en cuanto ha habido un cambio de Gobierno, el nuevo se ha encargado de echar por tierra lo del Ejecutivo que le había precedido. De hecho, en democracia se han aprobado siete leyes educativas. Ahora, subrayan, el PSOE pretende hacer lo mismo con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con los "perjuicios" que a ojos del PP esto conllevará. Efectivamente, los socialistas y su socio Ciudadanos han llegado a un acuerdo para paralizar esta polémica ley.

En el apartado dedicado al "pacto educativo", ambas formaciones se comprometen a "constituir una Mesa para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación que, en el plazo de seis meses, permita la elaboración de un marco legal consensuado. Mientras tanto, se paralizará con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor".

Los conservadores creen que esta ley es clave para fortalecer las bases de la recuperación y reducir los índices de fracaso escolar y abandono temprano. Y, por tanto, no comparten en absoluto las intenciones de los dos partidos con los que quieren integrar una gran coalición.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En la página 55 del acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera figura lo siguiente: "Derogación inmediata de la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal". Se trata de algo que no comparten en el partido liderado por Rajoy. Y verbalizado por el vicesecretario de Organización y Electoral, Fernando Martínez Maíllo, esta misma semana tras el primer fracaso de Sánchez en la votación de investidura.

A su juicio, la pretensión del líder socialista es derogarlo todo. Y en ese "todo" incluyó "derogar la reforma laboral, la LOMCE o la prisión permanente revisable".

RELACIONES IGLESIA-ESTADO

En el acuerdo suscrito entre el PSOE y Ciudadanos hace una semana se sostenía lo siguiente sobre la elaboración de una ley de libertad religiosa y de conciencia. "Esta ley debe establecer un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas. Para ello se revisarán los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica", reza el texto.

Los conservadores no comparten este punto del acuerdo. Y sostienen que así se lo trasladarán tanto a Rivera como Sánchez en las posibles reuniones que se celebren a partir del lunes.

En las ocasiones en las que se ha debatido en el Congreso de los Diputados revisar los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, el partido liderado por Rajoy siempre se ha pronunciado en contra.

Aborto

En materia de interrupción voluntaria del embarazo, tanto el PSOE como Ciudadanos se muestran partidarios de la ley de plazos. Pero, además, la formación de Pedro Sánchez deja por escrito un asunto: "El Partido Socialista se reserva la posibilidad de impulsar la reforma de la ley del aborto en relación con las jóvenes de 16 y 17 años", justo el único cambio que los conservadores introdujeron en la ley la pasada legislatura tras un fuerte debate interno que acabó con la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Fue a él a quien Rajoy le hizo el encargo de modificar esta ley tal y como se habían comprometido en su programa electoral con el que ganaron las generales por mayoría absoluta en 2011. La propuesta de Ruiz-Galladón fue una vuelta a la ley de supuestos que eliminaba el de malformación.

La opinión más extendida en el PP es que es mejor no tocar el tema. Esto ya provocó en su día fuertes tensiones entre diferentes sectores del partido, con divisiones en el voto, y ahora consideran que lo mejor es no mover nada en ninguno de los sentidos. "Lo que propusimos y se aprobó es sensato. El tema de las menores era clave y trabajamos por reformarlo", señala un diputado.

Reforma laboral

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Sostiene Pedro Sánchez que si gobierna derogará la reforma laboral del PP. Y eso, para el partido de Rajoy son palabras mayores. No obstante, sobre este asunto hay cierta polémica porque en el texto firmado entre PSOE y C´s no hay mención expresa a acabar con este proyecto del PP, sólo a determinados aspectos. En todo caso, el partido del Gobierno en funciones ya ha se ha mostrado en contra de esta pretensión de los socialistas y reclaman a los firmantes del pacto que se aclaren en lo que tiene que ver con esta materia.

En el Congreso de los Diputados, Sánchez concretó su apuesta señalando que derogará "los cuatro elementos más nocivos" de dicha reforma, los que a su juicio la han convertido en “la cuna de la precariedad laboral y la desprotección de los trabajadores”.

En el documento que el PP trasladó a los partidos con cinco grandes pactos para una gran coalición no figura nada al respecto.