Imaginemos un país en el que el 1% más rico acapara casi 3 puntos más de la renta total que el 50% más pobre. La avería del ascensor social ha ampliado un 30% la brecha de pobreza por origen familiar. En ese país, con los servicios educativo y sanitario aún lastrados por la Gran Recesión y la pandemia, la clase media lleva tres décadas estrechándose, coincidiendo con un ciclo de políticas fiscales regresivas.
¿Quién pensaría que en ese país podía verse como algo popular, incluso electoralista, el anuncio a bombo y platillo de rebajas fiscales para aliviar al 0,2% más rico? Pues así funcionan las cosas, a pesar de que la evidencia acumulada indica que el relato sobre el que se asientan las supuestas ventajas para todos de la supresión de impuestos a los más pudientes es un frágil castillo de naipes.
Una defensa sin complejos de los favores al 'top 1'
No hace falta imaginar. El país es España, donde el PP ha lanzado en sus comunidades una catarata de medidas interpretadas como el arranque de la precampaña de las municipales y autonómicas de 2023. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunció la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio, unos 100 millones al año que pagaban poco más de 20.000 personas. "Andaluces, bienvenidos al paraíso", saltó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, comunidad que, junto a la propia Andalucía, es la de menor gasto educativo y sanitario per cápita. Algo rezagado, el presidente murciano, Fernando López Miras, avanzó que "muy probablemente" quitará patrimonio en 2023. La puja está abierta.
El PP enmarca este embate, similar a la que lanzó contra el impuesto de sucesiones, en una ofensiva más amplia que incluye rebajas del IRPF, también con las rentas altas como beneficiarias, en este caso no únicas. En el caso de Andalucía, la pasada legislatura el tramo más beneficiado por la rebaja fue el de ingresos más altos, por encima de 120.000 euros. No parece haber el menor complejo, tampoco miedo a ser acusado de gobernar para los ricos. Porque todas estas medidas –al igual que las becas de Ayuso para parejas que ganan más de 100.000 euros o las ayudas de Moreno para aquellas con ingresos de 80.000– se presentan dentro una lógica, según la cual "donde mejor está el dinero es en el bolsillo", sea cual sea la renta. En el caso de las más altas, el desafío según esta lógica consiste en ofrecerles el trato más favorable posible para que se queden o se instalen, dinamizando así la economía, creando empleo y permitiendo al mismo tiempo que la recaudación crezca y que la riqueza de los de arriba llegue por goteo –suficiente para beber– a los de abajo. Un ejemplo: el fin del Impuesto de Patrimonio en Andalucía no sería, siguiendo al Gobierno de Moreno, un regalo al 0,2%, sino un anzuelo para pescar a 7.000 nuevos ricos de cuyos oros vivirán muchos más.
Certezas y objeciones
Íñigo Macías, coordinador de investigaciones de Oxfam Intermón, interrumpe el cuento de la lechera con tres objeciones. La primera es conceptual: "España tiene un déficit estructural de ingresos tributarios. Aunque las cosas vayan bien, gastamos más [de lo que ingresamos]. Una competencia entre comunidades basada en la reducción de costes, no en añadir valor, es pan para hoy y hambre para mañana". Su segunda objeción es de "mensaje". "Se oponen los ingresos públicos, los impuestos, con el crecimiento. Se habla incluso de atraco fiscal".
La tercera objeción de Macías es empírica. "Lo que sabemos –dice– es que la supresión de los impuestos al patrimonio tiene un impacto directo en los recursos públicos, que disminuyen automáticamente. Sí, hay quien habla de unos efectos indirectos que justificarían la pérdida de progresividad. Pero no hay evidencia empírica de eso", señala Macías, que cuestiona la "famosa curva de Laffer", teoría que suele emplearse para defender que las rebajas a los más ricos acaban generando más ingresos al aumentar la actividad, y el trickle-down effect, o teoría del goteo o del derrame, según la cual librar de cargas a los más pudientes favorece por irradiación a toda la sociedad.
La economista Elena Costas, cofundadora de Knowledge Sharing Network, afirma que "no hay un argumento económico que sostenga" las políticas basadas en el recorte de impuestos a las rentas más altas con la justificación de un aumento de la inversión. Dicho argumento, añade, podría haber valido "en el siglo XIX y quizás a principios del XX", pero cae con la irrupción de las clases medias y su capacidad de ahorro, que "cambian las fuentes de las que proviene la inversión". "Si pensamos en estas familias ricas que se podrían beneficiar [de estas rebajas fiscales] y destinar este dinero a la inversión, lo que vemos es que su aportación es marginal, por lo que no tendría un efecto como el que se pretende", señala.
Jacob S. Hacker, profesor de Ciencias Políticas en Yale, que se ha ocupado extensamente del estudio de la desigualdad económica, sintetiza así la cuestión en declaraciones a infoLibre: "Los impuestos sobre la riqueza de los más ricos son una de las formas más obvias de reducir la desigualdad. Cuando se aplican eficazmente, están entre los impuestos más progresivos. Reducen la desigualdad directamente y a su vez permiten recaudar sumas considerables que pueden utilizarse para reducir la desigualdad a través del gasto público". Hacker señala que "el principal argumento en contra de estos impuestos es que reducen la inversión o el esfuerzo laboral de los superricos". Pero afirma que "las pruebas que apoyan este argumento han demostrado ser muy limitadas". "De hecho –añade–, las mejores investigaciones actuales sugieren que los impuestos tendrían que ser mucho más altos de lo que son en la mayoría de las democracias ricas antes de que desalentaran el trabajo o la inversión lo suficiente como para hacerlos indeseables como respuesta a la desigualdad".
La riqueza no gotea
Los escépticos se apoyan en artículos como Las consecuencias económicas de los grandes recortes fiscales para los ricos, de abril de 2022, obra de los investigadores del King's College David Hope y Julian Limberg, que han analizado 50 años (1965-2015) de "drástica disminución de los impuestos a los ricos". Los autores repasan los efectos de 30 reformas en 18 países de la OCDE, incluidas algunas emblemáticas, como las de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, y otras menos conocidas, como las de Canadá (1971), Austria (1989), Suecia (1991) y Alemania (2008). De media, cada reforma aumenta en tres años un 0,6% el porcentaje de la renta global que se lleva el 1% más rico. En cinco años, el porcentaje sube un 0,7%. En resumen: para los ricos, bien.
Pero, ¿y para la sociedad? El estudio concluye que con estas reformas el Estado pierde recursos y la economía no se revitaliza.
Hope y Limberg acreditan que cuanto más bajos son los impuestos a los ricos, más aumentan los incentivos de los altos ejecutivos para negociar "agresivamente" sus salarios, aumentando la renta que deja de estar disponible para los profesionales de menor estatus. A esto se suma un "aumento del comportamiento improductivo y de búsqueda de rentas". La economía se vuelve menos creativa. No hay impacto en la riqueza per cápita ni en la tasa de paro ni a corto ni a medio plazo. Tampoco aumenta la inversión, contradiciendo la promesa de los apóstoles del trickle down. "Nuestros resultados [...] aportan pruebas contundentes de que la reducción de impuestos a los ricos aumenta los porcentajes de ingresos superiores, pero tiene poco efecto sobre los resultados económicos", señalan los autores.
La crítica académica a la generosidad fiscal con el 1% y el 10% de arriba tiene un puntal en el afamado economista francés Thomas Piketty, que ha logrado elevar a cuestión central del debate académico la desigualdad derivada de las reformas neoliberales. Pero la crítica a la fiscalidad premium para ricos llega desde diversos frentes. En su artículo de 2017 ¿Recortes de impuestos para quién?, el profesor de Economía en Princeton Owen Zidar, un investigador crítico con Piketty, encuentra una relación entre rebajas de impuestos y crecimiento del empleo sólo cuando dichas rebajas son para el 90% de renta más baja. "El vínculo empírico entre el crecimiento del empleo y los cambios fiscales para el 10% superior es débil", añade Zidar, para quien sus resultados llaman al "escepticismo" sobre la "teoría del goteo".
A estos estudios se suma otro de 2021 de los economistas Sebastian Gechert, del Instituto de Política Macroeconómica de Düsseldorf, y Philipp Heimberger, del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena, que concluyen que las rebajas fiscales a las empresas “no tienen efectos relevantes o estadísticamente significativos en el crecimiento económico”.
Una curva cerrada
La curva de Laffer no dice –como suele simplificarse– que a menos impuestos, más recaudación, sino que hay un punto de inflexión a partir del cual, si se siguen subiendo los impuestos, baja la recaudación. Jacob Lundberg, economista jefe de Timbro, un think tank liberal sueco, en su artículo La curva de Laffer para rentas altas, de 2017, analizó 27 países de la OCDE y concluyó que sólo cinco –Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia– habían pasado ese punto de inflexión a partir del cual sería positivo bajar impuestos a las rentas más altas. ¿Y España? Según explicó el propio Lundberg a El Confidencial en 2019, España está lejos de ese punto de inflexión. Es decir, está en la fase en que subir impuestos equivale a recaudar más, no al revés.
En realidad, no hay más que ver los números para concluir que España tiene un sistema fiscal poco progresivo. El reciente informe Desigualdad de la renta y redistribución en España, de Clara Martínez Toledano, profesora de Economía Financiera en el Imperial College Business School, ha puesto de relieve que, sumando las principales figuras del sistema fiscal, los deciles inferiores de renta están sujetos a un tipo medio del 28%, mientras que los que figuran en el extremo opuesto de la tabla soportan un 27%, después de que la progresividad fiscal haya caído desde la crisis de 2008. Otra vez queda patente que los impuestos no logran una corrección significativa de las desigualdades. El 50% más pobre concentra un 14% y un 17% de la renta nacional antes y después de la redistribución fiscal, respectivamente. Es decir, sólo hay 3 puntos de corrección. Otro dato: en 2019 el Impuesto de Patrimonio, que paga en torno al 0,2% más rico, supuso 1.220 millones, el 0,17% del patrimonio total declarado en el país, según un informe de julio de Oxfam Intermón, que precisamente apuntaba como causa a las bonificaciones de las comunidades autónomas. La competencia entre autonomías provoca que "dos de cada tres de los más ricos no paguen el impuesto al patrimonio".
El propio Gobierno, en su plan España 2050, diagnóstico elaborado con ayuda de numerosos expertos, concluye que existe una "insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva" de un sistema fiscal en el que "las personas más pobres pagan más impuestos, en términos relativos, que las de clase media, y las transferencias sociales están menos focalizadas en los colectivos vulnerables que en otros países de nuestro entorno". Las políticas fiscales y sociales, añade el diagnóstico, no ejercen suficiente "acción correctora". El IRPF provoca un efecto redistributivo menor que la media de la UE. El quintil más rico recibe más transferencias públicas (30%) que el más pobre (12%). Dentro de la OCDE, España está en la vanguardia de la regresividad.
Es en esta realidad en la que ahora el PP ha desatado una carrera de rebajas fiscales sin enfoque progresivo.
Lejos de la supuesta pulcritud contable de los defensores de las bajadas de fiscales para los ricos, Carlos Martín, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, ve un proyecto ideológico escorado a la derecha y amparado en argumentos falsos. "El PP –señala el también director del Gabinete Económico de CCOO– representa los intereses del capital más rancio, el que busca rentabilizarse no compitiendo internacionalmente, arriesgando y generando valor, sino quedándose con la cuota de mercado de los servicios públicos. Con este fin, necesita debilitarlos estrangulando su financiación para animar así su abandono por la clase media, que a continuación reclamará más bajadas de impuestos, una vez que estos servicios se los preste el sector privado". Se trata, afirma, de "hundir poco a poco al Estado ahondando en su ya de por sí elevada infrafinanciación". Y añade: "Es el cabildeo clásico de toda la vida, pero financiado con ilusión fiscal. La ilusión de que los servicios de calidad los provee mejor el sector privado, lo que es mentira y además oculta que son mucho más caros y una gran mayoría no podrá acceder a ellos".
Martín alerta de los riesgos del caso específico de Andalucía, "que no cuenta, como Madrid, con rentas extraordinarias por capitalidad para amortiguar el golpe infligido a las finanzas públicas".
Una idea popular
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De modo que ideas económicas que en el plano académico afrontan impugnaciones solventes siguen prosperando, en cambio, en el terreno político. ¿Por qué? Hacker, de Yale, ofrece una explicación en crudo: "En la práctica, la fijación de impuestos a los superricos viene determinada por la política, no por la economía. Los ricos tienen mucha influencia sobre los gobiernos y también muchos incentivos para utilizar esa influencia para evitar una mayor imposición sobre sus ingresos o su riqueza".
Hope y Limberg, del King's Colle, admiten que la idea de que los recortes de impuestos para los ricos "se filtran" hacia abajo sigue siendo "influyente", "poderosa" y "persistente", tanto entre los que toman las decisiones como entre sus votantes. Junto a Nina Weber, ambos son autores de un artículo de agosto de 2021 que trata de resolver un "rompecabezas permanente de la economía política": ¿Por qué (algunos) estadounidenses de a pie apoyan los recortes fiscales para los ricos? La respuesta está en las opiniones recogidas en una encuesta a 3.000 personas que desvela "el apoyo continuado" a las fórmulas reaganistas inspiradas por Laffer y la teoría del goteo. "Nuestros resultados muestran la rigidez de las creencias sobre el goteo, incluso ante la evidencia de que la reducción de los impuestos a los ricos se ha asociado con un menor crecimiento", concluyen los autores. Un dato: sólo el 61% apoyaba subir los impuestos no ya a los ricos, sino al 1% más rico, con ingresos anuales de más de 523.600 dólares.
Entre los republicanos, este porcentaje descendía al 31%. El sesgo según el partido no tiene mayor misterio. Estamos hablando de palabras –y de cómo esas palabras calan en la gente según sus creencias previas, determinadas ideológicamente– no de números. En 2019, en un artículo en Political Behavior, Vivekinan L. Ashok (Cornell University) y Gregory A. Huber (Yale) detectaron un amplio apoyo a los beneficios fiscales "incluso cuando está claro que los hogares con mayores ingresos obtendrán más de esos beneficios". Como explicaron los autores en el Washington Post: "Los encuestados a los que se les mostró el marco regresivo –en el que los hogares acomodados recibían el doble de dinero– seguían estando a favor de ampliar la deducción". Aunque el "paraíso" no sea para todos, parece que la esperanza de que lo sea sí.
Imaginemos un país en el que el 1% más rico acapara casi 3 puntos más de la renta total que el 50% más pobre. La avería del ascensor social ha ampliado un 30% la brecha de pobreza por origen familiar. En ese país, con los servicios educativo y sanitario aún lastrados por la Gran Recesión y la pandemia, la clase media lleva tres décadas estrechándose, coincidiendo con un ciclo de políticas fiscales regresivas.