Melilla, un laberinto para los migrantes que llegan a España por la frontera sur

Melilla, una ciudad con una población ligeramente superior a las 86.000 personas, es una de las principales puertas de entrada que encuentran los migrantes en su camino hacia España y Europa. Su situación geográfica es lo que lo explica: junto a Ceuta, es una frontera directa con Marruecos. Y eso es lo que hace que se convierta en una "encrucijada migratoria". Así lo considera el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que ha presentado este jueves en Madrid su último informe, que lleva por título Sacar del laberinto. Informe frontera sur 2018 [y que se puede consultar en PDF en este enlace]. 

Sólo en el año 2017, un total de 4.912 personas accedieron a la ciudad autónoma a través de sus fronteras marítimas y terrestres. En lo que llevamos de año, la cifra ya ha alcanzado las 4.818 personas, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. Aunque la cifra es elevada, no es mayor que la que ya se registraba hace cuatro años. "Sigue habiendo jóvenes subsaharianos que acceden saltando las vallas, algunas veces en grupos numerosos, las más, en pequeños grupos que pasan bastante desapercibidos", explica la organización, que añade que "también es preciso prestar atención a las entradas de población subsahariana por mar y escondida en vehículos". 

Llegan buscando una salida a la violencia que impera en sus países de origen, que fundamentalmente son Argelia, Siria, Túnez, Libia o Yemen. Atravesar la frontera española –y europea, a su vez– parece una salida. Sin embargo, pisar el suelo de otro continente no les asegura, en casi ningún caso, despedirse de las dificultades. "En su experiencia de trato con personas migrantes y refugiadas en Melilla, el SJM siente frecuentemente que se ven como atrapadas en un laberinto, en parte físico (o geográfico), en parte tejido por una maraña de normas y prácticas administrativas que frustran la regularización del proyecto migratorio", explica el documento. 

Y es que la ciudad, según denuncia el SJM, funciona, a la hora de atender la migración, con "informalidad y falta de motivación". Así, la organización sospecha de "arbietrariedad en determinadas actuaciones administrativas", además de denunciar la "falta de información sobre los criterios de interpretación y aplicación de las normas, falta de acceso a la documentación obrante en los expedientes y deficiencias en la asistencia letrada de oficio". En definitiva, la ciudad funciona como un tejido formado por seis laberintos que dificultan la llegada, la permanencia y la salida de la situación de la que huyen los migrantes. 

1. Devoluciones en caliente a pie de valla

España ha recibido un total de nueve tirones de oreja respecto a las devoluciones en caliente. El Ejecutivo socialista dijo, antes de llegar a la Moncloa, que una de sus intenciones era acabar con este tipo de prácticas. Pero por el momento no ha habido ninguna novedad. En estos momentos, la comisión de Interior del Congreso está debatiendo sobre la reforma de la ley mordaza que es, precisamente, la norma que legalizó de facto las expulsiones sumarias. Es la oportunidad, por tanto, de prohibirlas por ley. Sin embargo, el Ejecutivo aseguró que esperarán a que se resuelva el recurso que impuso el Gobierno del PP contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró ilegales las devoluciones en caliente y condenó a España a pagar 5.000 euros a dos migrantes que fueron devueltos a Marruecos en 2014.

Mientras tanto, según evidencia el SJM, los rechazos en frontera se siguen produciendo. Y se hacen sin un procedimiento que asegure que no se está constituyendo una expulsión colectiva o una violación de los Derechos Humanos. Es decir, sin identificar a cada persona, sin verificar sus circunstancias personales, sin informar sobre la posibilidad de solicitar protección internacional y sin proporcionar un intérprete o asistencia letrada. 

2. Las llegadas por la costa de Melilla, en un "limbo jurídico"

Según el informe presentado por el SJM, un total de 681 personas llegaron a la ciudad autónoma a través del mar, una vía igual de peligrosa y problemática que la terrestre. Según explica la organización en su informe, "las operaciones de policía en aguas costeras de Melilla es análoga" a las que llevan a cabo en la valla de la ciudad autónoma. "Se devuelve a personas migrantes a territorio marroquí sin salvaguardar las garantías mínimas de los Derechos Humanos". Pero con un problema añadido: al no existir una frontera claramente visible que permita delimitar en aguas de qué país se encuentran las embarcaciones a bordo de las cuales viajan los migrantes, es complicado hablar de devoluciones en caliente. De este modo, intervienen las autoridades marroquíes o españolas indistintamente. 

Según denuncia el SJM, "podría dar la impresión de que se opera, alternativamente, desde la presuposición de la jurisdicción española sobre las aguas costeras españolas o desde la excusa de que la frontera marítima no está delimitada para justificar la intervención de las patrulleras marroquíes de cara a remolcar hasta suelo marroquí a las embarcaciones interceptadas". Frente a la indefinición, la organización lo tiene claro: lo que tiene que primar es "el criterio de salvar vidas o de, al menos, no ponerlas en mayor peligro". 

3. Identificados en España, readmitidos en Marruecos

Hay quienes, en lugar de llegar a la frontera terrestre o a las propias costas de Melilla, termina en alguno de los islotes o peñones cercanos a la ciudad sobre los que España tiene la soberanía. Aquí se produce algo complicado. No hay devoluciones en caliente como las que se producen en la valla o en la indeterminación marítima, pero sí ocurre algo parecido. "Después de una primera conducción a Melilla para las labores de identificación, se les reenvía al punto de desembarco en territorio español, adonde acude una patrullera marroquí para hacerse cargo de las personas migrantes, readmitiéndolas en su territorio. 

Las autoridades se amparan, para ello, en el acuerdo que firmaron los dos países en el año 1992, que establece que las personas de terceros países que lleguen a España procedentes de Marruecos pueden ser expulsados de manera exprés tras ser identificados. Pero, de nuevo, se presenta la misma problemática: "Sin una identificación cabal, se priva a muchas de las personas de la protección en España que les viene reconocida por el ordenamiento jurídico", denuncia el SJM, que es, precisamente, la organización que ofrece asistencia letrada e intérpretes en estos casos. 

4. Una vez en Melilla, ¿qué?

Sorteada la posibilidad de ser expulsado y una vez en territorio español tampoco acaban los problemas. Melilla funciona, tal y como denuncia la organización, como una encrucijada, y esta comienza en el mismo momento en el que el migrante pretende solicitar asilo en España. Porque hacerlo no es tan fácil. Pueden presentar su solicitud en la Oficina de Asilo y Refugio del puesto fronterizo de Beni Enzar o en las comisarías de policía autorizadas por el Ministerio del Interior. Aquí llega el problema: según denuncia el SJM, la mayoría rehúsa a tramitarlas a no ser que esté presente el servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear). Cuando sí lo hacen, en cambio, el servicio no es mucho mejor y se emplaza a los migrantes al "vuelva usted mañana". 

En cualquier caso, el primer destino de las personas migrantes que llegan a Melilla es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (Ceti), pero según critica el SJM –en consonancia con otras organizaciones–, las condiciones que presta no son válidas. Como su propio nombre indica, se trata de un lugar adecuado para la estancia temporal, pero el problema es que, en muchas ocasiones, esta se prolonga en el tiempo. Según denuncia la organización, hay personas que llegan a estar hasta más de un año en el centro. Y eso genera, a su vez, una saturación de las instalaciones. Además, tampoco existe ningún protocolo para detectar y proteger las necesidades especiales ni un reglamento que establezca claramente los listados de derechos y obligaciones, las infracciones y las sanciones. 

5. Una ciudad de la que no pueden salir

La saturación del Ceti se ve agravada, además, por la prohibición que tienen los migrantes para trasladarse a la Península. "Muchos solicitantes de asilo se quejan al SJM de vivir en un infierno", denuncia la organización. Pero la prohibición ha sido rechazada por la justicia. 

El pasado 23 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la primera sentencia en la que se reconoce el derecho de las personas solicitantes de protección internacional a la libre circulación por el territorio nacional, según informó El faro de Melilla. De este modo, dio la razón a la tesis del SJM, que denunció el impedimento a trasladarse a la península que sufrían los solicitantes de asilo provistos de tarjeta roja. A juicio del tribunal, así se vulneraba el derecho a la libre circulación, recogido en el artículo 19 de la Constitución. "La discriminación venía siendo doble ya que no se les permitía el acceso a sus derechos ni trasladarse a otro lugar donde poder ejercerlos", dijo la organización en un comunicado, que celebró la decisión y se mostró esperanzada ante la posibilidad de que el Comisario General de Extranjería y Frontera asumiera la sentencia. 

6. El problema con los menores y los jóvenes extutelados

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"La minoría o mayoría de edad de una persona extranjera adolescente va a determinar el marco jurídico que le es aplicable. En caso de resultar menor, lo será la legislación española, comunitaria e internacional prevista para protección de la infancia. [...] En caso de resultar mayor de edad, será de aplicación el procedimiento de extranjería", explica el informe presentado este jueves. Pero el problema principal está, precisamente, en el protocolo para determinar la edad. 

Según explicó Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, a infoLibre, para el TS, si el pasaporte determina que la persona tiene menos de 18 años, automáticamente debe ser puesto a disposición de los servicios de protección del menor. Sin embargo, el protocolo aprobado por el Gobierno en 2014 anulaba esta decisión. "Ahora, incluso con pasaporte o documentos del consulado de su país en el que se indica que son menores de edad", se les somete a unas pruebas de determinación de la edad, afirmó Reyzábal. "Son tres: una radiografía de la muñeca, de la boca, y la exploración de los genitales". 

Pero si son declarados menores de edad, su problema llega cuando cumplen 18 y dejan de ser tutelados por la ciudad autónoma. Muchos no obtienen la tarjeta de identidad de extranjero antes de salir del centro y, de este modo, se coarta su libertad de circulación por territorio nacional y se dificulta su empadronamiento y la renovación de su autorización de residencia.