La memoria histórica continuará judicializada en la capital. El abogado Eduardo Ranz confirmó a infoLibre que ratificará a lo largo de esta semana la demanda que interpuso el pasado mes de noviembre contra el Ayuntamiento de Madrid, en la que solicita que "se obligue" al consistorio a elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura y a que retire y redefina un total de 186 calles, 7 espacios públicos, 6 centros públicos y 1 placa de recuerdo homenaje. Además, el letrado explicó que también solicitará que acuda a declarar la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, así como el secretario general técnico del área de Gobierno de Cultura y Deportes, José Enrique Martín Arahuetes.
Después de que no obtuviesen respuesta afirmativa dos derechos de petición al consistorio de la capital para que procediese a la elaboración del catálogo de vestigios y al cambio de nombre de las calles, el abogado Eduardo Ranz –que ya ha denunciado por el mismo motivo a más de 60 alcaldes y a 15 Obispados y Arzobispados– interpuso el 24 de noviembre una demanda en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Tras admitirse a trámite, el juez le hizo llegar a Ranz el expediente administrativo del ayuntamiento el pasado 20 de enero. "La documentación que me han hecho llegar no tiene ni una sola alegación. Sólo se aportan los derechos de petición, que ya los había facilitado yo en el juzgado, emails que se cruzan ente ellos... Y una resolución de un párrafo, que yo desconocía, en el que alegan que no es el procedimiento administrativo adecuado y que firma el secretario general", apunta Ranz a este diario.
"Gran contradicción"
Para el abogado existe "una gran contradicción entre lo que han defendido en debates y actos públicos los miembros de Ahora Madrid" y lo que están haciendo en el Ayuntamiento. Ranz considera que "en cuestiones de fondo" está tratando el tema "de la misma manera la administración de Ana Botella que la de Manuela Carmena". "De lo que se trata es de cumplir la Ley de Memoria Histórica", apunta, una norma que, en su opinión, "está derogada de facto" desde la eliminación de las partidas en los Presupuestos Generales del Estado y "el cierre de la oficina de víctimas".
En concreto, el letrado asegura que se está incumpliendo el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones públicas a "tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos", y el 15.3, que ordena al Gobierno colaborar con las comunidades autónomas y las entidades locales "en la elaboración de un catálogo de vestigios".
Pero la iniciativa de Ranz no concita el respaldo de los colectivos que luchan por la dignidad de las víctimas del franquismo. El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado, considera que la demanda interpuesta por el abogado "es políticamente muy poco conveniente en estos momentos". "Es una cuestión inoportuna", sentencia.
Aprobada la redefinición de 30 calles
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por su parte, aprobó el pasado 22 de diciembre, con 36 votos a favor –Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos– y 19 en contra –PP–, que en un plazo de cuatro meses se elabore un plan integral para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica –que será debatido junto con una declaración institucional de condena al franquismo– y que se propongan, en dicho texto, las modificaciones necesarias en el nomenclátor de calles y plazas de la capital. Este paso al frente de los tres partidos puso punto y final al revuelo del mes de noviembre, cuando los concejales de Ahora Madrid y los de C's propiciaron, con su abstención, que el Pleno no admitiera a trámite la moción urgente presentada por la socialista Purificación Causapié en la que se reclamaba lo mismo. "No es un tema que se deba tratar de forma urgente, hay que debatirlo bien", señaló entonces al respecto la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre.
Además, ese mismo día la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, adelantó que Madrid empezará a aplicar la Ley de Memoria Histórica con la redefinición de 30 calles –23 de ellas coinciden con las recogidas en la demanda del abogado Eduardo Ranz– de 16 distritos y la eliminación de cinco vestigios. El criterio seguido a la hora de seleccionar estas primeras vías, en palabras de la concejala, fue que "no hubiera margen de ninguna duda. O bien incitadores del golpe de Estado o ejecutores de delitos de lesa humanidad". Así, las placas serán sustituidas, tal y como se aprobó en el pleno del pasado 29 de enero a propuesta de Ciudadanos y con los votos a favor del PSOE y Ahora Madrid, "preferentemente" por otras que homenajeen a víctimas del terrorismo nacidas en la capital.
En teoría, y según aseguraron desde el consistorio, el cambio debe concluirse en un plazo de seis meses, por lo que antes del verano esta redefinición debería estar finiquitada. "La ordenanza se tiene que ir aprobando en las Juntas de Distrito, luego pasaría a la Secretaría Técnica de Cultura y Deportes en el caso de que se tratase de una calle y, finalmente, el proceso concluiría con la aprobación en la Junta de Gobierno", explicaron desde el Ayuntamiento de Madrid a infoLibre.
Arturo Peinado, por su parte, aclara que cuando se reunieron con el consistorio defendieron "que esta redefinición de todas las calles y la eliminación de los vestigios franquistas debería quedar satisfactoriamente cerrada a mitad de legislatura, es decir, en mayo de 2017". Aunque considera que "en el fondo lo importante es que se realice", confiesa que temen que "si se dilatan los plazos al final no se haga".
Preguntado sobre si la iniciativa aprobada en el Pleno del ayuntamiento cambiaba su punto de vista, el abogado Eduardo Ranz asegura que "no lo altera". "Les comenté que yo no tenía ningún problema en modificar o incluso retirar la demanda siempre y cuando se cumpla le Ley de Memoria Histórica", afirma, añadiendo que incluso se podría hacer "de común acuerdo o coordinado con la asesoría jurídica" del Consistorio madrileño. "Yo lo que quiero es que se retire el nombre de las calles y se elabore un catálogo", sentencia.
Catálogo de vestigios
"Es necesaria la elaboración de un informe en el que se explique la relación de la persona en sí con el periodo de tiempo que va desde la Guerra Civil hasta el final de la dictadura", dice Ranz. Desde el Ayuntamiento señalan que el plan de memoria histórica, que será público, contará con un catálogo de vestigios y será presentado en el mes de abril. Desde las asociaciones memorialistas concretan la fecha: el día 22. El documento –que incluye, entre otras cosas, una guía para modificar el nombre, el calendario para hacerlo, los criterios y la cuantía– está siendo elaborado por la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. "Son ellos, expertos en España en la materia, los que interpretan qué calles se tienen que cambiar", aseveran fuentes del Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena, que añaden que "se tendrá que hacer un estudio académico e histórico" de cada una de las vías.
Sin embargo, el concejal del PP Pedro Corral pidió el pasado 29 de enero al Ejecutivo municipal que cuente con "historiadores plurales" y no con la cátedra de la UCM, que definió como "parcial, subjetiva y revanchista". En este sentido, también hizo alusión a su directora, Mirta Núñez, "la hijastra de Fidel Castro": "Es muy encomiable que se dedique a estudiar los crímenes del franquismo y todos los españoles se lo agradecemos, lo digo de verdad, sabiendo además como sabemos todos el ingente trabajo acumulado que esa cátedra tiene pendiente en Cuba a la hora de estudiar los crímenes de una dictadura, la de su padrastro, que ya es 20 años más longeva que la de Franco".
La cátedra, "gente muy profesional"
El contrato que firmó el consistorio de la capital con la cátedra fue por 17.999 euros más IVA, un euro menos de la cantidad que exige la convocatoria de un concurso público. Desde el Ayuntamiento de Madrid defendieron la decisión tomada argumentando que es "la única en España que reúne las condiciones". "Sólo hay una dedicada a la memoria histórica del siglo XX, por lo que sólo hay un proveedor y por eso no caben más ofertas", concluyeron.
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Este diario se puso en contacto con la cátedra para intentar conocer cómo están trabajando en el plan de memoria, cómo es su relación con el consistorio o qué criterios tienen en cuenta a la hora de decidir la retirada del nombre de una calle. Fuentes de este departamento universitario aseguraron a infoLibre que esta semana convocarán una rueda de prensa para "dar respuesta a estas preguntas, presentar la parte del plan relativa a la toponimia y hacer una valoración" sobre la intervención del concejal del PP. No quisieron hacer más declaraciones.
"Son gente muy profesional, muy seria, que van a elaborar su trabajo independientemente de intentos de manipulación por parte de nadie. Conocemos a Mirta y a otros compañeros y son personas competentes para no aceptar interferencias por parte del consistorio o los concejales", sentencia Peinado al ser preguntado al respecto.
El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria añade que las asociaciones memorialistas no están manteniendo, en este sentido, "reuniones" con la cátedra. Sin embargo, sí que se han citado "hasta en tres ocasiones" con representantes municipales: la alcaldesa, Manuela Carmena; el teniente de alcalde, Mauricio Valiente, y la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer. "No merece la pena hacer grandes valoraciones hasta que no tengamos el documento encima de la mesa", concluye Peinado.
La memoria histórica continuará judicializada en la capital. El abogado Eduardo Ranz confirmó a infoLibre que ratificará a lo largo de esta semana la demanda que interpuso el pasado mes de noviembre contra el Ayuntamiento de Madrid, en la que solicita que "se obligue" al consistorio a elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura y a que retire y redefina un total de 186 calles, 7 espacios públicos, 6 centros públicos y 1 placa de recuerdo homenaje. Además, el letrado explicó que también solicitará que acuda a declarar la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, así como el secretario general técnico del área de Gobierno de Cultura y Deportes, José Enrique Martín Arahuetes.