Menores trans, género no binario y derechos reproductivos, los flecos de la negociación tras el desbloqueo de la ley LGTBI

No se llamará ley trans ni será una norma específica, pero sí respetará la autodeterminación del género y contará con garantías jurídicas, los dos requisitos que trazaban para su tramitación los socios de Gobierno. El anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI llegará al Consejo de Ministros el próximo martes 29 de junio, según confirman las fuentes inmersas en la negociación. El texto, cuyo último borrador se cerró este fin de semana y al que tuvo acceso infoLibre, legisla sobre uno de los elementos centrales del debate sobre los derechos de las personas trans: la libre determinación de género, mediante el cambio registral sin terceros y sin pruebas acreditativas, pero con tres meses de reflexión. La versión definitiva del anteproyecto, sin embargo, se irá puliendo a lo largo de la semana a través de una negociación que sigue su curso y que se centra en aspectos clave como el género no binario, el papel de los menores o la reproducción asistida.

Lo que sí parece seguro, según las fuentes consultadas, es que las alteraciones que se produzcan durante los próximos días serán de trazo fino. El principal propósito era el de conjugar la libre determinación con la existencia de garantías jurídicas para vencer un eventual recurso de la derecha ante Tribunal Constitucional. "El cambio registral está incluido, pero con garantías. Vox va a recurrirla al Tribunal Constitucional, nuestro objetivo es que lo ganemos y por eso se ha tardado tanto en que el Ministerio de Justicia encuentre la fórmula", indican fuentes socialistas. La letra pequeña, insisten, será susceptible de cambios que no alterarán sustancialmente el anteproyecto.

Fuentes de la negociación confirman que entre los asuntos objeto de discusión se encuentran al menos cinco: menores trans, servicios incluidos en la cartera sanitaria, personas no binarias, derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI y protección de las víctimas de la violencia intragénero.

Entre los principales colectivos existe una evidente brecha. De un lado, la Federación LGTB, junto a Chrysallis y Fundación Triángulo, expresan su satisfacción y celebran el desbloqueo. Pero ponen el acento en dos asuntos pendientes de resolver: rebajar el suelo de edad para el cambio registral a los doce años y contemplar a las personas de género no binario en la ley. La Plataforma Trans, Euforia Familias Trans-Aliadas y No Binaries se centran en estos mismos aspectos, pero desde una óptica especialmente crítica: la tramitación de una ley que no "contempla autodeterminación para todas sin condiciones ni límites de edad" supone un acto de "violencia" contra el colectivo, defienden sus responsables.

Además de las posiciones del eje institucional y del tejido asociativo, el tercer pilar se encuentra en el movimiento feminista. Un sector importante advierte de los riesgos de sacar adelante una ley en los términos previstos. Confluencia Movimiento Feminista, compuesta por medio centenar de organizaciones, ha convocado movilizaciones este sábado para expresar su repulsa al anteproyecto, un "retroceso en la protección" de los derechos de las mujeres. "Ante la inacción cómplice de la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Igualdad ha ignorado y despreciado al movimiento feminista, promoviendo leyes contra las mujeres", asegura la agrupación.

La batalla de los menores

El anteproyecto permite el cambio registral a los menores de entre catorce y dieciséis años, siempre que estén asistidos por sus representantes legales. Según lo dispuesto sobre el papel, las personas de doce y trece años podrán acometer el cambio, siempre y cuando lo hagan bajo "aprobación judicial". Es decir, para estos supuestos deberá mediar el criterio de un juez. El menor tendrá que manifestar su disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y en consecuencia solicitar "autorización judicial para que se proceda a la correspondiente rectificación". Esta petición irá acompañada por "medios documentales o testificales acreditativos" de que el menor "ha mantenido de forma estable la disconformidad" con el sexo asignado al nacer. Un aspecto que las organizaciones consideran "un claro retroceso respecto a los derechos garantizados actualmente mediante las legislaciones de diferentes comunidades". El primer borrador que vio la luz en febrero rebajaba el suelo de edad para acceder al cambio registral, bajo consentimiento o solicitud de la representación legal, a los doce años.

Género no binario

¿Qué ocurre con el género no binario? Es otra de las cuestiones objeto de debate. Lo cierto es que el primer borrador no era excesivamente ambicioso, pero sí cumplía con las aspiraciones mínimas del colectivo. El texto incluía la posibilidad de omitir la mención relativa al sexo en los documentos oficiales, una medida pensada para "una parte de la población que no se identifica con los géneros masculino ni femenino". El documento, además, se concedía el plazo de un año para determinar el encaje legal de las personas no binarias, a través de un informe que remitiría a las Cortes sobre las "eventuales modificaciones normativas a emprender".

El texto actual no incorpora a las personas no binarias en su articulado. Este mismo lunes, la organización No Binaries ha querido ir más allá al reclamar la inclusión de una tercera casilla en el DNI como "primer paso" para poder implementar, posteriormente, las muchas reivindicaciones del colectivo a través de otras iniciativas.

Cartera de salud

Otro de los pilares del anteproyecto tiene que ver con la garantía del acceso a la salud para las personas trans. La primera versión del borrador disponía la inclusión en el Sistema Nacional de Salud de "asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico". En cuanto a los tratamientos específicos para menores, los más pequeños podrían acceder tanto al bloqueo hormonal al inicio de la pubertad como también a un tratamiento hormonal cruzado para favorecer que su desarrollo corporal se correspondiera con el de las personas de su edad. Un precepto que el actual anteproyecto fulmina. Según la última versión, la atención sanitaria se realizará "conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación". El texto no esboza las prestaciones específicas, si bien es cierto que en su exposición de motivos aclara que "los tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans se han incorporado" ya a la cartera de servicios comunes.

Reproducción asistida

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El primer texto que vio la luz reservaba un espacio para los derechos reproductivos de las mujeres y las personas trans con capacidad de gestar: "Tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida en todos los centros hospitalarios públicos" con una unidad específica. La primera versión de la Ley de Igualdad LGTBI blindaba este derecho para todas las mujeres "independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales o estado civil". El actual texto no contempla el concepto "personas trans con capacidad de gestar" y tampoco desarrolla explícitamente la garantía de reproducción asistida para todas las mujeres. Es esta una reivindicación tradicional del colectivo, después de que hace ahora ocho años la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato (PP), lanzara una orden ministerial para excluir a las mujeres solas y a las lesbianas de la prestación pública. Una maniobra que el Gobierno de Pedro Sánchez ya trató de revertir en 2018.

¿Violencia intragénero o en el ámbito familiar?

Hace algo más de cuatro meses, la Ley de Igualdad LGTBI contenía un capítulo dedicado específicamente a las medidas de asistencia y protección frente a la violencia intragénero y la violencia basada en la LGTBIfobia. La negociación en este apartado es estrictamente terminológica: el actual anteproyecto sustituye el término de violencia intragénero por "violencia en el ámbito familiar". Las acciones contempladas, en todo caso, sí respetan al pie de la letra el articulado del borrador anterior.