¿Qué movió a Donald Trump a incitar a sus seguidores a marchar hasta el Capitolio, que finalmente asaltaron? ¿Qué pretendía conseguir con esto? ¿Puede que sean sus numerosas causas pendientes con la justicia lo que le hizo acudir a una opción desesperada para prorrogar cuatro años más su inmunidad judicial? Sea como sea, puede que haya sido peor el remedio que la enfermedad, pues lo ocurrido el miércoles en Washington podría añadir una acusación más al presidente saliente, el cargo más grave de los problemas legales que ya enfrenta relacionados sobre todo con su imperio empresarial.
El Código Penal norteamericano plantea varias situaciones que podrían encajar en los hechos ocurridos en la capital del país el día en que el Congreso de Estados Unidos debía ratificar la victoria electoral de Joe Biden. En el capítulo referente a delitos de traición, sedición y actividades subversivas se plantean diferentes consecuencias penales para quien obstaculice la tramitación de leyes u ocupe una sede gubernamental de forma organizada. Las Cámaras legislativas reunidas conjuntamente finalmente confirmaron el resultado de las presidenciales de noviembre, pero lo hicieron horas más tarde de lo previsto y previa ocupación del Capitolio por hordas de simpatizantes del presidente saliente que irrumpieron en el emblemático edificio y ocuparon durante horas salones y despachos.
Minutos antes del asalto, Trump había dado un discurso ante los manifestantes en Washington en el que les animó a marchar hacia el edificio que alberga el Poder Legislativo de Estados Unidos. Les pidió que no se rindieran y que no consintieran la victoria del demócrata Biden, que debe tomar posesión de su cargo el próximo 20 de enero. Mientras tenía lugar la ocupación del Capitolio, el todavía presidente se comunicaba con los manifestantes vía Twitter, en un mensaje en el que les pedía que se fueran a casa pero en el que insistía que le habían "robado unas elecciones" y que "todos lo saben, especialmente los del otro lado". "Os queremos. Sois muy especiales", añadió. Son numerosos los congresistas que le acusan de haber instigadolos actos violentos con sus mensajes constantes sobre un posible fraude electoral.
Hasta veinte años de cárcel
El Título 18, Sección 2.384, del US Code tipifica la conspiración para la sedición en tres supuestos: el intento de derrocar al Gobierno, de prevenir la ejecución de sus leyes o de apropiarse u ocupar la propiedad gubernamental. En todos los casos es imprescindible demostrar que en los hechos ha mediado el uso de la violencia o la fuerza y ha de implicar la participación de dos o más personas que conspiraron de forma previa para cometer el ataque. La condena prevista es de hasta veinte años de prisión.
La rebelión o insurrección, ilícito previsto en la Sección 2.383, se dirige contra quien incite, organice, ayude o participe en cualquier rebelión o insurrección contra las autoridades de Estados Unidos o sus leyes. La pena prevista en el US Code es una multa o un máximo de diez años de cárcel, o ambos, así como la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público. El próximo presidente, Joe Biden, quien calificó los hechos ocurridos en el Capitolio de "insurrección".
En declaraciones a infoLibre, Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, se muestra convencido de que las revueltas que se vieron en Washington y el papel que jugó Trump ese día le acarreará consecuencias judiciales en cuanto deje el cargo de presidente. Hasta el 20 de enero, el magnate está amparado por la inmunidad que le brinda el cargo, pero a partir de ese momento pasará de nuevo a ser un ciudadano más de Estados Unidos. Al menos alguna acusación penal que habrá que ver qué consecuencias tiene. Lo mismo opina el catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid Rafael Calduch, que cree que los sucesos del 6 de enero "van a traer cola" y el todavía presidente no va a poder desprenderse tan fácilmente de ellos.
Serían los tribunales los que tendrían que dilucidar, en caso de que haya una acusación formal contra Trump, la responsabilidad que pudo tener en el asalto al Capitolio. Porque si bien es cierto que en ningún momento llamó a entrar por la fuerza o a ocupar el edificio por parte de los manifestantes, sí es posible que se le pueda considerar inductor de los hechos, sabiendo que sus seguidores habían acudido a la capital del país el día en que el Congreso debía ratificar la victoria de Biden y el presidente les instó a marchar hasta allí.
Aquí radica la complejidad para demostrar que las palabras de Trump pudieron incitar a la revuelta de sus seguidores, según considera el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Nicolás García Rivas. Del mismo parecer es José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid, que ve muy difícil que los mensajes que el presidente norteamericano dirigió durante un mitin, en los que no concretaba nada acerca de un asalto, puedan derivar en una condena penal por el asalto posterior al Capitolio. Es cierto que Trump se metió el 6 de enero en un "terreno muy farragoso" y que ha cruzado ciertos límites, ha dicho, pero ve complicado que su comportamiento se traslade al terreno judicial.
La Justicia ya le investiga
Se presenten o no se presenten cargos contra Trump por lo ocurrido en Washington, está claro que el futuro judicial del presidente no parece muy favorable. Por eso se jugaba mucho más que su reelección en las elecciones del pasado noviembre: entre los procesos en su contra, tanto civiles como penales, se cuentan distintos tipos por fraude fiscal, bancario y electoral, además de obstrucción a la Justicia.
El posible fraude fiscal y bancario que investiga el fiscal del distrito de Nueva York, Cyrus R. Vance, y que afecta también al conglomerado empresarial del mandatario y a su familia es la única causa propiamente activa contra Trump, pero avanza muy lentamente, pues el magnate ha recurrido para impedir verse obligado a entregar sus declaraciones de Hacienda y otra documentación. Trump mantiene que las pesquisas tienen motivaciones políticas.
Violar presuntamente las leyes de financiación de campañas electorales es una de las acusaciones a las que se podría enfrentar, después de que su exabogado Michael Cohen confesara haber pagado en nombre del presidente a dos mujeres que supuestamente habían mantenido relaciones extramatrimoniales con el mandatario para silenciarlas y proteger su candidatura a la Casa Blanca en 2016. Cohen fue condenado a tres años de cárcel tras confesar un total de ocho delitos, incluida la evasión de impuestos y haber mentido al Congreso sobre los detalles deun negocio inmobiliario de Trump en Rusia. Sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016, el fiscal especial Robert Mueller no encontró pruebas contra el todavía presidente, pero sí apuntó a una posible obstrucción a la Justicia por parte de Trump en el curso de la investigación.
¿Enmienda 25?
En lo que están de acuerdo los expertos consultados es en las pocas probabilidades que hay de que Trump sea destituido por la vía de la Enmienda 25 de la Constitución, un procedimiento que han invocado congresistas de Estados Unidos después del asalto al Capitolio. Este precepto tiene cuatro secciones y es la cuarta la que podría aplicarse en este caso, pues aunque hace un planteamiento general, establece la posibilidad de apartar al presidente por suincapacidad de cumplir "con los poderes y deberes de su cargo".
La citada enmienda, con la que la Constitución se actualizó en 1967 a raíz del asesinato de John F. Kennedy, estipula que el vicepresidente –en este caso Mike Pence– y la mayoría de los miembros del Gabinete pueden plantear por escrito al Congreso que el presidente no puede seguir en el cargo. Pence asumiría en este hipotético caso el poder, mientras que a Trump solo le restaría impugnar el proceso, ya sin margen de maniobra por la inminencia de la toma de posesión de Biden. No obstante, el actual vicepresidente no ha dado muestras por ahora de dar este controvertido paso. Nunca antes se ha aplicado la Enmienda 25 para apartar por la fuerza a un presidente y, en esta ocasión, sólo se habrían producido por ahora conversaciones informales dentro del Gobierno, según fuentes citadas por NBC News y CNN.
Los expertos consultados por infoLibre opinan que no hay mucho margen para aplicar esta enmienda, ya que apenas quedan 12 días para la toma de posesión de Biden. Aunque apuntan que se trata de un procedimiento relativamente rápido, existen unos plazos obligados que se deben cumplir que, en caso de que llevaran a la destitución, el proceso concluiría apenas unos días antes del relevo, aparte de que se trata de una medida muy extrema.
El profesor Andrea Betti va un paso más allá al afirmar que ni siquiera al propio Biden ni al Partido Demócrata les interesaría un procedimiento de este tipo a sólo unos días de jurar el cargo, pues podría contribuir a una mayor polarización en la ya de por sí polarizada sociedad estadounidense. "Biden necesita reconciliarse con la parte moderada que ha votado a Trump", afirma Betti, que no cree que una destitución forzosa le ayudara en nada a ello. Sería someter a Trump a una suerte de juicio político que, en su opinión, echaría más leña al fuego a la volátil situación desatada tras la revuelta de Washington.
José María Peredo, por su parte, apunta además que el todavía presidente "ya ha sido inhabilitado por las urnas", por lo que ese es el mensaje que debería quedar, no que los enemigos políticos de Trump, los demócratas, presionen al actual vicepresidente Pence y parte del Gobierno a dar un paso adelante y hacer su propia revolución contra Donald Trump. Sobre la posibilidad de que el magnate dimita para así obtener el perdón de Pence en los pocos días que éste ocuparía el cargo, el catedrático no lo ve nada probable habida cuenta de que las relaciones entre presidente y vicepresidente no pasan por su mejor momento tras los sucesos del Capitolio, donde fue el propio Pence el que ratificó la victoria de Biden.
Si habría poco margen para aplicar la enmienda 25, mucho menos para lo que se denomina impeachmentimpeachment, proceso al que ya se sometió a Trump a finales de 2019, pero se trata de un mecanismo cuyos plazos son muy largos: es una mayoría de la Cámara de Representantes la que puede iniciarlo, presentando cargos de que un presidente participó en un "delito grave o delito menor", similar a una acusación en un caso penal, pero el procedimiento se traslada después al Senado, donde se celebra un juicio, donde deben votar a favor dos tercios de los miembros para que salga adelante la destitución. El presidente fue absuelto en febrero de 2020 de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso derivados de sus esfuerzos por presionar a Ucrania para que investigara a Joe Biden y su hijo.
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Una herencia envenenada
¿Y qué puede pasar a partir de ahora con los seguidores de Trump más radicalizados, como los que atacaron el Capitolio? Para Manuel Torres, catedrático en el Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Biden tiene por delante un mandato muy complicado porque, visto lo visto en Washington, Trump le ha dejado una "herencia endiablada", con muchas "heridas abiertas" en la sociedad norteamericana. Según ha explicado, dentro de la "ideología conspirativa" que defienden los manifestantes que el 6 de enero marcharon por la capital de Estados Unidos, la idea de "resistencia activa frente al Estado" estaba "atemperada" con Trump en la Casa Blanca, pero a partir del 20 de enero sí verán al Estado que encabezará Biden como el "enemigo".
En opinión de Torres, lo ocurrido en el Capitolio puede ser "el comienzo de un estallido" si no se detiene rápido a un movimiento que aún se encuentra, según considera, todavía en fase "embrionaria". De lo contrario, ha advertido, todo puede derivar en episodios de "violencia clandestina" porque las condiciones para ello están asentadas: tienen una causa y hay un sustrato de la sociedad que ya antes de Trump era antisistema y que ha encontrado en el magnate a su mejor representante. No hay que olvidar, además, el acceso a las armas. Según estudios recientes, en Estados Unidos hay 120 armas por cada centenar de habitantes.
¿Qué movió a Donald Trump a incitar a sus seguidores a marchar hasta el Capitolio, que finalmente asaltaron? ¿Qué pretendía conseguir con esto? ¿Puede que sean sus numerosas causas pendientes con la justicia lo que le hizo acudir a una opción desesperada para prorrogar cuatro años más su inmunidad judicial? Sea como sea, puede que haya sido peor el remedio que la enfermedad, pues lo ocurrido el miércoles en Washington podría añadir una acusación más al presidente saliente, el cargo más grave de los problemas legales que ya enfrenta relacionados sobre todo con su imperio empresarial.