Cuando alguien menciona la palabra “inseguridad”, lo más probable es que acudan a la cabeza imágenes como las del robo de un reloj, la entrada forzada a un domicilio, el atraco a un establecimiento, una agresión o incluso una violación. Si se alude a reforzar la seguridad, la imaginación enseguida vuela hacia los cuerpos policiales, bomberos o de protección civil. Es poco habitual, que al hablar de este asunto surjan conceptos como la falta de vivienda, el mercado laboral o el salario mínimo interprofesional, aunque su impacto sobre la seguridad de la población es tan o más potente que el uso del Código Penal.
Se trata de una de las principales reflexiones que se desprende de la reciente encuesta sobre convivencia y seguridad publicada por el Instituto Catalán Internacional para la Paz, cuya tesis apuntalan los expertos consultados por infoLibre. De acuerdo con el estudio, más de la mitad de la ciudadanía considera que la seguridad ha empeorado en el último año, tanto en el Estado (51,4%) como a en todo el mundo (72,8%). También un 38,1% siente más inseguridad en su pueblo o ciudad y un 28,2%, en el barrio en el que vive. En cambio, cuando se pregunta sobre el nivel de seguridad personal, la gran mayoría (76%) responde que se ha mantenido estable en los últimos meses.
De hecho, el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior revela un aumento de los delitos de apenas el 3% en el conjunto del país, un porcentaje que sube al 7% en Cataluña, pero que en ningún caso ha encendido las alarmas de la policía.
Crece la percepción, no la inseguridad
Entonces, si no han aumentado significativamente los delitos, ¿por qué la población percibe un incremento en la inseguridad? La respuesta a esta paradoja es compleja. Según el profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad Pompeu Fabra Jordi Mir, “la gente tiende a pensar que hay más violencia y delincuencia de la que realmente existe”, lo que a su juicio “claramente tiene que ver con la realidad que se construye y no con la que es”. En este sentido, apunta a “la voluntad de determinadas opciones políticas de hacer visibles algunos peligros y presentarse como los que logran resolverlos”. Cita como ejemplo la campaña electoral de las municipales del 28 de mayo, que en buena parte giró alrededor de la delincuencia y el supuesto aumento de la inseguridad en las calles.
“Desde medios de comunicación a partidos políticos o poderes económicos se generan mensajes y se dan noticias muy jugosas que en el fondo no tienen tanta importancia en términos de seguridad”, continúa Mir, para quien este tipo de información contribuye a dejar fuera de debate otros asuntos de peso. “Mientras se habla de robos de relojes en Las Ramblas que valen miles de euros, no hablamos de cuánta gente pierde el trabajo, no puede pagar el alquiler o, teniendo acceso a gas, no podrá encenderlo este invierno por miedo a que se le dispare la factura”, lamenta.
Lo mismo ocurre, dice, con las ocupaciones ilegales de inmuebles. “Durante el período electoral se fueron encadenando noticias de ocupaciones de pisos cuando, en Cataluña y en España, genera más inseguridad la dificultad para acceder a una vivienda que los pisos que están ocupados. Dicho de otro modo, hay mucha más gente que no puede acceder a una vivienda digna que personas a quienes se les ha ocupado una, pero se pone más el foco en una realidad que en otra”, critica.
En este sentido, la encuesta del ICIP revela que casi un cuarto de la población está muy o bastante de acuerdo en que se eche de casa a una persona que no puede pagar el alquiler, el 72% si se trata de una ocupación ilegal. Ello a pesar de que una cuarta parte de la ciudadanía dice tener dificultades para acceder a la vivienda y la sanidad pública —el 44% en el caso de los jóvenes de entre 25 y 34 años— y de que un tercio no puede ni mantener su hogar a una temperatura adecuada ni irse de vacaciones al menos una semana al año. Unos datos que contrastan con otra realidad: de manera mayoritaria, la población dice estar siempre o a menudo dispuesta a ayudar a quien tiene problemas (70%) y se autodefine como conciliadora (89%) y cooperativa (85%).
“Las personas tendemos a tener un buen concepto de nosotros mismos y a pensar que hacemos bien las cosas”, analiza Mir antes de advertir que “expulsar de su hogar a alguien que no puede pagar el alquiler sin ofrecerle ninguna alternativa es violencia estructural” y también genera “inseguridad”. “Las personas no podemos vivir con seguridad si no sabemos si tendremos un lugar donde dormir o unos ingresos para mantener unas condiciones materiales de vida digna”, aclara.
En esta misma línea se expresa el director del ICIP, Kristian Herbolzheimer, para quien “los muy altos niveles de percepción de las personas como conciliadoras, empáticas y con sentimientos positivos hacia los demás seguramente están algo inflados”. La prueba es que, cuando se preguntan cuestiones más concretas, las respuestas chocan. Por ejemplo, el 45% de la gente cree que quien no tiene trabajo es porque no busca suficiente.
En conjunto, la valoración de la convivencia social sigue una tendencia a la baja: la ciudadanía la puntúa con un 5,6 a nivel estatal y con un 6,4 en su municipio o barrio, la peor nota del último lustro. Además, una de cada cinco personas dice haber tenido miedo de expresar lo que piensa en los últimos dos años y un 25%, de participar en una manifestación.
Más allá de la delincuencia
Para comprender por qué se producen estas aparentes contradicciones, es necesario analizar qué entendemos por “seguridad”. Según Mir, existen dos construcciones distintas. Una, la más popular y extendida, se refiere a “los delitos contra la propiedad y la vida o integridad física”. Pero también existe otra, más amplia, que comprende “todo lo que da seguridad a nuestras vidas”. En palabras del docente, “no sólo tiene que ver con la posibilidad de ser agredido o sufrir un robo, sino con tener acceso a la vivienda, a los suministros básicos o a determinadas condiciones de trabajo”.
Este segundo significado es precisamente el que mejor se ajusta a las inquietudes de la población, de acuerdo con la encuesta del ICIP. Del estudio se desprende que la ciudadanía prefiere fortalecer las políticas educativas y de formación en valores como herramienta para aumentar su nivel de seguridad antes que endurecer las penas contra quienes cometen delitos.
“Cuando el debate se enfoca en delincuencia, la gente tiende a responder que quiere condenas más duras y más policía. Pero si se enfoca la seguridad como aquello que realmente preocupa a la gente —la economía, la crisis climática, las condiciones de trabajo, el acceso a bienes y servicios o el machismo, entre otros—, el endurecimiento de las penas pierde mucho peso en relación a otras medidas”, explica Herbolzheimer. Y es que las políticas educativas y la formación en valores son las herramientas que, según la encuesta, se consideran más útiles para reducir la mayoría de preocupaciones y miedos de la ciudadanía. En cambio, el endurecimiento de las penas, el aumento de agentes o la videovigilancia sólo se tienen en consideración para combatir la corrupción, el terrorismo o la delincuencia.
Barcelona, la ciudad más cara para alquilar: 1.100 euros por un piso y 600 por una habitación
“Esto lanza un claro mensaje a la clase política: el debate sobre seguridad debe ser más amplio y también sus respuestas”, sintetiza Herbolzheimer. Para el director del ICIP, la seguridad se debería entender como una “responsabilidad colectiva” e incluir “un número mayor de actores, como organizaciones sociales, grupos ecologistas, científicos, entidades e incluso escuelas o instituciones”. “Creemos que esto tendría beneficios para el conjunto de la sociedad. Se amplía el abanico, se gana en legitimidad y reconocimiento y se fortalece la convivencia y la confianza”.
También el profesor Mir apuesta por hacer “una reflexión más profunda sobre el concepto de seguridad para incorporar nuevas perspectivas más democráticas que no solo pasen por los delitos”: “Si solo pensamos en violencia, el concepto se vuelve muy restrictivo y punitivista”.
Hace algunos años, en pleno apogeo del procés, el ICIP lanzó una receta para mantener la polarización y la crispación a raya. Los años han pasado y las aguas están ahora más calmadas, pero a cuento de la seguridad la fórmula sigue siendo válida: tratar a las personas con “CURA”. Un juego de palabras que en catalán se traduce por “cuidado” y que remite al acrónimo que describe cómo deberíamos tratar al otro, “con curiosidad, respeto y autocrítica”: “Curiosidad porque, de lo contrario, no hay posibilidad de diálogo y entendimiento, sólo una batalla por imponerse. Respeto a las personas a pesar de la controversia en las ideas y autocrítica porque nadie tiene la verdad absoluta”.
Cuando alguien menciona la palabra “inseguridad”, lo más probable es que acudan a la cabeza imágenes como las del robo de un reloj, la entrada forzada a un domicilio, el atraco a un establecimiento, una agresión o incluso una violación. Si se alude a reforzar la seguridad, la imaginación enseguida vuela hacia los cuerpos policiales, bomberos o de protección civil. Es poco habitual, que al hablar de este asunto surjan conceptos como la falta de vivienda, el mercado laboral o el salario mínimo interprofesional, aunque su impacto sobre la seguridad de la población es tan o más potente que el uso del Código Penal.