Un miembro del comité de bioética que informa al Gobierno sobre la eutanasia intenta tumbar la ley en el Constitucional

Álvaro Gándara del Castillo, vocal del Comité de Bioética de España, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad que elabora informes para los poderes públicos sobre temas médicos con implicaciones éticas, lidera una iniciativa que intenta forzar la paralización de la Ley de Eutanasia en el Tribunal Constitucional. La Ley de Eutanasia es uno de los temas sobre los que el comité emite informes.

Gándara del Castillo, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, ha redactado junto a otros tres médicos un escrito contra la Ley de Eutanasia que suma ya más de 23.000 firmas, según asegura él mismo a infoLibre [ver aquí el documento]. Según Gándara del Castillo, dicho escrito ha sido remitido al Defensor del Pueblo con el objetivo de que esta institución “eleve al Constitucional nuestra petición de que se pare la ley”. Gándara del Castillo aclara que la iniciativa es personal suya, no del Comité de Bioética, al que no ha pedido “permiso ni venia”. Además de miembro del Comité de Bioética y coautor del escrito con el que pretende frenar la ley en el Constitucional, Gándara del Castillo figura como firmante de la campaña contra la eutanasia conocida como "Plataforma Los 7.000", a la que están adheridos colectivos como One of Us –federación 'provida' liderada por Jaime Mayor Oreja–, Hazte Oír, Profesionales por la Ética y la Asociación Católica de Propagandistas, entre otros.

El Comité de Bioética del que forma parte Gándara del Castillo, organismo que en octubre del año pasado ya se opuso a que la eutanasia sea un derecho y a que se incluya como una prestación pública, tiene prevista la realización de un informe sobre objeción de conciencia a la aplicación de la norma, para su publicación en torno al verano, según el presidente del comité, Federico de Montalvo.

El “nuevo derecho” a “matar”

El escrito publicado en internet con la firma de Gándara del Castillo y otros tres médicos había recabado a mediodía del martes más de 23.000 firmas, según el también expresidente de la Sociedad Española de Ciudadanos Paliativos. El documento señala que la aprobación de la Ley de Eutanasia, el 18 de marzo, crea “una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles”, lo que la hace “profundamente injusta”.

Con la ley, añade el escrito, “el médico desempeña el papel de ejecutor en la eliminación de una persona”. Además, según los autores, “se ha creado un nuevo derecho subjetivo individual, matar”.

El escrito agrega que “ese derecho a poner fin a la propia vida no existe”, con lo que su creación supone una ruptura de “todos los principios jurídicos universales” y “por supuesto es incompatible con lo que recoge la Constitución”, concretamente su artículo 15. Dicho artículo es el que establece que “todos tienen derecho a la vida”. La queja trasladada al Defensor del Pueblo, a la que se adjunta este escrito, expresa la voluntad de los autores de que el Tribunal Constitucional “detenga la entrada en vigor” de la ley y “estudie detenidamente” su “posible inconstitucionalidad”.

Los autores del escrito, como figura al pie del mismo, son Gándara del Castillo; Salvador González Barón, catedrático emérito de Fisiología Humana en la Universidad de Málaga; Manuel González Barón, exjefe ya jubilado del servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz; y Manuel García del Río, profesor de Pediatría de la Universidad de Málaga. Los cuatro sostienen que la ley se ha apoyado en un “falso debate social”, que ha utilizado “términos equívocos” como “derecho a una muerte digna” y ha presentado a los “defensores de la vida humana” como “sectarios”, “retrógrados” e “intransigentes”. “No hay nada más retrógrado que acabar con la vida de los más vulnerables de la sociedad”, señalan.

Con la nueva ley, “en muchos casos las personas más vulnerables se considerarán una carga” y “se entenderá [...] que hay vidas sin valor”, añade el escrito, que alude incluso a la definición de la eutanasia del profesor Daniel Callaghan, según el cual se trata de “la legitimación del asesinato mutuamente acordado”.

El texto, que alude también en la prohibición de la eutanasia en el código deontológico de los colegios médicos, asegura que “la falta de control” en los países en los que se ha despenalizado ha llevado a “eutanasias no solicitadas”.

Una iniciativa para agitar a PP y Vox: "Que no se duerman"

Un portavoz del Defensor del Pueblo explicó infoLibre que, ante solicitudes como la trasladada en este escrito, el procedimiento habitual es su estudio y, si se considera oportuno, la presentación de un recurso ante el Constitucional. Dicha decisión no está adoptada aún en ningún sentido. Hasta que se adopte, la información sobre cada caso es confidencial, añade el portavoz. El plazo para presentar recurso, si así se decidiera, es de tres meses a partir de la publicación de la ley, que tuvo lugar el 25 de marzo. El Defensor del Pueblo es uno de los agentes legitimados para una iniciativa de este tipo, además de otros como el presidente del Gobierno o un grupo de 50 diputados.

El objetivo de Gándara del Castillo es que el Defensor “eleve al Constitucional nuestra petición de que la ley se pare” y “forzar la suspensión” de la norma. Que el Defensor presente un recurso es posible, aunque está por ver. Todo apunta a que la suspensión cautelar no. La admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no produce, por regla general, la suspensión automática de los preceptos impugnados, salvo en el supuesto de que el presidente del Gobierno recurra una ley de una comunidad autónoma y solicite en la demanda la interrupción cautelar de su vigencia.

Al margen de su finalidad jurídica, Gándara del Castillo asegura que la iniciativa pretende “remover un poco el cotarro”, “tensar la cuerda un poco” y “poner las pilas a los partidos políticos”. Tanto Vox como el PP, que votaron en contra de la norma, pueden presentar recursos de inconstitucionalidad. Gándara del Castillo asegura que cuenta con que los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal efectivamente lo harán, si bien cree que no van a presentarlos antes de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Con su iniciativa ante el Defensor del Pueblo, explica Gándara del Castillo, intenta contribuir a que si no puede ser antes de las elecciones en la Comunidad de Madrid, PP y Vox presenten sus recursos “el día 5”. “Que no se duerman”, explica.

¿Un posible conflicto?

¿Qué derecho constitucional se ve vulnerado por la ley? A juicio de Gándara del Castillo, “el derecho a la vida”. Además, dice, “instaura un nuevo derecho, el derecho a la muerte, que no está recogido en la Constitución”. Gándara del Castillo no ve conflicto entre esta iniciativa –para intentar que el Constitucional pare la Ley de Eutanasia y azuzar a PP y Vox para que recurran la ley– y su pertenencia al Comité de Bioética, que emite informes sobre dicha ley. “El comité ve aspectos éticos, no jurídicos ni legales, aunque está compuesto por grandes juristas. Lo que pido al Tribunal Constitucional no es que me analice la parte ética, sino la jurídica”, afirma.

El reglamento del comité señala que sus miembros deben inhibirse en los casos en que pueda verse comprometida “su independencia, imparcialidad u objetividad de criterio”. Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética, cree que la iniciativa de Gándara del Castillo no supone conflicto. “Yo entiendo que no. Nosotros no somos tribunales de justicia. No emitimos decisiones con fuerza vinculante, aportamos propuestas de reflexión. Cada miembro tiene su sensibilidad”, señala. Lo que hace Gándara del Castillo “no es militar en un partido, es militar en una causa”, añade.

Comité de Bioética

El Comité de Bioética fue creado en 2007 por la Ley de Investigación Bioética como un “órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud”. Está adscrito al Ministerio de Sanidad. Entre sus funciones, está la de “emitir informes, propuestas y recomendaciones” para los poderes públicos “en asuntos con implicaciones bioéticas relevantes”, como es el caso de la Ley de Eutanasia.

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Los miembros son nombrados por el Ministerio de Sanidad a propuesta de las comunidades autónomas y distintos ministerios, establece la ley. Gándara fue nombrado por una orden de mayo de 2018, todavía durante la etapa del PP, a propuesta del Ministerio de Sanidad.

Críticas de Derecho a Morir

Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente, considera “inadmisible la participación de un vocal de un órgano consultivo en la campaña contra la Ley de Eutanasia”.parti “Jurídicamente estamos tranquilos. Hay toda una campaña de querellas, denuncias y recursos que, más que fines legales, persigue fines políticos: generar un clima de opinión contrario a la ley que dificulte su aplicación”, afirma. Se trata de “generar miedo y parálisis tanto en las administraciones sanitarias y los profesionales como en la propia ciudadanía” ante la entrada en vigor de la norma, afirma. “Entendemos esta iniciativa como política de agitación contra la ley, para fomentar la polarización e impedir su desarrollo. Es inadmisible que un miembro del Comité Bioético, que tiene que emitir informes sobre esta ley precisamente, esté al frente”, añade.