"Inauguración del despacho @GcLegal.es. Abogados al servicio de los ciudadanos". Con un arranque de apariencia neutra e innegable remate laudatorio, el breve mensaje se habría perdido en la jungla de Twitter de no ser porque apareció publicado el martes en la cuenta oficial de Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia. Bajo el texto, una galería de cuatro imágenes muestra al ministro en el acto inaugural junto al principal socio del bufete, Tomás González Cueto, abogado del Estado en excedencia desde 2007 que fue alto cargo en el último Gobierno de Felipe González y en los dos de José María Aznar, en ese caso a las órdenes de Mariano Rajoy la mayor parte del tiempo.
¿Se planteó en algún momento Catalá que su presencia en la inauguración de ese bufete, publicitada por él mismo en una de las más influyentes redes sociales, podría transmitir la idea de que los abogados que lo integran gozan de predicamento en las altas instancias del Ministerio de Justicia? Esa fue una de las preguntas que infoLibre trasladó a su equipo este jueves por la mañana.
La respuesta, básicamente, se resume así: Catalá no considera que haya nada reprochable en su decisión de inaugurar no ese sino una larga ristra de bufetes, cuya lista facilitó su equipo a este periódico. El primer ministro reprobado por el Congreso en la historia de la democracia española –reprobado por "obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción"– ha convertido en norma asistir a eventos de esa naturaleza. No cree que visitar un bufete privado vulnere el principio de neutralidad institucional ni borre la frontera que separa los intereses públicos y privados.
Para cuando este diario se dirigió este jueves a los portavoces del ministro, el tuit de Catalá había corrido ya como la pólvora. Especialmente desde que Joaquim Bosch, una de las figuras más destacadas de la asociación progresista Jueces para la Democracia, utilizó igualmente Twitter para lanzar un crudo reproche al máximo responsable del departamento de Justicia: "Catalá inaugura un despacho privado y enfada a miles de abogados, que rechazan ese trato de favor. ¿Un ministro no se debe al interés general?"
Lo que el equipo del ministro envió a última hora de la tarde es un listado cuyo contenido confirma que la inauguración de GC Legal, el nuevo bufete capitaneado por Tomás González Cueto, hasta marzo juez del Tribunal Administrativo del Deporte, en absoluto constituye una excepción. Muy al contrario, la relación de actos aportada revela que a Catalá nunca le ha generado dudas vincular su imagen a una larga serie de inauguraciones y acontecimientos de relumbrón a cargo de grandes firmas de amplio espectro legal y susceptibles, por tanto, de representar a clientes en asuntos relacionados con la Administración.
Bufetes como Cuatrecasas, Ramón y Cajal, Uría y Menéndez, Baker & Mackenzie, Herbert Smith Freehills Spain o Eversheds Nicea han contado con el privilegio de celebrar conmemoraciones o abrir ya fueran nuevas sedes o jornadas de carácter jurídico con la presencia del ministro. Y, lo que es casi o más importante, han contado con sus elogios en la plaza pública de Twitter. Dos ejemplos: "Celebrando con @RamonyCajalAbog@RamonyCajalAbog su #30aniversario y una brillante trayectoria de ejercicio con vocación de servicio público", #30aniversarioescribió por ejemplo el 15 de diciembre de 2006. "Celebrando con #UríaMenéndez 70 años de servicio comprometido llevando por todo el mundo la calidad de la abogacía española", escribió también el 2 de marzo de este año.
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Aunque el equipo de Catalá se limitó a remitir a este diario la lista de actos organizados o patrocinados por empresas del mundo del derecho, fuentes que defienden su actuación esgrimieron como argumento una pregunta: "¿Por qué a nadie le parece raro que la vicepresidenta presente elpais.cat, que al igual que un bufete es una empresa con ánimo de lucro, o que cualquier ministro de Industria visite una determinada fábrica y en cambio surge la polémica si Catalá inaugura un despacho jurídico?". "En la inauguración de GC Legal, a cuyo fundador lo conoce Catalá desde hace 20 años –tercia otra fuente, también en defensa de Catalá–, estuvo [el exsecretario de Estado de Deporte] Jaime Lissavetzky, que es del PSOE, y en el plantel del bufete figura Elisa de la Nuez, que no es precisamente del PP".
En su etapa como número dos de Fomento, es decir, justo hasta el momento en que Rajoy le nombró ministro de Justicia en sustitución de Gallardón, Catalá permaneció como vocal de una fundación de apoyo al juego impulsada por la misma empresa para la que había trabajado en el sector privado. Un informe de la Oficina de Conflictos le avaló y él, explicaron entonces sus portavoces, nunca observó ningún motivo que le obligase a renunciar a esa vocalía.
"Inauguración del despacho @GcLegal.es. Abogados al servicio de los ciudadanos". Con un arranque de apariencia neutra e innegable remate laudatorio, el breve mensaje se habría perdido en la jungla de Twitter de no ser porque apareció publicado el martes en la cuenta oficial de Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia. Bajo el texto, una galería de cuatro imágenes muestra al ministro en el acto inaugural junto al principal socio del bufete, Tomás González Cueto, abogado del Estado en excedencia desde 2007 que fue alto cargo en el último Gobierno de Felipe González y en los dos de José María Aznar, en ese caso a las órdenes de Mariano Rajoy la mayor parte del tiempo.