Operación Púnica
El misterio de la agenda morada que la Guardia Civil decomisó a Granados en su dormitorio
Los agentes de la Unidad Central Operatica (UCO) de la Guardia Civil que se encargan de la investigación de la Operación Púnica encontraron durante el registro del domicilio de Francisco Granados en Valdemoro"una agenda de color morado con anotaciones manuscritas". Los guardias, antes de requisar la misteriosa prueba, foliaron las 71 páginas para después sellarla.
Fuentes de la dirección del PP madrileño confesaron a infoLibre su temor ante la posibilidad de que en la agenda contenga datos de la financiación del PP madrileño en el periodo en el que Granados fue secretario general del PP madrileño. En concreto, entre los años 2004 y 2011.
Los agentes de la UCO, que registraron la vivienda de la Calle Venezuela en la que vivía Granados, dieron con el cuaderno al trasladarse a la primera planta, "donde se encuentra el dormitorio principal".
Una segunda agenda
En el registro, los agentes intervienen una segunda agenda con el anagrama "Moleskine". Los integrantes de la UCO también foliaron las 121 páginas de la libreta. Además, los guardias se incautaron de numerosa documentación, como por ejemplo la escritura de constitución de la compañía mercantil Dealum Events o un dossier con la reseña "autónomos-empresas", que también precintaron.
Los guardias también encontraron una carpeta azul oscuro con la reseña Grupo Obras y Vías, así como nueve libretas bancarias, tres tabletas electrónicas –una de ellas con una pegatina del Senado–, ocho ordenadores portátiles y numerosas memorias USB. "El detenido se encontraba en el momento del arresto con un Iphone 5, que queda precintado en una bolsa", explican por escrito los agentes.
Encuestas a cambio de contratos
En el sumario de la Operación Púnica aparecen diversos indicios sobre una posible financiación irregular del PP.
Los agentes de la Guardia Civil llegan a la conclusión, en sus informes incluidos en el sumario, de que además de los pagos directos a los regidores de los Ayuntamientos, la empresa Cofely, que es la división española de la multinacional francesa GDF-Suez, daba contraprestaciones a los equipos de Gobierno de los municipios que contrataban sus servicios. Como por ejemplo encuestas de opinión sobre intención de voto, que se camuflaban como si se tratara de encuestas vecinales sobre gestión energética.
Para materializar y abonar las encuestas, los alcaldes acudían a las empresas de David Marjaliza, el número dos de Francisco Granados, el cabecilla de la red corrupta. La empresa que se hacía cargo de estos cometidos, según la UCO, era Ruta Energética, que se encargaba de elaborar informes de auditoría "falsos", que justificaban las facturas también irregulares.
La firma que se encargaba de las encuestas era TNS Investigación de Mercados y Opinión, también implicada en Púnica. Además de las encuestas, Cofely podría haber pagado importantes sumas a una fundación vinculada con el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Parla.
Calpe y Elche
En el caso del PP valenciano, la Guardia Civil sospecha que empresarios relacionados con la trama Púnica estaban dispuestos a financiar ilegalmente la campaña del PP valenciano para las elecciones del pasado mes de mayo.
Asimismo, el Grupo de Delitos contra la Administración del instituto armado detectó dos conversaciones del constructor David Marjaliza que apuntaban a que pretendían entregar donaciones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas en los municipios de Calpe y Elche.
Fotografía de la UCO de Alejandro de Pedro en la Consejería de Presidencia madrileña.
En la primera de las conversaciones Marjaliza habla con otro de los empresarios imputados en la trama, Alejandro de Pedro. Este último comenta que se reunió el 19 junio de 2014 con "Zaplana", que los agentes identifican como el exministro del PP. De Pedro dice también a Marjaliza que tenía previsto reunirse la siguiente semana con el presidente de la Comunidad Valenciana, en esas fechas Alberto Fabra, para tratar "el tema de campaña". Tanto Zaplana como Fabra han negado haber intermediado con los integrantes de la red dirigida por Granados.
Waiter Music
En el sumario de Púnica también aparecen otros indicios de financiación ilegal en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid cuyos alcaldes han acabado imputadosalcaldes han acabado imputados por su presunta participación en la trama corrupta.
La firma a la que la mayor parte de los regidores detenidos adjudicaban sus fiestas municipales, Waiter Music, es propiedad del empresario José Luis Huerta Balbuena, y solo del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) percibió entre 2004 y 2014 unos 4,5 millones de euros, tal y como reconoció en su declaración Huerta ante los agentes de la UCO.
Los agentes interpelaron a Huerta directamente sobre si parte del dinero de las adjudicaciones a Waiter Music se destinaba y repartía entre el alcalde del municipio correspondiente, el propio Francisco Granados y el Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
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Fotografía de la UCO del director comercial de Cofely con el alcalde de Casarrubuelos.
La investigación ha extendido la sospecha de una posible financiación ilegal del PP de Valdemoro al resto de municipios en los que trabajó la empresa Waiter Music.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco también investiga si el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, pagó trabajos de posicionamiento para su jefe, el entonces presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, con dinero público. En concreto, mediante pagos a través de la empresa pública del Canal de Isabel IICanal de Isabel II.
