A solo dos meses de que se cumplan dos años desde su anunciado acuerdo de disolución en febrero de 2019 y de que comenzase así el trasvase masivo de militantes a Vox, la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) continúa inscrita en el Registro de Partidos: es decir, aún existe. Hoy por hoy, constituye una incógnita si se han liquidado los fondos de la organización y de qué forma, así como a cuánto ascendían cuando se anunció el acuerdo de extinción y a qué entidad se han derivado, si es que así ha ocurrido.
Como presidente de PxC consta ahora en el Registro de Partidos José María Lora, padre de la que fue secretaria general de PxC – Mónica Lora, exconcejala de Mataró– y ahora ocupa esa misma posición pero solo en Barcelona y con otras siglas: las de Vox, cuyo organigrama provincial la presenta como su número 3. El antecesor de José María Lora, August Armengol, escribió en mayo de 2019 un artículo publicado en la web del partido donde sostenía que la decisión de abandonar el escenario político buscaba reforzar a Vox. De hecho, y tal como publicó eldiario.es en vísperas de las elecciones locales de mayo de 2019, 11 de las 45 listas catalanas presentadas por Vox en aquella convocatoria contaban con antiguos miembros de PxC en puestos de salida. A nombre de José María Lora no consta ninguna línea telefónica disponible en bases de datos públicas. Localizarlo resultó imposible este lunes.
La extinción como partido fue anunciada días antes de que PxC celebrase el 16 de febrero de aquel año un congreso donde, según distintas informaciones, se acordó la disolución y la puesta en marcha de una fundación de cuyo eventual nombre no ha encontrado ningún dato este periódico. infoLibre contactó este lunes con dos antiguos dirigentes de PxC. Ni accedieron a revelar cómo se llama la fundación –"asociación cultural", fue la expresión literal de uno de los dos– en el supuesto de que ya haya sido constituida ni aceptaron facilitar datos sobre los números de la tesorería de PxC, que durante años mantuvo su presencia en distintos ayuntamientos catalanes.
El artículo final de sus estatutos –los todavía disponibles en internet– dice lo siguiente: "El patrimonio resultante en el momento de la disolución será administrado por una Comisión Liquidadora con tan amplias facultades como en Derecho fuere menester para que proceda a la enajenación del patrimonio y que, una vez satisfechas las obligaciones financieras que existiesen, destinaría la cantidad restante si la hubiere a la institución declarada de interés social o entidad de carácter benéfico o público que hubiere designado el congreso". La disolución, señalaban también aquellos estatutos, debía ser acordada por 3/5 partes de los afiliados.
Ni los expertos consultados ni ninguna fuente política ha acertado a precisar a qué institución nombró PxC su heredera económica. Lo único que una de las dos fuentes sondeadas en el entorno de Mónica Lora ofreció este lunes como información fue que el acta de disolución de PxC ya ha sido remitida hace poco al Ministerio del Interior. ¿Cuándo? Tampoco aquí hubo detalles.
Un cambio... en el domicilio
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El 11 de junio de este año, y tras un largo pleito de PxC con el fundador de la ultraderechista formación catalana, Josep Anglada, ambas partes llegaron a un acuerdo económico del que este periódico ha podido consultar solo el primer folio. Lo suscribieron tras una sentencia que días antes de la declaración del estado de alarma –el 10 de marzo– obligó a Anglada a devolver a PxC 180.679 euros más intereses y las costas del proceso civil. Siete días más tarde, y según fuentes de Interior, PxC notificó el 18 de junio al Registro de Partidos un cambio en el domicilio asignado a su sede. Como teléfono, en la web del Registro aparece un número que en realidad se corresponde con el del grupo municipal de Ciudadanos en Hospitalet: según el partido de Inés Arrimadas, lo heredaron automáticamente de PxC, que llegó a tener representación municipal en esa localidad adyacente a la capital barcelonesa.
Anglada, que rehusó confirmar la cifra real que, según su relato, ingresó en la cuenta bancaria de PxC, asegura que el pacto extrajudicial alcanzado denota que sus antiguos compañeros y ahora enemigos acérrimos "reconocen que la sentencia fue injusta". ¿O significa que en virtud de ese pacto quien había obtenido respaldo judicial evitaba un recurso y se garantizaba el ingreso de una cantidad cuyo importe exacto es menor que el fijado por la sentencia, probablemente, más de 200.000 euros por los intereses y las costas? Tal vez, responde el fundador de PxC, que saltó a la palestra en la primera década del siglo por un rechazo absoluto y descarnado a los inmigrantes magrebíes en lo que implicó la aparición de la ultraderecha en el escenario político tras décadas de ausencia.
El pleito civil que ganó PxC tiene su origen en el dinero que dos partidos de la extrema derecha europea, el Vlaams Belange belga y el FPO austriaco, le habían prestado al parecer a la formación catalana. Anglada asegura que lo devolvió. Pero que, como se lo habían dado en efectivo y lo había devuelto en los mismos términos, no pudo demostrar que no se lo había quedado en su bolsillo. ¿Significa lo anterior que la ultraderecha belga y la austriaca le dieron a sus homólogos catalanes dinero negro? Anglada se limita a responder que no se atreve a hacer esa afirmación. "Pero toda la gente del partido sabía que se les había devuelto".
A solo dos meses de que se cumplan dos años desde su anunciado acuerdo de disolución en febrero de 2019 y de que comenzase así el trasvase masivo de militantes a Vox, la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) continúa inscrita en el Registro de Partidos: es decir, aún existe. Hoy por hoy, constituye una incógnita si se han liquidado los fondos de la organización y de qué forma, así como a cuánto ascendían cuando se anunció el acuerdo de extinción y a qué entidad se han derivado, si es que así ha ocurrido.