El misterio rodea la investigación del BBVA sobre los contratos con Villarejo

Los audios que se han ido conociendo y que destapan qué tipo de espionajes y seguimientos hizo el comisario José Manuel Villarejo para el BBVA. La imputación de Francisco González, FG, el hombre que hasta diciembre fue el más poderoso de la segunda entidad del país. La imputación del propio banco como persona jurídica por indicios de graves delitos como cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y corrupción en los negocios. Todo ello y algunos otros elementos de impacto han eclipsado una pieza del puzle. Una pieza de apariencia menor si se la compara con lo que diversas informaciones han ido sacando a la luz pero que genera nuevas incógnitas a medida que avanza la instrucción: la investigación interna –el forensic– forensi que el banco asegura haber iniciado en junio de 2018 y que en los últimos días ha introducido en el caso una sorpresa de relieve.

Por lo que ha podido conocer infoLibre, en las dos declaraciones judiciales prestadas en menos de 10 días –la segunda, este jueves–, el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, ha aducido que no podía dar explicaciones sobre el forensic porque ignora el contenido de buena parte de la investigación interna, como son las entrevistas efectuadas y muchos de los documentos entregados al juez Manuel García Castellón. Fraguas ya lleva sumadas casi 10 horas de interrogatorio. Y declarará de nuevo por tercera vez en una fecha que aún no ha trascendido.

El BBVA afirma de manera oficial que Fraguas sí conoce el contenido del forensic, pero sostiene también que no puede pronunciarse sobre su declaración judicial porque la causa está secreta. Una vez se levante el secreto de sumario, todas las partes personadas accederán a los audios de las declaraciones prestadas por el representante del banco. Y, muy posiblemente, se conozcan los hitos de la investigación interna que de manera oficial comenzó en junio de 2018 tras la primera información del caso, difundida por publico.es, y que por ahora no se sabe cuándo terminará. No se sabe pese a que el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España y la CNMV llevan meses pidiendo a la entidad que se apresure. El último en hacerlo fue Sebastián Albella, presidente de la CNMV. "La investigación interna del BBVA está tardando demasiado", disparó el 8 de julio en una entrevista con el diario El Mundo.

Con una denominación –forensic– que sugiere técnicas de elevada precisión y solo al alcance de los muy iniciados, la investigación del BBVA constituye en efecto otra pieza de un puzle de violentos colores donde, a tenor de lo investigado y en espera de que todo ello se acredite, Villarejo emerge con el sello que le ha hecho célebre: interviniendo entre 2004 y 2005 nada menos que casi 4.000 teléfonos y espiando al hoy exministro Miguel Sebastián así como al empresario Luis del Rivero entre otros para impedir que la constructora Sacyr entrase en el accionariado del BBVA. O ya en esta década, escudriñando con métodos supuestamente ilegales las propiedades de grandes deudores del banco como Fernando Martín (Martinsa) y Luis Portillo (Colonial). O investigando igualmente, en 2013 y por vías más que extraoficiales a Ausbanc, la ya extinta asociación de usuarios de banca enzarzada durante años en una guerra de ataques cruzados con el banco. Los antiguos directivos de Ausbanc se encuentran, junto con los de la asociación o seudosindicato ultra Manos Limpias, pendientes de juicio acusados de extorsionar a determinadas personas e instituciones: una de ellas, el BBVA. Son precisamente los contratos que respaldan esos trabajos y por los que cobró más de 10 millones el antaño poderoso comisario, en prisión preventiva desde hace dos años, lo que el BBVA debe indagar a través del forensic.

Fechas, contradicciones y doble papel

En la secuencia de hechos sobre la investigación interna juega un papel determinante el bufete Garrigues, con el que el BBVA mantiene una larga relación profesional. Una de sus socias, la exfiscal Helena Prieto, dirige el equipo que desarrolla el forensic, del que también forman parte el bufete Uría y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) y cuyas conclusiones, como las de cualquier examen de tal naturaleza, corresponde alcanzarlas a expertos independientes. De manera simultánea, Prieto capitanea el equipo de abogados defensores del banco en la causa judicial. El 20 y el 27 de noviembre acompañó a Fraguas a la Audiencia Nacional y estuvo presente en su declaración.

Fue el 10 de enero cuando el banco difundió un comunicado [puedes consultarlo aquí] donde anunciaba que seis meses antes, junio de 2018, había emprendido sus propias pesquisas tras las primeras noticias sobre los contratos con Villarejo y su empresa Cenyt. Y que había solicitado "a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible". "Si en las investigaciones se acreditara la existencia de irregularidades –agregaba el texto– BBVA tomará las medidas internas que procedan y llevará a cabo las acciones judiciales pertinentes".

El 14 de enero, Carlos Torres, el nuevo presidente del BBVA y que había sido consejero delegado desde que en mayo de 2015 sucedió en ese puesto a Ángel Cano, uno de los 14 directivos imputados, envía una carta a los empleados [puedes consultarla aquí]. En su misiva, Torres formula una afirmación que difiere de lo publicitado en la nota de cuatro días antes. Esa afirmación es la siguiente: que en la investigación abierta desde junio de 2018 "se ha comprobado que efectivamente dicho grupo [el de las empresas de Villarejo] prestó servicios diversos al banco, pero no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas a la que se refieren las noticias publicadas en los medios de comunicación desde el 9 de enero". Las noticias aludidas por el máximo responsable del BBVA eran las divulgadas por la web moncloa.com sobre la operación destinada a impedir el desembarco de la constructora Sacyr en el accionariado del banco. ¿Habían bastado cuatro días para descartar la existencia de documentos reveladores de "irregularidades"? Esa es una incógnita.

Nueve días más tarde, el 23 de enero, el banco confirma a los periodistas desplazados a Suiza para seguir el Foro de Davos un dato sobre quiénes participan en la investigación interna: "La entidad financiera –se lee en la crónica de El Mundo– había contratado ya a Garrigues como apoyo externo de la investigación y ha decidido sumar al bufete Uría y, sobre todo, al departamento de investigación forensic de PriceWaterhouseCoopers". 

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Los comunicados del 10 y 14 de enero no son los únicos que entrañan dudas sobre la marcha de la investigación interna. El 15 de agosto, tras los avisos lanzados desde enero por las altas instancias financieras –el Banco Central Europeo, el Banco de España y la CNMV– para que se apresurase con el forensic, el BBVA difundió una nueva nota donde aseguraba que "las líneas de investigación originales" del forensic ya habían finalizado "sin perjuicio de otras líneas que se puedan iniciar mientras la investigación judicial siga en curso". La semana pasada, y a preguntas de infoLibre, fuentes oficiales del banco respondieron que el forensicno se cerrará mientras la instrucción judicial permanezca abierta. A día de hoy no se conoce el porqué de ese cambio respecto de lo que el 15 de agosto parecía un mensaje tan claro que buena parte de los medios, tanto en papel como digitales, tituló sin matizaciones ni rectificaciones posteriores que la investigación había finalizado. No es así.

Pero surge entonces otro pero. Y se localiza en lo que el banco comunica a la CNMV cuando incorpora el caso Villarejo como riesgo en su folleto de renta fija. Sobre esa comunicación, el diario El Mundo publicó ese mismo 15 de agosto que el banco había comunicado al organismo supervisor que el procedimiento interno "sigue su curso".  ¿Cuándo y por qué se habían abierto esas "otras líneas" que el comunicado volcado en su web calificaba como posibles pero sin que ningún dato permitiera aventurar que ya estaban en marcha? El comunicado ya no se encuentra disponible en el apartado de su web que el BBVA dedica al caso Villarejo. 

A ese interrogante se suman otros que la instrucción de la causa terminará probablemente por resolver. Por ejemplo, ¿podría o debería el banco haber abierto esa investigación en noviembre de 2017, cuando Villarejo fue detenido y enviado a prisión? ¿Quiénes sabían entonces que el policía había dado servicios al banco, con independencia de la finalidad de los contratos y de su potencial ilegalidad? ¿Estaban al tanto de esos contratos solo el jefe de seguridad, el expolicía Julio Corrochano, y el director de la división inmobiliaria, Antonio Béjar, como mantiene el banco? ¿Nunca fueron informados el presidente y los consejeros delegados sobre contratos de elevada magnitud económica y que requerían la autorización de más de un departamento interno según quienes conocen el caso? Mientras el secreto de la causa permanezca en vigor, esas preguntas quedan sin respuesta.