La mitad de presos en Cataluña tiene problemas de salud mental: “La cárcel puede ser un pozo”

“La cárcel puede ser un pozo”. Lo dice Nieves Martínez, que sabe bien de qué habla. Estuvo presa en 1991, aunque ahora vive en plena libertad. Una libertad que la ha llevado a volver a un centro penitenciario, a Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona. Esta vez, para ayudar a los demás. “He empezado a hacer un voluntariado, voy allí, hablo con ellos y les hago acompañamiento”, cuenta a infoLibre. Una compañía que sienta como medicina natural para el cerebro. La situación es grave: la mitad de presos en Cataluña tiene problemas de salud mental, una incidencia siete veces superior a la del conjunto de la población no reclusa.

La ley de la selva es la que rige la relación entre presos, a tenor de las palabras de Martínez. “Sobrevive el más fuerte y al más débil lo machacan”. “He visto cada cosa que madre mía”, asegura, sin querer entrar en detalle. La salud mental no entra por la puerta de ningún módulo penitenciario, opina esta mujer, que reconoce que sus dos primeros meses con la libertad quitada se los pasó llorando sin parar. “Tienes que espabilar. Yo entré con mucho miedo a que alguien se quisiera meter conmigo, porque no sabes qué es lo que te vas a encontrar”. Hasta que ya sabes de qué pie calza cada uno: “Te das a respetar. Quien no hace eso lo avasallan”, afirma.

Compartir sentimientos, con la confianza de tener un confidente, es una de las terapias para sobrellevar la privación de libertad. “Ayer [por martes] fue mi primer día. Todo el mundo me pregunta si he visto a Dani Alves [ríe]”, cuenta Martínez. “Fue muy bien, les pregunto cómo están y se desahogan... para mí es como estar en mi hábitat. No sentí ni inquietud ni miedo, porque sé que las personas con las que hablo no tienen a nadie, lo veo en sus caras”.

El 40% de reclusos sufren ansiedad, según datos del Institut Català de la Salut. En 2018 eran el 33%. Los trastornos de personalidad han pasado del 8,5% al 12,3%; la depresión del 8,5% al 6,7%, la esquizofrenia del 4,4% al 3,2% y el retraso mental del 1,4% al 2%. El retrato robot de estas personas es un “hombre con con trastorno mental de larga duración y que ha sido consumidor de drogas y/o alcohol en algún momento”, detalla Justícia i Pau, la entidad que ha elaborado el informe La salud mental en el sistema penitenciario catalán.

En España, algo más de uno de cada tres presos asegura haber recibido un diagnóstico de “trastorno mental o emocional” al menos una vez, según la encuesta del Ministerio de Sanidad sobre salud y consumo de drogas en población interna en instituciones penitenciarias (ESDIP) 2022. Por género, las mujeres (42,3%) superan en casi 10 puntos a los hombres (34,3%).

Estar entre rejas deja secuelas. Dos de cada tres presos afirma tener peor salud desde que están encerrados. “Son normativas que te levantas a una hora, el desayuno, los talleres y el que no, dando vueltas en el patio”, describe Martínez. “Las personas no tienen a nadie que les diga que vayan a un sitio a visitarse y en el patio solo se agrava su enfermedad. Salen peor de como entran”, añade.

Otro qué, las condenas “excesivas”

“Las condenas son excesivas y a día de hoy es muy triste que estemos hablando de aumentarlas en la ley del ‘solo sí es sí’, más desde posicionamientos de izquierdas, porque es evidente que lo que se busca es contentar a su electorado, pero no se entiende el por qué, porque lo que hay que hacer es pedir menos incapacitación de la gente en un centro penitenciario, que entre poco y nada hace”, opina Marc Viu, abogado penalista y penitenciario. “El tercer grado es súper válido, porque trabajas con la persona desde fuera y ves si está bien”, apunta, a la vez que pide que no se olviden los “condicionantes de vida” que llevan a cada persona a cometer según qué actos.

La privación de libertad perpetua va en contra del espíritu de la Constitución Española, según concluye Justícia i Pau, una organización que trabaja desde 1968 en la defensa de los derechos humanos. “Los internamientos superiores a diez años tienen inevitablemente un impacto muy negativo en la salud mental y tampoco parecen necesarios a las finalidades de la ley penal. Las penas de carácter perpetuo o indefinido (como la pena de prisión permanente revisable del Código penal español) son contrarias al principio constitucional de reinserción y vulneran la dignidad humana”, asegura la entidad en su informe.

Hoy día hay quien sale de la prisión y no sabe qué hacer ni a dónde ir, cuenta Martínez. “Cuando alguien se pega ocho años en la cárcel… son muchos años y cuando sale afuera le dan miedo los espacios abiertos, la aglomeración de la gente, no sabe coger un metro o un bus”. “La vida cambia muy rápido. Recuerdo un caso de una persona que cuando salió de la cárcel hacía ver que escribía mensajes en el móvil porque veía a todo el mundo que lo hacía”, sigue, por su parte, Viu.

Según Justícia i Pau, hace falta revisar los criterios por los cuales se considera culpable alguien que delinque bajo los efectos de un trastorno mental, hay que garantizar que todos los acusados puedan ser evaluados psicológicamente, se tiene que caminar hacia una limitación de la duración de las penas de cárcel y es necesario promover la creación de espacios más allá de las cárceles, así como las unidades psiquiátricas especializadas.

Sin espacios adecuados para la reinserción

En casos con problemas de salud mental graves se pueden establecer rebajas de pena, al tener el condenado cierto grado de incomprensión de los actos que ha cometido mermado, así como las causas que lo han llevado a delinquir, cuentan los expertos. Además, en ocasiones se establecen medidas de seguridad, cuando hay riesgo de reincidencia.

La ley prevé que haya módulos penitenciarios específicos o espacios ajenos a las cárceles en los que tratar con estas personas. La realidad, sin embargo, es otra. “Hay falta de recursos y espacios, tanto para la salud mental como para la drogodependencia”, dice Viu.

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“Las medidas de seguridad muchas veces se cumplen en la arquitectura de un centro penitenciario. Se hace así porque se desmantelaron los psiquiátricos sin pensar en otros espacios”, lamenta Viu, que ha sido uno de los participantes del informe publicado a finales de 2022 por Justícia i Pau. “Reclamamos espacios adecuados para estas personas”, pide este abogado a la Generalitat, que tiene las competencias transferidas en este ámbito.

No existe ninguna norma específica que obligue a hacer un diagnóstico psiquiátrico o psicológico antes de encarcelar a todo el mundo, denuncia Justícia i Pau en su estudio. Ello lleva a que, por ejemplo, haya condenados con patologías mentales severas cumpliendo penas y unas medidas privativas de libertad que no se ajustan a las recomendaciones de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, tal como apunta Viu. “Quizás hay un abogado que detecta esta problemática, pide que se lo diagnostique y otro no lo hace”, apunta, mientras asegura que hay condenados con patologías de salud mental severa diagnosticadas cumpliendo pena de prisión, al no disponer la administración de espacios alternativos más adecuados.

El suicidio es una de las consecuencias fatales de una mala gestión en el tratamiento de personas privadas de libertad con problemas de salud mental. Aunque no hay estudios que determinen qué peso tiene en la conducta autolesiva, los índices son superiores a los de la población general. Cada año se suicidan en cárceles catalanas entre 7 y 8 personas, de media, una cifra ligeramente superior a la del Estado, aunque más baja que la media europea. En 2021 murieron 11 personas por esta causa, según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de la Generalitat.