Crear supermercados públicos para ofrecer precios más bajos a las familias, mejores condiciones laborales para sus trabajadores y mayores beneficios para pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. Es la propuesta estrella del programa marco de Podemos para las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28M. La líder del partido, Ione Belarra, reveló el pasado domingo cuál sería el nombre de esta cadena de supermercados públicos: Precios Justos. Lo hizo después destacar la necesidad de "hacer frente al oligopolio de la alimentación liderado por el capo Juan Roig", presidente de Mercadona, "bajar los precios y proteger a los pequeños y medianos productores". El nombre es uno de los pocos detalles que se conocen de esta iniciativa de la formación morada, que —por el momento— carece de una memoria económica y de un plan detallado sobre qué productos se podrían comprar, cómo se realizaría el proceso y quién tendría acceso a ellos.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido este martes que esta iniciativa generaría 50.000 puestos de trabajo, sin contar los empleos indirectos que aflorarían con su actividad, y ha señalado que esta empresa pública podría operar “en otras partes de la cadena alimentaria” como el transporte, el almacenamiento o el procesado. En Podemos quieren que estos “operadores públicos” sean “lo suficientemente potentes” como “para competir de tú a tú con los grandes supermercados privados, algo que haría, en términos coloquiales, que se les acabase el chollo”. Es decir, lo que plantean es que estos establecimientos tengan precios tan competitivos que al resto de superficies no les quede más remedio que bajar los suyos para evitar una fuga en masa de los consumidores.
Aunque se trata de una propuesta pionera en España y con escasos precedentes a nivel internacional, los morados señalan que ya hay empresas de participación pública en otros ámbitos como el de transporte de mercancías y de pasajeros, como puede ser Correos o Renfe, por lo que, a su juicio, es una propuesta “perfectamente viable”. Con todo, Echenique ha reconocido que se trata de un plan a “medio plazo” y que en materia de alimentación ya han propuesto actuaciones inmediatas como topar la cesta básica de la compra o bonificar parcialmente su coste para bajar la inflación.
Podemos ha sido la primera formación en incluir esta medida en su programa marco, pero Adelante Andalucía ya presentó una proposición no de ley en el Parlamento andaluz el pasado mes de marzo. La idea del partido liderado por Teresa Rodríguez consistía en diseñar una red de supermercados y una compañía de distribución pública, encargada de las tareas logísticas y que garantizase tanto el precio en origen como el coste asequible para los consumidores. El partido andalucista también incluía una gama de productos "de primera necesidad" para garantizar el acceso a este tipo de alimentos para la población vulnerable. La propuesta fue rechazada con los votos del PP, Vox y el PSOE.
Además, Pablo Iglesias, el exlíder de Podemos reconvertido en ariete mediático de la formación, también propuso esta iniciativa hace meses, concretamente en enero. En un artículo publicado en Ctxt y titulado Tu supermercado Yugoslavo, Iglesias defendía que la “respuesta comunista” a la inflación de los precios pasaba por crear supermercados públicos. “Si no aspiras al enorme beneficio de la multinacional, puedes pagar mejor a los productores y a los trabajadores del supermercado. Creamos empleo de calidad, fomentamos el empleo agrario y ganadero bien pagado y cuidamos nuestro territorio y nuestro medio rural. Además, estaríamos priorizando productos ecológicos y de cercanía y ayudando a las cooperativas. Conseguiríamos también reducir el consumo de energía y la huella de carbono. Y ojo, no estaríamos expropiando a nadie ni sacando la guillotina. Simplemente estaríamos compitiendo con lo privado en el mercado”, escribía.
Los precedentes de Suecia y Argentina
Las fuentes consultadas por infoLibre en Podemos desvinculan su propuesta de la que ya se aplica en algunos países como Argentina o Suecia. En el primer caso, el Gobierno argentino trató de frenar la espiral inflacionista de los alimentos con la política de “precios cuidados” que comenzó en el año 2013. Con esta norma, los supermercados estaban obligados a poner algunos más baratos cuyo precio está pactado con el Gobierno, que era el encargado de controlar que no hubiera abuso. Se constató que funcionaba a medias, porque los productores eran pocos productos y se agotaban rápido, pero sí funcionó parcialmente. Estos centros situaban el margen de beneficios en un 15%, lo mínimo para financiar sus gastos, y no incluían grandes marcas sino productos de cooperativas de la zona.
En Suecia la iniciativa, que parte de la sociedad civil, no tiene ni un año de edad. Se trata de la puesta en marcha de supermercados “sociales” bajo el nombre de Misión Alimentación. Estos supermercados venden comida donada por productores y minoristas que de otra forma podría acabar en la basura, normalmente por tener imperfecciones estéticas, un envase estropeado o por estar a punto de caducar. Estos supermercados buscaban limitar el desperdicio de alimentos, crear empleo y ayudar, con precios bajos, a los más vulnerables.
En Francia no ha hecho falta topar los precios ni crear supermercados públicos. El Gobierno de Emmanuel Macron alcanzó el pasado mes de marzo un acuerdo con las distribuidoras de alimentación mediante el cual estas se comprometían a crear cestas de productos básicos “antiinflación”, una medida que repercute directamente en sus márgenes de beneficios. En España, el Ministerio de Consumo y la vicepresidenta Yolanda Díaz lo propusieron en septiembre, sin mucho éxito y con gran polémica: solo Carrefour recogió el guante. La parte socialista del gobierno, a través del ministro de Agricultura, Luis Planas, desdeñó rápidamente establecer cualquier tipo de tope y abogó exclusivamente por un pacto entre todas las partes.
Supermercados cooperativos y autogestionados
Ante la dificultad de crear de la nada estos supermercados públicos, Pablo Iglesias lanzó otra idea que, si bien no han desarrollado desde Podemos en esta precampaña electoral, sí cuenta con más precedentes: impulsar un sistema de supermercados cooperativos autogestionados. En enero, el exlíder morado ya asumía que la propuesta de los supermercados públicos no se podría aplicar en los lugares en los que Podemos no gobernase y remarcaba que sería “difícil imaginar” que sus gestores tuvieran “el compromiso que tienen, por ejemplo, los trabajadores sanitarios o los de la enseñanza”, en sus palabras. Por ese motivo también planteaba que se favoreciera la creación de supermercados autogesionados con apoyo público en forma de una legislación favorable, subvenciones o líneas de crédito preferentes.
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Este tipo de supermercados están formados por socios y socias que son al mismo tiempo consumidoras, trabajadoras y propietarias. Las personas asociadas pagan una cuota anual y deben hacer unas horas mínimas de voluntariado por unidad familiar. Esto depende de cada supermercado pero suele rondar entre las dos o tres horas mensuales, que pueden ser cubiertas por cualquier persona de la unidad familiar. Esta combinación de una parte profesional con una parte de voluntariado es lo que hace posible que sean sostenibles.
La parte profesional se encarga de garantizar la continuidad del proyecto y de las labores que requieren un mayor conocimiento, como por ejemplo ponerse en contacto con los productores o hacer los pedidos. Suelen ser un par de personas que están contratadas por la asociación. Por otro lado, la parte de voluntariado es la que se encarga de llevar a cabo los socios y consiste en completar esas horas de trabajo para el supermercado realizando todo tipo de labores, desde trabajos de reposición de los productos hasta la limpieza, pasando también por la edición de vídeos para redes sociales. Desde estos supermercados intentan, en definitiva, ofrecer una alternativa a la cesta de la compra habitual.
Son proyectos democráticos que tratan de implicar a las personas, no solo en lo que consumen sino también en el tipo de producto que pueden encontrar en el supermercado. Son las personas asociadas quienes deciden, por ejemplo, si se vende al público o solamente a socios. Además, habitualmente se trata de alternativas que quieren dejar una menor huella ecológica, evitando adquirir material de otros países cuando se podrían conseguir en España. Este tipo de comercios nace también con el objetivo de apoyar a marcas locales de emprendedores cercanos.
Crear supermercados públicos para ofrecer precios más bajos a las familias, mejores condiciones laborales para sus trabajadores y mayores beneficios para pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. Es la propuesta estrella del programa marco de Podemos para las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28M. La líder del partido, Ione Belarra, reveló el pasado domingo cuál sería el nombre de esta cadena de supermercados públicos: Precios Justos. Lo hizo después destacar la necesidad de "hacer frente al oligopolio de la alimentación liderado por el capo Juan Roig", presidente de Mercadona, "bajar los precios y proteger a los pequeños y medianos productores". El nombre es uno de los pocos detalles que se conocen de esta iniciativa de la formación morada, que —por el momento— carece de una memoria económica y de un plan detallado sobre qué productos se podrían comprar, cómo se realizaría el proceso y quién tendría acceso a ellos.