El '155 de la alimentación': el poder para fijar precios que Yolanda Díaz evoca si no baja la cesta del súper

La rebaja del IVA en algunos productos básicos de la cesta de la compra no ha funcionado como se esperaba durante su primer mes en vigor. Es la tesis de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la plana mayor de Podemos tras conocerse los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que constata que los alimentos y bebidas no alcohólicas son un 15,4% más caros este mes de enero que hace un año. Una inflación provocada, esencialmente, por el terremoto en los mercados energéticos tras la invasión rusa sobre Ucrania que arrancó hace ya doce meses.

Ante este escenario, la baza de Díaz para tratar de abaratar el precio de la cesta de la compra es aplicar una suerte de 155 alimentario. Se trata de una potestad recogida en el artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista, que permite la intervención gubernamental en los precios "previa audiencia de los sectores afectados". Concretamente, esta regulación establece que el Gobierno del Estado puede "fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa".

Desde Podemos no cierran la puerta a esta iniciativa, aunque ven difícil llegar a un acuerdo voluntario con las distribuidoras. En ese sentido creen que, si finalmente se aplica este artículo, sería como establecer, de facto, un tope de precios similar al de las mascarillas o los test de antígenos.

Con todo, Díaz deja claro que la prioridad es alcanzar un pacto con los principales supermercados una reducción del precio de los productos básicos. Se trata de una propuesta que la vicepresidenta lleva defendiendo desde hace meses pero que, hasta ahora, no ha dado resultado pese a las reuniones que ha mantenido con varias cadenas del sector.

Lo que busca la titular de Trabajo es aplicar en España lo mismo que el conservador Nicolas Sarkozy ensayó en Francia en durante la crisis de precios que sufrió su país en 2011. La iniciativa francesa, bautizada como Le Panier des essentiels —la cesta de los productos básicos—, se hizo realidad el 6 de abril de 2011 mediante un acuerdo firmado por el Gobierno galo con los principales representantes de las grandes superficies.

En el caso francés no hizo falta ninguna clase de intervención administrativa de los precios. Esa cesta de la compra incluía un mínimo de 10 productos entre los que debía haber al menos una fruta, una legumbre, una pieza de carne, una pieza de pescado, una pieza de queso o un producto lácteo y una bebida.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre las grandes cadenas de distribución alimentaria ya se desmarcaron de la propuesta de Díaz. Tras reunirse con la gallega, las patronales de empresas como Mercadona, Alcampo o Lidl rechazaron la iniciativa alegando que ya estaban haciendo "muchos esfuerzos" y solicitaron la bajada del IVA. Una propuesta que avaló el ala socialista pese a las reticencias de Unidas Podemos y que lleva en vigor desde principios de 2023.

Podemos propone una bonificación del 14,4% similar a la de la gasolina

La propuesta "temporal y extraordinaria" que ha planteado este miércoles Podemos aboga por bonificar un 14,4% el precio de 20 productos básicos, el mismo porcentaje en que ha crecido, según sus cálculos, el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas desde febrero de 2022 a enero de 2023. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, cree que esta propuesta es "más aceptable" para PSOE que topar precios.

La iniciativa, cuyo coste para las arcas públicas rondaría los 5.000 millones de euros según los cálculos de Podemos, supondría emplear el mismo mecanismo que se aplicó con la bonificación a los carburantes: un descuento que se haría efectivo tras pagar en la caja y que vendría reflejado en el ticket. Belarra ha defendido que esta propuesta es factible y tendría efecto "inmediato", pero tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el de Agricultura, Luis Planas, ya la han descartado.

La iniciativa de Podemos tampoco convence del todo a Yolanda Díaz. A su juicio, esta bonificación acabaría beneficiando a las grandes distribuidoras, porque podrían quedarse con esa diferencia que aporta el Estado, como ya pasó el caso de los combustibles. Por ese emotivo, Díaz hizo hincapié en que el "coste" de reducir los precios no debe asumirse desde las arcas públicas, sino cargarse directamente sobre estas superficies.

"No se ha aprendido de la lección de los combustibles"

Se trata de una opinión compartida por el profesor de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC), Antoni Cunyat. "Si subvencionas un mercado como el de las distribuidoras de alimentos, en el que hay poca competencia, el que va a acabar beneficiado es el comercio", expone en conversación con este periódico.

El economista lo explica así: "Se trata de un mercado oligopolístico, en el que el 60% de la distribución se concentra en tres grandes cadenas: Mercadona, Carrefour y Lidl", razona. "No se ha aprendido de la lección de los combustibles. Ahí se comprobó que esa medida benefició escasamente a los consumidores y mucho a las petroleras", traslada.

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Al tiempo, Cunyat también considera que la rebaja del IVA no ha funcionado. "Los primeros datos nos indican que el beneficio ha sido escaso para los consumidores, porque ha sido absorbido por las distribuidoras", traslada. Y tampoco cree que la opción de llegar a un acuerdo con las grande superficies sea "viable": "Es un brindis al sol".

Sobre la posibilidad de aplicar el artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista, el economista sostiene que se trata de un mecanismo para utilizar en "situaciones muy extraordinarias y temporales" porque, de lo contrario, generaría "escasez". "La experiencia ampliamente contrastada nos dice que no es el mejor mecanismo, porque si en otros países la puedes vender a mejor precio, pues aquí solo vendes el excedente", plantea.

A juicio del profesor de la UOC, la mejor medida a "corto plazo" sería conceder ayudas directas a todas las familias que tengan ingresos bajos. "Pero no una ayuda como la de 200 euros en la que te hace falta la CLAVE PIN que muchos hogares no saben ni utilizar, sino una ayuda automática en función de la renta a todas esas familias que evidentemente lo están pasando mal porque no pueden hacer frente a esta escalada". ¿Y, por último, la solución a largo plazo? "Que el mercado deje de estar en manos de tres distribuidoras", zanja.