El Gobierno y sus socios en el Congreso ultiman el acuerdo sobre la ley de vivienda con tope a los alquileres

La ley de vivienda está "muy cerca". Así lo aseguran a infoLibre las partes implicadas en la negociación —el Ministerio de Transportes y el PSOE, por un lado, y Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu por el otro—, tras una reunión mantenida este martes para intercambiar documentos y cerrar los "últimos flecos". Desde el departamento dirigido por Raquel Sánchez apelan en estos momentos a la "discreción" para ultimar un acuerdo con los diferentes partidos y con el otro socio del Ejecutivo. "La cosa va bien", señalan fuentes gubernamentales, que recalcan: "Se están cerrando flecos, pero con buenas sensaciones".

También lo ven así desde Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), cuyas peticiones públicas al Ejecutivo para pactar de una vez la norma han hecho mella. La semana pasada su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, lanzaba este recado al Ejecutivo de coalición: "A ver si entre tanto besamanos y tanto día histórico nos da tiempo a aprobar una ley de vivienda digna para que la gente no pague zulos a precio de palacios y para que los propietarios no crean que tienen esclavos en lugar de inquilinos". Seis días después de ese mensaje, desde la formación de Rufián aseguran que "el acuerdo está cerca" y, al igual que Transportes, evitan dar más detalles para no entorpecer el acuerdo.

Esta reserva suele ser la antesala del pacto, como ya ocurrió recientemente con las pensiones, y en el sentido opuesto con la ley mordaza, que acabó decayendo en comisión tras semanas de reproches públicos. En política se cumple esa máxima de que cuanto más se habla de una negociación, peor va. Por ese motivo en La Moncloa están convencidos de que habrá acuerdo en los próximos días o semanas y vaticinan que el pacto con los socios de investidura se materializará antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, según fuentes del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con todo, el otro socio de investidura del Gobierno, EH Bildu no quiere "dar nada por hecho" hasta que no se cierre un acuerdo. "Seguimos hablando, las conversaciones se están dando a tres entre EH Bildu, ERC y PSOE-Gobierno", explican los abertzales. Por su parte, desde Unidas Podemos se muestran menos optimistas y recuerdan que los socialistas han ido postergando la aprobación de la ley pese a la insistencia de los morados, que la pusieron como condición para pactar los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Lo cierto es que la tramitación de la ley de vivienda ya es, de facto, la más larga de toda la legislatura.

¿Qué flecos quedan pendientes?

Los "flecos" a los que aluden las fuentes consultadas tienen que ver, precisamente, con la limitación del precio de los alquileres tan reclamada por Unidas Podemos. Los socialistas apuestan por establecer un límite del 3% para las actualizaciones de los contratos a los que les toque la revisión anual. Lo que plantea Transportes es que el actual límite del 2% pase al 3% en 2024. A partir de 2025 las revisiones de renta se harían en base a un nuevo índice de precios que aún se está diseñando. Sin embargo, Unidas Podemos y los socios quieren que ese tope del 3% sea de carácter permanente y afecte a todo el mercado.

Al socio minoritario de la coalición no le convence ese índice y achaca a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, los recortes en las medidas que se habían hilvanado verbalmente. El partido liderado por Ione Belarra no ve con buenos ojos que la elaboración del nuevo indicador se haga una vez haya sido aprobada la ley y prefiere que ese techo se determine con un porcentaje fijo como sucede actualmente. Por su parte, ERC y Bildu sí parecen más dispuestos a ceder con el índice, aunque rechazan que sea Economía la que diseñe la fórmula matemática de manera unilateral y apuestan por un porcentaje adecuado para que los alquileres no se disparen drásticamente a partir de 2025.

Además de este tope, también se negocia la regulación de los pisos que salen al alquiler por primera vez en las zonas tensionadas —las comunidades autónomas serán las encargadas de establecer cuáles—. Desde el departamento de Belarra propusieron el pasado mes de enero a los socialistas que todas las viviendas ubicadas en estas zonas que se pusieran en alquiler por primera vez tuvieran limitado el precio al que estableciera el Gobierno, fuera su propietario un gran fondo o un pequeño particular. 

La norma aprobada en el Consejo de Ministros y que ahora se negocia en el Congreso establece la limitación de los alquileres de propietarios particulares tomando como referencia los contratos anteriores, y tanto Unidas Podemos como ERC y Bildu temen que ese sea el "agujero" para sortear los límites de precios. Según fuentes de Unidas Podemos conocedoras de las negociaciones, la medida se topó rápidamente con la oposición de Calviño. Lo que se está negociando ahora es cómo aplicar el mecanismo de regulación de los alquileres en esos nuevos contratos para evitar, así, que la norma no sea efectiva.

¿En qué se ha avanzado ya?

Hay otras cuestiones en las que sí se han producido notables avances como la del concepto de gran tenedor. Actualmente la ley solo obliga a los grandes tenedores, es decir, aquellos propietarios que tengan 10 o más viviendas, a bajar por ley los precios. Pero esta medida no afecta a las personas físicas, que solo estarían obligadas a congelar los precios, pudiendo elevarlos incluso un 10% en determinadas circunstancias. Los aliados parlamentarios del Ejecutivo, al igual que los morados, apuestan por reducirlo a cinco inmuebles. La ministra de Transportes ya ha confirmado que este número se reducirá, si bien se desconoce la cifra exacta que según apuntan las fuentes consultadas estará entre esas dos cantidades.

También se vislumbra el acuerdo en la llamada vacatio legis, es decir, el periodo de tránsito hasta la aplicación efectiva de la norma. Esta moratoria está fijada en 18 meses, pero podría reducirse hasta alcanzar los 6. Así, el Ejecutivo ofrece un periodo, como mínimo hasta finales de año, para que los grandes tenedores y los nuevos alquileres se adapten a su sistema de precios.

También se constatan avances en materia de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esto implicaría que la normativa de emergencia aprobada a causa de la pandemia se convertiría en una ley regular. Y, por último, que "la totalidad de viviendas de la Sareb [el banco malo, de titularidad pública] han de ser incluidas en el parque público de vivienda en alquiler". 

Lo que sí se mantiene es que la posibilidad de aplicar la ley recae en manos de las comunidades autónomas y las gobernadas por el Partido Popular ya han anunciado que no utilizarán la norma del Ejecutivo central. 

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Para los socialistas la ley de vivienda es un estandarte de esta legislatura, ya que es la primera norma estatal de la historia sobre esta cuestión. Dentro del partido se considera que lograr un acuerdo es uno de los grandes activos con los que se pueden presentar a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Varios barones y aspirantes a alcaldías llevan tiempo pidiendo que se desatasque la norma para poder venderlo el 28 de mayo.

Sin embargo, Unidas Podemos considera que su socio de coalición no está haciendo lo suficiente y en los últimos días ha aumentado la presión. En rueda de prensa el pasado lunes, el coportavoz nacional del Podemos, Pablo Fernández, aseguró que PSOE "la posibilidad de revalidar el Gobierno de coalición y de tener buenos resultados el 28-M pasa por aprobar la ley de vivienda y otras normas". Este miércoles ha sido su candidata para las elecciones a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, la que ha enviado una carta a Sánchez para reclamar la aprobación de la ley. Las elecciones de mayo se acercan y los morados saben que esta es una de sus principales bazas de campaña.

Lo cierto es que todas las formaciones que están negociando la ley —también ERC y Bildu— son conscientes de que se trata de una de las demandas principales para los votantes progresistas. La vivienda está creciendo como uno de los principales problemas de los ciudadanos: ya es la octava preocupación personal, según el último barómetro del CIS, cuando hace dos años estaba en el puesto 18. En el último sondeo de 40dB para El País, el acceso a la vivienda ya es el cuarto asunto que más incidencia tiene en los ciudadanos.