El Congreso de los Diputados aprobó este jueves retirar la confianza al ministro de Hacienda por haber aprobado una amnistía fiscal ahora derribada por el Constitucional. La propuesta salió adelante, tal y como estaba previsto, gracias a los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, ERC y Compromís (una amplia mayoría absoluta de 197 diputados). El PNV se abstuvo (cinco votos) y el PP votó en contra (135 votos). Los grupos de la oposición avanzaron su sentido del voto el martes en el Pleno de la Cámara baja durante la moción consecuencia de interpelación urgente defendida por el Partido Socialista.
Con ello, Montoro se convierte en el segundo ministro de Mariano Rajoy que no cuenta con la confianza del Congreso. El pasado mayo salió adelante la reprobación del titular de Justicia, Rafael Catalá, por la actuación de su departamento en la investigación de los casos de corrupción. Una sesión en la que también se reprobó al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el ya ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix. Y, hace menos de una semana, ocurría lo mismo con el número dos de Interior, José Antonio Nieto. El secretario de Estado de Seguridad fue reprobado por su reunión con Pablo González, hermano de Ignacio González, en el marco de la operación Lezo.
Tras la votación, el ministro ha dicho aceptar el resultado de la votación asumiendo que la "la reprobación es un acto democrático", pero ha renglón seguido ha indicado que es un "reproche" que no tiene consecuencia práctica.
En ese sentido, ha querido dejar claro que no giene intención de dimitir y seguirá trabajando en la preparación de los Presupuestos Generales de 2018, empezando por el techo de gasto, que es la "antesala" y que el Gobierno aprobará el próximo lunes. "La vida sigue y hay que seguir trabajando y negociando", ha dicho, informa Europa Press.
El ministro no pudo escuchar los argumentos de los partidos para su reprobación. El pasado martes gran parte del Gobierno, él incluido, estaba en el Senado. De ahí que la Cámara baja dejara para el jueves la votación. "Ningún defraudador puede estar tranquilo hoy", dijo el ministro en la Cámara alta.
Para Julián López Milla, portavoz del PSOE en la defensa de esta iniciativa, con la amnistía fiscal Montoro se acabó convirtiendo en "colaborador necesario para que los negocios" de los corruptos saliesen "redondos".
El parlamentario del principal partido de la oposición intentó desmontar el argumentario con el que los conservadores defienden la amnistía fiscal: que sirvió para recaudar dinero en un momento de "prequiebra". Y que el TC sólo critica el vehículo elegido para poner en marcha la medida, el real decreto ley.
A juicio de López Milla, el PP se equivoca en sus interpretaciones de la sentencia. E insistió en que el tribunal se pronuncia con "claridad y dureza" al señalar que con la amnistía fiscal el Estado "ha abdicado".
La sentencia, resumió del socialista, "pulveriza todos los argumentos del ministro de los últimos años para defender su decisión".
En el turno de Unidos Podemos fue el diputado Alberto Garzón el que subió a la tribuna de oradores. El diputado hizo hincapié en que el Gobierno "no está preocupado" por esta reprobación. "Parece que las va a acumular hasta lograr el equipo completo", ironizó al tiempo que añadía que el el caso es de "extrema gravedad".
En este sentido, recalcó que la sentencia no tiene consecuencias penales. Y consideró que el Partido Popular "sabía que era inconstitucional, pero a pesar de eso lo hicieron". "No se cree nadie que no había alternativa", censuró.
Vicente Ten (Ciudadanos) insistió en que "el fin no justifica los medios" y en que su grupo parlamentario "exige un alivio fiscal a los contribuyentes". Horas antes, Rajoy se reunía con Albert Rivera en la Moncloa en plena negociación del techo de gasto para 2018, paso previo a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.
Desde ERC, Ester Capella i Farré criticó que el Gobierno del PP premiase a los defraudadores. Y desde el PNV, formación que se abstendrá, Idoia Sagastizabal recordó que su grupo fue crítico con la medida, que no se aplicó en Euskadi y que, en todo caso, esta reprobación "no obliga a nada".
En defensa de Montoro salió la parlamentaria del PP Ana Madrazo. "¿Por qué se pide la reprobación de Montoro? ¿Por qué es bueno? ¿Qué es lo que les molesta del ministro?", preguntó a los socialistas.
En este sentido, interpretó que quizá lo que le molesta al principal partido de la oposición es que "en dos ocasiones" Montoro haya tenido que sacar a España del "hoyo" en el que la dejó el PSOE.
Querella contra Equipo Económico
La iniciativa fue debatida horas después de que el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid admitiese a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de Equipo Económico, despacho fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados, según han informaron fuentes fiscales a Europa Press.
El ministro de Hacienda se desvinculó de este despacho dos años más tarde de su fundación, que inicialmente se llamó Montoro y Asociados. Ante las noticias aparecidas en su día sobre este asunto, el propio Montoro señaló que cuando abandonó la consultora pasó a denominarse Equipo Económico y que hasta entonces no había contratado con ninguna administración.
La iniciativa que se debatió este martes en el Congreso de los Diputados es consecuencia de una interpelación urgente de la semana pasada a iniciativa de los socialistas.
Rechazo a dimitir
El ministro de Hacienda se enfrentó el pasado miércoles a una jornada parlamentaria dominada por su amnistía fiscal ilegal compareciendo en comisión para rendir cuentas de esta polémica medida tumbada por el Tribunal Constitucional hace un par de semanas. Durante una hora de intervención previa, el titular de Hacienda insistió en que la medida no era de su agrado, en que se aprobó por la delicada situación económica en la que se encontraba España y en que el Tribunal Constitucional sólo critica que "el vehículo normativo no fue el acertado". Se reservó el titular para el final, cuando estaban a punto de tomar la palabra el resto de grupos parlamentarios: una reforma de la Ley General Tributaria para que no vuelva a haber más amnistías fiscales en España.
"La Declaración Tributaria Especial se presentó como una última oportunidad para regularizar dinero oculto", fue preparando el terreno antes de proponer al resto de formaciones con representación parlamentaria una modificación legal para que la Declaración Tributaria Especial (DTE), como el Gobierno califica a la amnistía fiscal de 2012 sea la última. Lo propuso, dijo, dado que "se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie".
"Creo que hay un consenso muy amplio en contra de que haya nuevas regularizaciones extraordinarias como las que ha habido en España en las últimas décadas. Por eso les propongo modificar la Ley General Tributaria para que incluso lleguemos a prohibir expresamente nuevas regularizaciones", subrayó.
Ya este día, PSOE y Unidos Podemos reclamaron a Montoro su dimisión, algo a lo que se negó. "Cuanto mas se dedica usted a pedir mi dimisión, menos me puedo ir", llegó a responder al socialista Pedro Saura.
Fue hace ahora casi tres semanas cuando el Tribunal Constitucional daba un contundente varapalo al Gobierno de Mariano Rajoy declarando inconstitucional la amnistía fiscal, el Real Decreto Ley 12/2012, una de las medidas más polémicas de la X Legislatura (2011-2015) si se tiene en cuenta que personas vinculadas con el partido del Gobierno o inmersas en investigaciones judiciales se acogieron a ella para aflorar bienes ocultos hasta esa fecha.
En el Gobierno han intentado salir al paso de este mazazo judicial con el argumento de que el TC, que anula la amnistía fiscal, pese a que no tiene efecto sobre las regularizaciones, censura con su sentencia el vehículo mediante el que se llevó a cabo la medida: el real decreto ley. Y justificando que vio luz verde para hacer frente a una situación económica límite, pese a que no se llegó a recaudar lo inicialmente previsto. En todo caso, este episodio pone el foco sobre el excesivo recurso al real decreto ley a la hora de legislar. Una vía a la que Rajoy ha recurrido en 93 ocasiones desde que asumió el Gobierno a finales de 2011. El reparto es el siguiente: 76 en la X Legislatura, una en la corta XI Legislatura y 16 en lo que llevamos de XII Legislatura.
La petición de Gestha
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Ante la reprobación a Montoro, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reiteraron su petición de dimisión al ministro. Para Gestha, "Montoro debe asumir responsabilidades después de la sentencia del Constitucional, y esto empezaría por no poder acometer ningún cambio legal sin el debate y propuestas de enmiendas del resto de grupos parlamentarios, pues esta decisión judicial le invalida para ello tanto a ojos del resto de grupos políticos como de la sociedad".
Gestha reclamó este martes en un comunicado "que se abra en el Congreso una subcomisión de estudio de la AEAT, de los Tribunales Económico Administrativos y del Ministerio de Hacienda para que afloren los problemas estructurales que impiden que se reduzca la economía sumergida, que no se controle el gasto público con eficacia, que se produzcan dispendios o que se demore la resolución de las reclamaciones de los contribuyentes". "Las conclusiones de esa subcomisión deberían establecer un mandato al Gobierno para que adopte las principales medidas de mejora y su orden de prioridad en el tiempo", añaden.
También reiteran la necesidad de que se abra una investigación tributaria a las 29.065 personas y 618 sociedades que se acogieron a la amnistía para determinar si han cambiado su comportamiento evasor o siguen defraudando.
El Congreso de los Diputados aprobó este jueves retirar la confianza al ministro de Hacienda por haber aprobado una amnistía fiscal ahora derribada por el Constitucional. La propuesta salió adelante, tal y como estaba previsto, gracias a los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, ERC y Compromís (una amplia mayoría absoluta de 197 diputados). El PNV se abstuvo (cinco votos) y el PP votó en contra (135 votos). Los grupos de la oposición avanzaron su sentido del voto el martes en el Pleno de la Cámara baja durante la moción consecuencia de interpelación urgente defendida por el Partido Socialista.