Moreno ‘enmienda’ en Andalucía el programa del PP nacional

Era de esperar que el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, recibiera durante la campaña electoral andaluza las primeras bofetadas por las políticas del Gobierno de Rajoy en la última legislatura: recortes, reforma educativa, sistema sanitario… Sin embargo, el propio Moreno Bonilla lleva propuestas en su programa y defiende ideas que contradicen también algunas líneas estratégicas de la política mantenida por Moncloa y que él mismo suscribió al frente de la Secretaría de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Consciente de esta paradoja, ninguna de estas contradicciones son aireadas por el líder andaluz, que sólo hace referencia a ellas cuando se ve acorralado por algún periodista.

En el debate mantenido el pasado lunes en Canal Sur con la candidata del PSOE, Susana Díaz, y el líder de IU, Antonio Maíllo, Moreno Bonilla rehuyó cualquier defensa de las políticas de Rajoy referidas al Estado del Bienestar. Díaz se empleó a fondo comparando la pérdida de derechos y prestaciones en salud y educación que sufría cualquier ciudadano cuando pasaba desde Pulpí (Almería) a Águilas (Murcia) o desde Santa Elena (Jaén) a Almuradiel (Castilla-La Mancha), pero Moreno Bonilla guardó silencio: ni siquiera intentó lanzar una interpretación más benevolente de la que estaba haciendo la presidenta socialista. Éstos son algunos ejemplos.

Dependencia: objetivo preferente

El PP andaluz sitúa la dependencia como uno de sus objetivos de actuación preferente en su programa electoral: “Agilizaremos la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía aplicando las medidas necesarias para que la tramitación de los expedientes se lleven a cabo cumpliendo con los plazos establecidos; reduciremos el número de personas dependientes en lista de espera para recibir la prestación por dependencia que les corresponde; promoveremos la coordinación y cooperación entre las tres administraciones; aprobaremos un plan de creación de empleo ligado a la aplicación de la ley; impulsaremos la figura del asistente personal; aumentaremos la cobertura de plazas en residencias y centros de día/noche; garantizaremos la cobertura de teleasistencia y ampliaremos la cobertura de ayuda a domicilio”.

Son medidas ideales que harían efectivamente que la ley, que nació como una nueva pata del estado del bienestar, funcionara correctamente. Pero son medidas que chocan frontalmente con la idea que tiene el Gobierno de Rajoy de este derecho, de acuerdo a la tijera que le ha metido en los últimos años.

Actualmente, según la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Andalucía soporta el 80% de la financiación de la dependencia frente al reparto establecido: 50% procedente del Estado y 50% procedente de las comunidades autónomas. Un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales muestra que Andalucía es la comunidad que más ha sufrido los recortes del Gobierno del PP al dejar de percibir 342,1 millones de euros. Ni el programa ni Moreno Bonilla especifican cómo recuperarán las bondades de la ley con un Gobierno central con los presupuestos en contra.

Sanidad: defensa de lo público

"¿Va a permitir que los inmigrantes sin papeles tengan acceso a la sanidad pública?", preguntó a Moreno Bonilla una periodista de la Cadena Ser durante el programa Un tiempo nuevo, de Telecinco, el pasado sábado. “Siempre defiendo a las personas”, respondió, algo incómodo, tras varias interpelaciones sobre la exclusión de inmigrantes irregulares impuesta por la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, cuando él mismo ocupaba la Secretaría de Estado.

No fue excesivamente claro, pero tampoco defendió la medida de Rajoy pudiendo haber dicho que esas personas no están desatendidas porque sí tienen derecho a las urgencias.

Frente al desmantelamiento y privatización del sistema emprendido por Gobiernos del PP en comunidades como Madrid o Valencia, el líder del PP andaluz se presenta como un acérrimo defensor de lo público, con medidas como la reducción de las listas de espera y la mejora de las urgencias hospitalarias. “Mantendremos el nivel de conciertos con la iniciativa privada para garantizar la asistencia sanitaria en aquellas zonas donde hay déficit de infraestructuras y servicios sanitarios públicos”, es lo máximo que llega a decir sobre iniciativa privada en su programa, que no suele airear en sus intervenciones.

En lo que no muestra duda alguna con respecto al Gobierno de Rajoy es en la supresión de la subasta de medicamentos impulsada por los socialistas.

Educación: apoyo poco entusiasta a ley Wert

En el mismo programa de televisión, Moreno Bonilla fue preguntado por Educación para la Ciudadanía. La asignatura se sigue impartiendo en Andalucía pese a la ley Wert, que la elimina del sistema educativo a pesar de que los tribunales determinaron que no era adoctrinadora, como denunciaron sus detractores. El líder del PP andaluz tampoco salió en tromba a defender al ministro.

Contestó que se reuniría con la comunidad educativa andaluza para evaluar la situación y determinar qué es mejor, lo que podía llevar a eliminarla, pero también a mantenerla. El programa electoral dice lo siguiente: “Aplicaremos adecuadamente la reforma educativa promovida por la Lomce, aprovechando sus posibilidades y complementándola con aquellas normas y medidas que atiendan a las peculiaridades del contexto y a las necesidades del sistema educativo andaluz, entendiéndola como una oportunidad ideal de resolver los graves problemas que sufre la Educación en Andalucía desde hace décadas”.

No obstante, según ha publicado andalucesdiario.es, Moreno Bonilla lleva a sus hijos a un colegio de élite fundado por los Legionarios de Cristo que defiende la educación segregada, un modelo de separación por sexos al que la Lomce garantiza la financiación pública.

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“Reforzaremos la coordinación y cooperación institucional, especialmente con las corporaciones locales en materia de lucha contra la violencia de género”, reza el punto 107 del programa electoral. La medida, una buena declaración de intenciones, entra en colisión con el espíritu de la reforma local emprendida por Rajoy, que suprime competencias que los ayuntamientos y entidades locales venían ejerciendo en asuntos de igualdad y violencia machista.

La oposición y el movimiento conocido como marea naranja criticaron duramente la legislación del PP porque consideran que aleja los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprime, por tanto, la labor de detección, denuncia y apoyo específico de los servicios sociales municipales.

En el siguiente punto del apartado dedicado a la violencia de género, el PP andaluz se compromete a incrementar los recursos destinados a la luchar contra esta lacra. Choca, así, con los recortes del Gobierno central en esta materia, avalados por el mismo Moreno Bonilla al frente de la Secretaría de Estado: una merma de más de un 20% desde que el PP llegara al poder.