"Morían agarrados a la cama intentando respirar": lo que pasó en las residencias y Ayuso no quiere escuchar

"¿Va a seguir así toda la vida, acosándome?". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondía así al periodista Willy Veleta de Canal Red después de que este le preguntara sobre las muertes en residencias de mayores durante las peores semanas de la pandemia. "Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria", añadía. Era martes, 26 de septiembre, y la líder regional se dirigía al Congreso de los Diputados, donde pocos minutos después el presidente de su formación, Alberto Núñez Feijóo, daría su discurso de investidura. Apenas diez días antes, eran los familiares los que hablaban en una comisión impulsada por Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Y lo que exigían no era "que paren ya con semejante miseria", sino investigar la miseria.

Lo hacían ante un tribunal ciudadano que, con el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín al frente, pretende "buscar la verdad y la reparación para las víctimas" de los conocidos como protocolos de la vergüenza, los documentos aprobados, con distintas versiones, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, apenas unos días después de que Ayuso anunciase la medicalización de las residencias, algo que nunca llegó a producirse. El Protocolo, calificado durante meses como un simple "borrador" por parte del Ejecutivo madrileño —a pesar de que altos cargos del Gobierno de entonces han negado esta versión—, impidió la derivación hospitalaria de residentes con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo. Provocó así que de las 9.468 personas fallecidas en residencias durante la primera ola de la pandemia, el 77% —7.291— lo hicieran sin poder recibir atención hospitalaria.

Durante los pasados 15 y 16 de septiembre, residentes, familiares, trabajadoras, expertos, médicos, periodistas y autoridades comparecieron ante el tribunal ciudadano y confirmaron que se impidió trasladar a los ancianos. Y que no se medicalizaron los centros. "Se morían agarrados a las barandillas de la cama intentando respirar", llegó a asegurar Mari Ángeles Maquedano, gerocultora en la residencia Parque Coimbra.

Frente a ellos, además de Pallín, estuvieron presentes María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología por la Universidad de California; Fernando Lamata, médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria; Anna Freixas, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba; Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y profesor de Derecho Constitucional; Cristina Monge, socióloga, politóloga y columnista de infoLibre; y Eduardo Ranz, abogado especialista en memoria histórica.

Su finalidad es hacer lo que, a juicio de los familiares de los residentes, no ha hecho la política ni la justicia ordinaria. La comisión de investigación registrada por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos fue rechazada en varias ocasiones por el bloqueo de PP y Vox, y por ahora los procesos judiciales de los afectados no han llegado a ningún término, a pesar de que el exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, y la ex directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, confirmaron ante el juez que el Protocolo de la Vergüenza se aplicó porque no fue ningún borrador. Y a pesar de que no son pocas las familias que decidieron llevar a los tribunales lo ocurrido con sus familiares durante las peores semanas de la crisis sanitaria.

Es el caso de Isabel Hernández Costales, hija de una fallecida en la Residencia Monte Hermoso, que llegó a estar investigada en 2020 por un presunto delito de homicidio imprudente. El centro, además, fue intervenido en marzo por la propia Comunidad por el incremento inesperado de los fallecidos. Según Isabel, fallecieron alrededor de 58 ancianos. "El día 19 de marzo me dijeron que mi madre estaba bien, y me enviaron un vídeo. Al día siguiente me dicen que está mala, que tiene muchas dificultades para respirar", contó ante la Comisión. Quiso ir a llevarla a un hospital, pero se lo negaron. Cuando ya estaba dispuesta a salir de casa, recibió otra llamada. "Me dijeron que había fallecido", lamentó. "No pudimos ir al tanatorio ni al cementerio. Pasamos el duelo en casa sin poder hacer absolutamente nada", contó.

La historia de Rosana Castillo es muy parecida. Ante los miembros del tribunal ciudadano, denunció la escasa prevención de la residencia. "La persona que estaba al lado de la habitación de mi madre tenía tos, estaba enferma, y los aislamientos consistían en una sábana entre una cama y otra", lamentó. Tampoco tuvo información de lo que ocurrió. "Yo no vi nada de mi madre. No sé si estaba sola, si estaba acompañada... Falleció a las 4 de la mañana. O a esa hora me llamaron, por lo menos", relató.

Los mismos testimonios dieron las trabajadoras de las residencias. Nandi Gutiérrez trabajaba en el centro Gran Residencia de Carabanchel, 100% pública, en el peor momento de la pandemia. "Fuera estaban los protocolos de la vergüenza, pero dentro era una vergüenza la falta de protocolos", declaró. Lo hizo también en 2020, cuando denunció que no había material de protección contra el virus del covid-19, que no había protocolos de actuación y que ella y sus compañeros sufrían una situación de abandono que se extendía, necesariamente, a los mayores. La respuesta del centro fue sancionarla. El expediente disciplinario que contra ella abrió su directora fue resuelto por la AMAS con siete días de suspensión de empleo y sueldo y su traslado forzoso a otra residencia. La justicia ahora, sin embargo, le dio la razón, revocó la sanción y obligó a la Gran Residencia a readmitirla y a abonarle el salario que perdió durante el tiempo que estuvo en suspenso.

Ante el Comité, incidió mucho en el "caos total" que vivieron. "Lo que hacían era rociarlos [a los cadáveres] con lejía hasta que la UME [Unidad Militar de Emergencias] venía a recogerlos", criticó.

El centro en el que trabajaba Nandi ha tenido más polémicas. El 2 de julio de 2022 sufrió un incendio que terminó con 18 heridos leves, según el informe de los bomberos al que accedió infoLibre, una cifra que la Comunidad de Madrid redujo a cuatro. El equipo que entonces sofocó las llamas constató "la dificultad de que la mayor parte de las personas a rescatar" estaba "en camas que no caben por el hueco de las puertas de las habitaciones".

Elvira García también trabajó allí durante la crisis del covid. Y recuerda el "terror en la mirada" de los usuarios que eran independientes y que sabían lo que ocurría. "Tú tenías un compañero que de pronto tosía cuatro veces, se lo llevaban y ya no volvías a saber de él", explicó. "Tosían por lo bajini porque sabían que si tenían unas décimas se los llevaban, pero no sabían a dónde. Nosotros teníamos falta de información, pero ellos también", continuó.

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Además de familiares y trabajadoras, durante la Comisión también comparecieron exlíderes regionales como Alberto Reyero, periodistas como Manuel Rico, que desveló en infoLibre la existencia de este protocolo de no derivación, y otros profesionales como Miriam Alía de Médicos sin Fronteras, que explicó que lo que se vivió en las residencias fue algo "atroz". "En 18 años jamás había visto un triaje que no tuviera en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico", lamentó, visiblemente emocionada.

Francisco Pozo, médico especialista en neumología y epidemiología, también se pronunció en el mismo sentido asegurando que la restricción de ingresos hospitalarios fue una singularidad de la Comunidad de Madrid con respecto a otros lugares: "Las decisiones sobre las derivaciones deben hacerse éticamente sobre datos individuales, de lo contrario no resulta clínicamente ética", explicó. Lamentó, de este modo, la forma "cruel de morir" a la que se sometió a los ancianos. "La angustia, el agotamiento que afecta a estos pacientes es enorme. Es una forma no sólo indigna, sino también cruel de morir", lamentó.

Ahora, tras escuchar las comparecencias, los integrantes de este "tribunal ciudadano" se reunirán para elaborar un informe con las conclusiones de las jornadas. Pocos días después de producirse, además, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió dar seguimiento al reclamo de Marea de Residencias para estudiar la "masacre" en las residencias madrileñas.