Mujer con estudios, un billete desde Kiev y la esperanza de volver: así son quienes huyen de la guerra

Dicen quienes trabajan a diario con personas que huyen de conflictos que nunca antes habían visto nada parecido. Y que pese a la excepcionalidad de la situación, los mecanismos han funcionado. A fecha de este viernes, España había resuelto un total de 80.807 protecciones temporales a desplazados por la guerra en Ucrania. La gran mayoría, mujeres con estudios superiores y la expectativa de regresar a su país. 

Los datos más recientes del Ministerio del Interior trazan un perfil aproximado de quien llega a España esquivando la guerra que se libra en Ucrania. De las 80.807 resoluciones de protección temporal registradas, el 67% se corresponde con mujeres, el 33% con hombres. La franja de edad más numerosa está entre los menores de edad: el 38% de las solicitudes corresponden a personas de menos de 18 años. Muy cerca, el 32% equivale a la edad comprendida entre los 36 y los 64 años. El 24% de las solicitudes se sitúa en una franja intermedia, entre los 19 y los 35 años, mientras que los mayores de 65 años son el grupo que en menor medida llega a suelo español en busca de ayuda. Solo un 6% de las solicitudes recibidas hasta el momento equivalen a personas mayores.

Cruzando las dos variables, edad y sexo, existen algunos matices. En lo que respecta a los menores de edad, apenas hay asimetría entre ellos y ellas: el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska identifica un total de 15.297 hombres y 15.612 mujeres. La cosa cambia de ahí en adelante. No causa sorpresa, pues los hombres mayores de edad son llamados por el Gobierno de Volodímir Zelenski para empuñar un arma. Entre las personas de entre 19 y 35 años, existen 15.227 resoluciones de protección con nombre de mujer, mientras que las masculinas caen a 4.012. Algo similar sucede entre los 36 y los 64 años: ellas ocupan 19.837 resoluciones, ellos 5.665. Entre los más mayores, las mujeres son 3.834 y los varones 1.323.

Por comunidades, Cataluña se encuentra a la cabeza (15.732 resoluciones), seguida a escasa distancia por Madrid (15.144), Comunitat Valenciana (14.626) y Andalucía (12.306). Coinciden, los citados territorios, con "los puntos en los que la sociedad civil más se ha movilizado, donde las personas que llegaban tenían contactos o los sitios donde había una comunidad ucraniana" consolidada. Habla Mónica López, directora de Programas de CEAR. 

Después de tres décadas trabajando en cuestiones vinculadas al asilo y la acogida, dice no haber visto nunca nada igual. La llegada de ucranianos en estos dos meses ha puesto sobre la mesa una "crisis sin precedentes", afirma. "Sobre todo las primeras dos semanas", puntualiza al otro lado del teléfono, una llegada que se suma a la incertidumbre impuesta por la invasión rusa. "El Gobierno, las entidades y por supuesto la sociedad civil se movilizó de manera muy rápida, con la urgencia requerida y la respuesta ha sido bastante positiva", valora López. Pone de relieve también la directiva de protección temporal, hasta el momento "un hecho inédito, sin precedentes", que espera haya llegado para quedarse.

Desde el 10 de marzo, el Gobierno puso en marcha un mecanismo a través del que los desplazados pueden solicitar y acceder de forma sencilla a la protección temporal, así como a todos los derechos asociados: los más importantes, el permiso de residencia y de trabajo. Paralelamente, el Ministerio de Igualdad también impulsó una serie de recursos destinados a las mujeres y personas LGTBI que llegan huyendo de la guerra, como el 016 de ayuda a víctimas de violencia de género en ucraniano. El departamento de Irene Montero todavía no dispone de datos sobre el impacto que han tenido las medidas desplegadas.

También la ONG Accem, bien presente en la gestión de la crisis humanitaria, habla de "respuesta en tiempo récord" y recuerda que la demanda de una directiva de estas características "para poder gestionar situaciones de emergencia como esta" es una reclamación histórica. La herramienta, señalan desde la entidad, "facilita la salida legal y segura de las personas ucranianas y garantiza, al menos durante el plazo de un año ampliable a tres, un amplio abanico de derechos en los países de acogida".

12.369 familias

Afinando más el trazo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recoge las cifras que equivalen a aquellas personas que pasan por los cuatro grandes centros de recepción instalados en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Alicante y Málaga. E incorpora algunos detalles a la estadística. Según los últimos datos actualizados, un total de 29.055 han atravesado las puertas de estos centros, la inmensa mayoría (28.637) de nacionalidad ucraniana, aunque también se ha dado auxilio a personas de otras nacionalidades que residían en Ucrania en el momento de la invasión rusa.

El patrón se repite: el grueso de los ciudadanos que llegan a suelo español son mujeres (67%). Además, se han identificado 12.369 familias, con una media de tres personas por cada núcleo familiar. Un total de 5.855 personas atendidas necesitan, además, acogida. Tal como explican fuentes del Ministerio de José Luis Escrivá, las personas que "solicitan entrar en plazas de acogida son atendidas de inmediato y acogidas en un primer recurso habitacional". En este caso, precisan, existen también otros "centros y puntos de acogida en todo el territorio español para acogida de emergencia o primera acogida". 

Las personas que así lo solicitan pasan por "entrevistas personales llevadas a cabo por los técnicos, psicólogos y trabajadores sociales de la entidad encargada en el territorio y financiada para este fin por el Gobierno". Entonces, se valora la "idoneidad del que será su recurso habitacional estable, al que será derivado en el menor plazo posible". Las personas procedentes de Ucrania que entren en el sistema cuentan con "todos los gastos de manutención y acogida cubiertos en todas las fases". 

Si los trabajadores estiman que el solicitante cuenta con "autonomía suficiente", será orientado para dar los primeros pasos, fundamentalmente la búsqueda de una vivienda en régimen de alquiler. Estas personas también recibirán ayudas suplementarias para cuestiones básicas, como clases de español o acompañamiento jurídico, psicológico y burocrático. Una vez dentro del sistema, se lleva a cabo un "seguimiento exhaustivo y continuado de las plazas de acogida", reseñan las mismas voces, también de las "necesidades específicas que puedan surgir a lo largo del itinerario".

Mónica López señala que muchas de las personas que se han desplazado han llegado con "redes o personas conocidas" ya en el territorio de destino, por lo que "no tantos entran al sistema de acogida". Ocurre, sin embargo, que esas redes "se agotan" según avanza el conflicto. "Ahora es cuando estamos recibiendo a personas que ya han agotado sus recursos económicos o que ya no pueden seguir en los espacios" concedidos por familiares o personas del entorno, sostiene. 

"Primero sale del país en conflicto la gente con más recursos y redes en el extranjero, así que se están quedando atrás las personas mayores y las que menos recursos tienen, además de los hombres", explica la portavoz de CEAR. Otra cuestión problemática que se están encontrando las entidades es la llegada de mascotas: "Muchas personas han venido con mascotas, y la mayoría no cumplen con los recursos de vacunación, está siendo un problema", afirma.

El 60% con estudios superiores

Los mismos datos del Ministerio de Inclusión, basados en las personas que han llegado a alguno de los cuatro grandes centros, revelan que el 60% de las personas desplazadas a causa de la guerra cuentan con estudios superiores, el 25,2% ha cursado formación profesional o bachillerato y el 11,1% estudios secundarios.

Entre las casi 30.000 personas que han abandonado su hogar, el 9,9% son economistas de profesión, el 5,5% ingenieros y el 4,5% contables. Son los gremios dominantes, pero existen muchos otros: desde peluqueros (4,4%), hasta informáticos (3,9%), pasando por cocineros (2,9%) y costureros (2,2%). Según CEAR, algunos de los ciudadanos que han llegado al país lo han hecho gracias al impulso de las empresas para las que trabajan, algunas con rama en España. La ONG ha detectado trabajadores de Ikea y algunas centrales bancarias que han ofrecido ayuda y puestos de trabajo dentro de las fronteras españolas. 

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Kiev es, con diferencia, la región de la que proviene el grueso de las personas atendidas en los centros que gestiona el Ministerio de Inclusión. El 25,4% llega directa de la capital, zona cero del conflicto. Un 9,8% de las personas socorridas viene de Leópolis, al oeste del país; un 8,2% de la región oriental de Járkov y un 7,3% de Odesa, al sur. 

El 39% de las personas que ha identificado la estadística oficial aterrizó en suelo español en avión, el 28% en autobus y el 27% en coche. Solo un 4% hizo uso del tren como medio de transporte en su llegada a España.

La mayoría mira al futuro con la esperanza de regresar a su tierra. "Cuando huyen del conflicto, casi todos tienen expectativas de volver", subraya Mónica López. A su ONG, de hecho, le consta que algunas personas ya están regresando. "Quieren ir construyendo su futuro y volviendo a su país", así que llegan con la idea de "salir unos días hasta que la cosa se aclare". Es importante tener en cuenta que muchas de las personas que llegan dejan atrás "a sus maridos y seres queridos", así que el billete de vuelta es casi un imperativo.