¿Y si McDonald's tuviera su cuartel general en la sede de una ONG de caridad? La hipótesis resulta descabellada pero, salvando las distancias que median entre el gigante de la comida rápida y casi cualquier otra empresa del sector de la restauración, exactamente esa es la tesitura en que se encuentra Eurest Colectividades SL, principal filial operativa en España de la multinacional británica del catering Compass Group y que acaba de hacerse con el jugoso contrato de explotación de los restaurantes y cafeterías del Congreso de los Diputados por 1,9 millones al año.
El domicilio social y comercial de Eurest se localiza en el edificio construido sobre una parcela cedida para equipamiento privado social por el Ayuntamiento de Madrid a la Fundación Instituto San José, que justo en los terrenos contiguos, en el mismo número de la misma calle, mantiene un hospital y una residencia de ancianos. ONG de la Iglesia católica ligada a la Orden de San Juan de Dios, la Fundación San José tiene como presidente al cardenal Antonio María Rouco Varela, máximo dignatario de la Conferencia Episcopal. En 2010, el PSOE ya pidió la reversión de esa parcela al patrimonio municipal.
Filial principal de Compass Group en España, el holding facturó en el país 311 millones de euros en 2010. Por qué optó en julio de 2013 por trasladar su domicilio registral desde el Camino de la Zarzuela a los terrenos de la Fundación San José junto al barrio de La Fortuna es una incógnita. Si ocupa las nuevas instalaciones de manera gratuita o mediante el pago de un alquiler a la Iglesia es otro dato desconocido, aunque los socialistas aseguran tener noticias de un contrato de arrendamiento.
El Ayuntamiento de Madrid no ofreció ayer respuesta a las preguntas de infoLibre –ni siquiera a la de en qué fecha exacta se cedió ese suelo-, aunque prometió darlas hoy viernes. El departamento de comunicación del Arzobispado madrileño declinó pronunciarse tanto sobre la presencia de una empresa en el recinto de la fundación como sobre el hecho de que esté usando un edificio construido sobre suelo cedido por el municipio. Y tampoco volvió a dar señales de vida la empleada de Eurest con la que finalmente logró hablar este diario tras una llamada al teléfono que consta tanto en su web como en el Registro Mercantil junto a su dirección: Pinar de San José 98. La operadora que atiende la línea descuelga con el siguiente saludo: “Compass Group, dígame”.
Hasta ahora, el principal hito informativo protagonizado por Eurest Colectividades se produjo hace un mes. Y se derivó del contrato adjudicado por el Congreso para explotar los bares y restaurantes del recinto en sustituición del Grupo Cantoblanco, propiedad del presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Y ese hito se resume así: tras la llegada de Eurest al Congreso, los gintonics pasarían de costar 3,5 euros a superar los seis, una decisión que los diputados dijeron aplaudir. En 2013 y mediante operaciones en medio centenar de países, Compass Group anotó beneficios antes de impuestos por 721 millones de libras esterlinas (875,8 millones de euros), según sus propios datos.
Construido con licencia de 2008 y como anexo al hospital y la residencia de ancianos que la Fundación San José mantiene en el número 98 de la calle Pinar de San José, en el extremo sur de la capital, el edificio que aloja el domicilio oficial de Eurest tiene licencia de funcionamiento gracias a una modificación aprobada in extremis por el ayuntamiento cuando ya había orden de cese y clausura de actividades. Exactamente, de las de "oficinas, almacenes, cocina y lavandería".
Pero, aun tras el cambio, la licencia solo ampara actividades dirigidas a "dar servicio a las necesidades de los pabellones existentes en la parcela, así como a instalaciones/ centros de carácter asistencial que gestiona o dirige la Fundación Instituto San José y/o la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios en el ámbito de la Comunidad de Madrid".
Ni el Congreso de los Diputados, ni la desaparecida Radio Televisión Valenciana ni el santanderino Palacio de la Magdalena, algunos de los clientes de la amplia cartera institucional y privada de Eurest y el grupo Compass, guardan la menor relación con la obra social de la Fundación San José.
El entrecomillado del párrafo de la licencia concedida a Fundación San José que limita las actividades permitidas en ese nuevo edificio pertenece al acta de la comisión de urbanismo municipal del 19 de febrero. Y fue Paz González, delegada municipal de Urbanismo en el gobierno local de Ana Botella, quien leyó las prescripciones literales de la licencia y quien recalcó que, aunque el permiso se modificó sobre la marcha el 13 de diciembre de 2013, cuando ya había una orden de cese de actividad y de clausura por incumplimiento flagrante del proyecto aprobado, la cláusula leída introduce una “garantía” de legalidad.
Pero es esa misma acta la que refleja cómo Paz González no supo cómo salir del atolladero cuando el portavoz socialista en la comisión, Gabriel Calles, exhibió varias instantáneas del edificio y su aparcamiento al aire libre: “Las fotografías, señora delegada, no dejan lugar a duda". Y añadió lo siguiente: "O la congregación tiene 200 centros en Madrid donde distribuye los alimentos o el volumen de vehículos que aparecen en las fotografías es una actividad industrial para la cual el suelo no está legalizado en la ciudad de Madrid”. Ayer jueves a las siete y media de la tarde, más de media docena de furgonetas de reparto, algunas con las marcas “Eurest” y “Compass Group” visibles sobre la carrocería y otras con el lema "Petit Forrestier", se alineaban junto al edificio.
La orden de cierre, que jamás llegó a ejecutarse y difundida por la organización madrileña de Izquierda Unida, fue fruto de una inspección policial tras la denuncia de un particular, según el socialista Gabriel Calles. El denunciante, cuya identidad desconoce infoLibre, alertó de que en el edificio se realizaban actividades no autorizadas por la licencia.
El 14 de mayo de 2013 y tras comprobar que la denuncia se ajustaba a la verdad, el gerente de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) redactó su propuesta de cierre. El 21 de agosto, y a la vista de que la Fundación San José -titular de licencia- había incumplido la orden, la Policía Local abrió denuncia y así se lo notificó a AGLA.
Femen aborda a Rouco Varela con el pecho desnudo para protestar contra la reforma de la Ley del Aborto
El 18 de diciembre, finalmente, el Ayuntamiento modificó la licencia para que las oficinas, la cocina industrial, la lavandería y los almacenes dejaran de ser ilegales. Por qué la licencia la solicitó la Fundación San José y no Eurest Colectividades SL es otro de los puntos que el Ayuntamiento de Madrid aún no ha aclarado.
Pero en la sesión de la comisión de Urbanismo del pasado 19 de febrero, la concejal Paz González se aferró a una versión que obvia el hecho de que Eurest tiene en ese edificio no una delegación o dependencia secundaria sino su sede social. Y es esa la válida a efectos mercantiles y, por ejemplo, tributarios. El argumento de González fue este: "[La fundación] ha delegado en algunas empresas del Grupo Compass el desarrollo concreto de las actividades que se venían ejerciendo, por tratarse de especialistas de conocida reputación a nivel internacional en temas relativos a la alimentación y su seguridad y porque la puesta en práctica de tales tareas se escapa a los fines concretos de la institución, que se centra en actividades de carácter asistencial y sociosanitarias.
Según la edil, "el grueso de la actividad desarrollada por estas empresas tiene como finalidad dar servicio a la propia fundación y a algunos de los diferentes centros que en la Comunidad de Madrid tiene o dirige la misma Orden de los Hermanos de San Juan de Dios".
¿Y si McDonald's tuviera su cuartel general en la sede de una ONG de caridad? La hipótesis resulta descabellada pero, salvando las distancias que median entre el gigante de la comida rápida y casi cualquier otra empresa del sector de la restauración, exactamente esa es la tesitura en que se encuentra Eurest Colectividades SL, principal filial operativa en España de la multinacional británica del catering Compass Group y que acaba de hacerse con el jugoso contrato de explotación de los restaurantes y cafeterías del Congreso de los Diputados por 1,9 millones al año.