Las investigaciones abiertas en Madrid y la Comunidad Valenciana sobre las tramas de corrupción Púnica y Taula, en las que están implicadas personas vinculadas al PP en ambas comunidades, tienen un nexo en común: la construcción de colegios como forma de hacer negocios privados a costa del erario público. En ambos casos, las redes corruptas necesitaban el favor del Gobierno autonómico de turno para hacer negocio.
La Cadena Ser desveló este lunes que fuentes de la investigación de la Operación Taula –en la que se ha desarticulado una presunta trama de corrupción vinculada a los conservadores valencianos– afirman haber hallado indicios de que el PP de Francisco Camps logró financiación ilegal gracias al "desfalco de más de 1.000 millones" en la edificación de colegios. Consideran que el PP logró decenas de millones con modificados de obra que iban a parar en forma de mordidas tanto a las constructoras como al partido. En algunos casos los centros ni se llegaron a construir y los alumnos siguen estudiando en barracones prefabricados.
Por otro lado, infoLibre adelantó el pasado verano que la puesta en marcha de colegios privados concertados en la Comunidad de Madrid sirvió a la trama Púnica –la red de tráfico de influencias y cobro de comisiones de la que el encarcelado Fracisco Granados es una pieza clave– para hacer negocios por una doble vía. Por una parte, seis empresas que la Guardia Civil vincula con la red se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 centros concertados y uno totalmente privado. Por otra, la compañía que promovía los centros se hizo con otros 19 millones de euros mediante el cobro a las cooperativas de profesores que son las que, en última instancia, gestionan los colegios.
El modus operandi utilizado en cada caso es diferente, aunque ambas redes necesitaban contar con la ayuda del Gobierno regional de turno. En Valencia, al adjudicar colegios y aprobar modificados a empresarios amigos que luego pagaban mordidas al partido. En Madrid, al construir los colegios empresas de la trama, que vendía un doble favor político: la concesión del concierto y la cesión de los terrenos.
- El caso de la Comunidad Valenciana
Un informe provisional elaborado por la Intervención General de la Generalitat sobre Ciegsa –la empresa pública puesta en marcha por el Consell para construir colegios durante la etapa del PP– reveló que había habido un sobrecoste de 1.129,1 millones en las obras de los 610 centros escolares públicos construidos o reformados en la comunidad entre 2001 y 2014. Con este sobrecoste –similar a la de deuda acumulada por Canal 9– hubiera sobrado dinero para acometer los 217 centros que Ciegsa ha dejado pendientes de construir.
Ahora, las fuentes de la investigación consultadas por la Cadena Ser, que han utilizado ese informe como herramienta de trabajo, consideran acreditado que Ciegsa amañaba los concursos para adjudicar las obras a empresarios amigos como los dueños de Construcciones Luján o Cleop, entre otras. Las empresas presentaban ofertas a la baja y tras obtener el contrato conseguían que la Generalitat modificase al alza un 20% su precio. En ese aumento iba tanto el beneficio para la empresa –que no lo repercutía en una mejora de las construcciones– como el pago para el PP valenciano, siempre según la información difundida por este medio de comunicación.
Ciegsa está actualmente en proceso de liquidación tras asumir el Consell una deuda superior a los 1.700 millones de euros. El que fuera consejero delegado de la sociedad Máximo Caturla se vio forzado en mayo a dimitir del cargo de vicepresidente de la Diputación de Valencia tras difundirse conversaciones grabadas por el exalto cargo conservador Marcos Benavent en las que aparecía, presuntamente, hablando de comisiones a cambio de contratos públicos.
En el curso 2014-2015 hubo instalados en la Comunidad Valenciana 474 barracones, con un total de 11.850 alumnos afectados. Hay casos paradigmáticos como el del colegio Emilio Lluch de Nàquera (Valencia), que cuenta con aulas instaladas en barracones desde hace nueve años. De hecho, hay promociones de alumnos que han cumplimentado toda su etapa de educación primaria sin saber lo que es recibir una clase en un aula convencional. En el inicio del pasado curso, las intensas lluvias durante varias jornadas inundaron los barracones lo que obligó a suspender las clases.
El citado informe de la Intervención General de la Generalitat también arrojó luz sobre la gestión de los barracones en la Comunidad Valenciana. Así, reveló que entre 2001 y 2014 la Generalitat gastó 92 millones de euros en la instalación de estas aulas prefabricadas.
- El caso de la Comunidad de Madrid
En la Comunidad de Madrid el modus operandi era diferente, pues el negocio para las empresas vinculadas a la trama Púnica estaba en la construcción de colegios concertados. Seis empresas que la Guardia Civil vincula con la red se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 centros concertados y uno totalmente privado.
Pero el negocio tenía una doble vía porque la trama Púnica también ganó dinero cobrando a las cooperativas de profesores. Alfedel, cuyo administrador es considerado por el juez "testaferro" de David Marjaliza, el socio del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y uno de los principales cabecillas de la red, cobró un millón de euros de media a cada cooperativa por sus gestiones. La trama garantizaba a los docentes, según se deduce de la investigación, que los municipios liberarían suelo para los centros y que el Gobierno autonómico les daría el concierto. Según los datos de Hacienda Alfedel ingresó más de 19 millones de euros procedentes de las cooperativas.
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El administrador único de Alfedel, Alfonso Ferrón del Río, está imputado en el caso. La investigación judicial debe aclarar si, tal y como el juez Eloy Velasco sospecha, Ferrón del Río era realmente un testaferro de David Marjaliza. Pero de lo que no hay duda es de que, por cada colegio puesto en marcha, Marjaliza se llevaba una comisión de 1,14 millones de euros. Al menos desde 2007, tal y como atestigua un contrato [consultar en PDF, aquí] al que tuvo acceso este diario.
Marjaliza es, a su vez, dueño de Obrum Urbanismo y Construcciones, la principal sociedad beneficiada con la edificación de colegios (ingresó 202 de los 222 millones cobrados por la trama por la construcción de los centros). Algunos de estos colegios están situados en la localidad de Valdemoro (Madrid) –considerada epicentro de la Púnica–, así como en otros ayuntamientos del área de influencia del exdirigente conservador.
Los 17 colegios concertados promovidos por Alfedel ingresaron 41,7 millones de euros de dinero público para su funcionamiento en el curso pasado, según los cálculos realizados por infoLibre a partir de los datos oficiales. Los centros privados subvencionados se financian por un sistema de módulos por aulas o grupos cuyo precio varía según el nivel educativo y en el que están incluidos tanto el salario de los docentes, a través del llamado pago delegado, como otros gastos variables destinados a mantenimiento. El precio de los módulos se define cada año en los presupuestos de cada autonomía.
Las investigaciones abiertas en Madrid y la Comunidad Valenciana sobre las tramas de corrupción Púnica y Taula, en las que están implicadas personas vinculadas al PP en ambas comunidades, tienen un nexo en común: la construcción de colegios como forma de hacer negocios privados a costa del erario público. En ambos casos, las redes corruptas necesitaban el favor del Gobierno autonómico de turno para hacer negocio.