La contradicción entre sus negocios privados y la legislación sobre las actividades prohibidas a funcionarios, su intrincado mapa de relaciones con involucrados en dos grandes casos de corrupción –Ignacio González y Jaume Matas– y los datos que ha ocultado a la Cámara han terminado por poner en jaque la nominación de Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Candidato del PP con el aval del PSOE y Unidas Podemos y a menos de una semana de que el Congreso culmine el trámite para renovar cuatro puestos del TC, las revelaciones sobre su trayectoria se han convertido en una bola de nieve que no cesa de crecer. Y que amenaza con extender un manto de sombras sobre el tribunal de garantías.
Durante años y en contra de lo que con claridad determinan tanto la Ley de Incompatibilidades como el Estatuto del Personal de las Cortes, Arnaldo compaginó su puesto de funcionario como letrado del Congreso con el cargo más alto de una empresa que solo en el periodo 2003-2008 ingresó casi un millón de euros por contratos públicos, en su mayoría otorgados por administraciones del PP: Estudios Jurídicos y Procesales SL. Y aunque tanto en su currículum oficial como en su intervención del pasado martes ante el Congreso sostuvo que rompió amarras con esa compañía "en 2017", los documentos oficiales le desmienten: ocupó el cargo de administrador solidario hasta noviembre de 2020.
Un mes antes, acababa de firmar las cuentas anuales de Estudios Jurídicos, trámite esencial y vetado a cualquier persona ajena al organigrama de una empresa. Esas cuentas eran las de 2019, que terminó con la adjudicación a Estudios Jurídicos de un contrato de 144.000 euros otorgado por el Ayuntamiento madrileño de Las Rozas, donde gobierna el PP. El expediente administrativo demuestra que Arnaldo aparecía primero como letrado "adscrito" al proyecto para el que se había convocado el concurso –defensa jurídica del ayuntamiento– y luego como "coordinador" [puedes ver las dos actas pinchando aquí y aquí].
Pero la abigarrada actuación profesional de Arnaldo tampoco termina en su papel en Estudios Jurídicos y Procesales SL. Catedrático de Derecho Constitucional en la universidad pública madrileña Rey Juan Carlos (URJC), el jurista hace doblete en ese campo impartiendo clases en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, de titularidad privada. Y como desveló El Confidencial este viernes, también ese solapamiento está prohibido. En este caso, por la Ley Orgánica de Universidades.
Arnaldo aduce que quien hasta 2013 fue rector de la URJC, hoy magistrado del TC y considerado el futuro presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, no objetó nada a la duplicidad académica. La relación entre ambos es estrecha, como lo demuestra que en 2009 y al arrancar la campaña para las convulsas elecciones a rector de la URJC, Arnaldo se convirtió en el "representante general" de González-Trevijano [puedes ver el documento pinchando aquí]. Las elecciones fueron anuladas por sentencia del TSJ madrileño en junio de 2011. Pero el Constitucional aceptó un recurso de amparo y a los cuatro meses denegó que se ejecutase la resolución judicial, contraria a Trevijano. Al año y medio, el rector dejó de serlo al incorporarse al TC a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy.
El Ejecutivo eligió en aquella tanda a un segundo jurista para el TC: Enrique López. También con él mantiene relación Arnaldo: fue su abogado cuando el ahora consejero de Presidencia de Madrid y responsable de Justicia del PP nacional fue cazado por la Policía conduciendo una moto de noche, sin casco y con tasa de alcohol superior a la permitida. López tuvo que dimitir como magistrado del Constitucional. Para entonces, julio de 2015, Arnaldo ya simultaneaba la docencia en la URJC y en Cardenal Cisneros. En ese centro privado adscrito a la Complutense fue donde Pablo Casado estudió Derecho y, según publicó el diario El Mundo, consiguió aprobar media carrera en cuatro meses el año en que logró su escaño. En la URJC realizó el mismo máster por el que terminó imputada y finalmente absuelta Cristina Cifuentes. El Supremo concluyó que aun existiendo indicios de que se había "dispensado un trato de favor" a Casado, nada permitía inferir que hubiera existido "un acuerdo previo o simultáneo del aforado con los responsables del máster para que tal trato le fuera dispensado".
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La boyante facturación de Estudios Jurídicos y Procesales SL entre 2003 y 2008 se conoció después de que infoLibre publicase que, justamente por tres contratos que el Gobierno balear de Jaume Matas le había adjudicado a dedo y bajo sospecha de haber sido amañados, Arnaldo permaneció imputado más de un año en el caso Matas, aunque finalmente se le exoneró: por prescripción de parte de los hechos y por falta de pruebas en lo restante. Entre los miles de documentos de aquel sumario figura uno que desvela cómo la tortilla cocinada entre Arnaldo y el político dio la vuelta: es el contrato por el que Estudios Jurídicos y Procesales SL fichó en 2008 a Matas para realizar distintos "servicios profesionales". El primero de la lista es el de "Relaciones con las Administraciones Públicas" [puedes ver el contrato pinchando aquí].
Ocho años después y en el seno de la investigación de otra de las grandes causas de corrupción que afectan al PP, el caso Lezo, la Guardia Civil interceptó dos conversaciones telefónicas entre Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y Enrique Arnaldo. Muy preocupado porque ya una jueza estaba investigando la compra de un ático de lujo en Estepona, González escuchó cómo su interlocutor le comunicaba que se estaba moviendo para conseguir un nuevo fiscal general "bueno". En esa misma charla, Arnaldo vino a exponer ante el político madrileño que los cambios en Anticorrupción también serían positivos para él. Se lo dijo así: "Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada". Tres meses después, el nuevo fiscal general, José Manuel Maza, nombró fiscal anticorrupción a Manuel Moix, que en 2007 y 2009 se había negado a investigar la construcción de un campo de golf con el que la familia González dio un auténtico pelotazo y por el que ahora el expresidente está en espera de sentarse en el banquillo.
En contra de la política de transparencia, el Congreso guarda un silencio sepulcral desde que infoLibre reveló cómo Arnaldo sostiene que los contratos de su empresa quedaban exentos del veto legal pese a que la Ley de Incompatibilidades y el Estatuto del Personal de las Cortes prohíben que un funcionario ostente cargos en empresas con adjudicaciones del sector público. Aquí, ese cargo era el de administrador solidario de Equipos Jurídicos y Procesales. Pero el futuro magistrado del Tribunal Constitucional argumenta que el objeto de los centenares de miles de euros en contratos adjudicados por ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas e incluso ministerios no era la prestación de servicios sino la de "asistencia jurídica".
La contradicción entre sus negocios privados y la legislación sobre las actividades prohibidas a funcionarios, su intrincado mapa de relaciones con involucrados en dos grandes casos de corrupción –Ignacio González y Jaume Matas– y los datos que ha ocultado a la Cámara han terminado por poner en jaque la nominación de Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Candidato del PP con el aval del PSOE y Unidas Podemos y a menos de una semana de que el Congreso culmine el trámite para renovar cuatro puestos del TC, las revelaciones sobre su trayectoria se han convertido en una bola de nieve que no cesa de crecer. Y que amenaza con extender un manto de sombras sobre el tribunal de garantías.