Extremadura da un giro político de ciento ochenta grados tras ocho años de dominio progresista. La candidata del PP, María Guardiola, fue finalmente investida este viernes como nueva presidenta de la Junta. El nombramiento se produjo con el respaldo de Vox. Un apoyo que lleva aparejada, por un lado, la entrada de los ultras en el Ejecutivo regional. Y, por otro, el compromiso de retroceder en materias de suma importancia a nivel social. La memoria histórica, fundamental en un territorio donde la represión franquista fue feroz, es una de ellas. Tanto conservadores como ultras tienen previsto arrasar con todo lo que tenga que ver con este asunto. Pero los colectivos memorialistas, sin embargo, no piensan dar ni un paso atrás: "El olvido no es una opción en una democracia".
El PP extremeño ni siquiera llevaba en su programa para los comicios del 28M la promesa de desmontar las políticas de memoria autonómicas. Pero en cuanto vio que no le daban los números para gobernar, Guardiola no dudó en usarlo como moneda de cambio para intentar granjearse los apoyos de la extrema derecha. Aquel fue uno de los quince puntos que ofreció a mediados de junio a Vox para que la invistiesen presidenta y la dejasen pilotar la región en solitario. Y es, a día de hoy, uno de los sesenta que componen el acuerdo final de gobierno: "Ambas formaciones se comprometen a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura".
El cambio de postura del Gobierno regional llega en el peor momento. Es cierto que durante los últimos años se han dado pasos en la buena dirección. Pero también lo es que en la comunidad aún quedaba muchísimo trabajo por hacer. "Ha habido un enorme retraso con el desarrollo reglamentario de la normativa, que ahora no se llegará a culminar", explica al otro lado del teléfono José María Lama, secretario de la Asociación José González Barrero. Hablan, sobre todo, del procedimiento indemnizatorio a quienes sufrieron prisión por motivos políticos. "Eso ahora peligra. Y no importa por el dinero, sino por la reparación de las víctimas", apunta Guillermo León, de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera.
Mucho trabajo por hacer
Lo mismo ocurre con la búsqueda de aquellos que aún hoy, casi medio siglo después de la muerte del dictador, continúan tirados en una cuneta. "En los últimos meses se ha avanzado, pero todavía queda un largo camino por recorrer", resalta a infoLibre José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex). En la actualidad, el mapa de fosas oficial de la Junta recoge 206 enterramientos. Y de ellos, figuran como excavados 44. Es decir, que casi ocho de cada diez todavía no han sido exhumados. "Y los trabajos de identificación de las víctimas, que durante años no se llevaron a cabo, aún se encuentran en una fase temprana de avances", apunta León.
La retirada de vestigios franquistas ha sido otro de los campos de batalla durante los últimos años. El primer paso lo dio la Diputación de Badajoz, que en 2018 elaboró un catálogo en el que se recogían más de dos centenares de calles, avenidas o monumentos de todo tipo que rendían homenaje al bando golpista. Y luego fue la Diputación de Cáceres la que se puso manos a la obra. A pesar de ello, aún perviven por la geografía extremeña algunos vestigios de este tipo. Uno de ellos es la enorme cruz de doce metros de altura que se alza sobre una de las arterias principales de Cáceres, inaugurada en mayo de 1938 bajo la atenta mirada de la jefa nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, y del entonces líder de la Falange en Extremadura, el capitán José Luna Meléndez.
"No nos detendremos"
Es cierto que la ley aprobada en 2018 establece un marco perfecto para la construcción de políticas públicas de memoria. Y que su derogación, la misma que las derechas prometen para la normativa estatal si alcanzan La Moncloa tras los comicios del 23J, supondría un duro golpe para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, los colectivos dejan claro que no piensan dar ni un paso atrás aunque soplen de nuevo en la región vientos gélidos. "No vamos a retroceder aunque ahora el contexto sea adverso", señala León. "Por mucho que se carguen la ley no se van a cargar un movimiento memorialista que lleva décadas trabajando, no nos detendremos", asevera Lama. "El olvido no es una opción en una democracia", completa el presidente de la Armhex.
A pesar de la más que posible eliminación de la norma, desde algunos colectivos se agarran a la posibilidad de seguir avanzando a través del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Premhex), que nació a comienzos de siglo y que ha impulsado la exhumación de fosas o la investigación. En él, participan la Universidad de Extremadura, la Junta, la Diputación de Badajoz y la de Cáceres, si bien son las tres últimas las que funcionan como pilares económicos. "Nosotros queremos que el Premhex continúe aunque la Junta se descuelgue, es decir, que las diputaciones asuman la salida del Gobierno", explica Lama. Tras los comicios del 28M, tanto la de Cáceres como la de Badajoz están bajo control socialista.
Estos tres colectivos, y otros diecisiete más, han lanzado en las últimas horas un comunicado en el que rechazan la intención de conservadores y ultraderecha y muestran su "determinación rotunda" por "seguir impulsando desde la sociedad civil" todas aquellas iniciativas de recuperación de la memoria histórica. "Quizás cancelen la ley, pero no nuestro derecho a conocer y restituir la dignidad de las víctimas del franquismo", dejan claro. Manifiesto al que se han adherido historiadores de diferentes países –desde España hasta Brasil, Chile o Portugal–, antropólogos, arqueólogos, intelectuales, periodistas o artistas. Entre los nombres más reconocidos, Paul Preston, Ian Gibson, Luis Landero o Enrique Villarreal, El Drogas.
"Se produjo una matanza brutal pueblo a pueblo"
La red social de la memoria
Una recuperación de la memoria que resulta especialmente importante en una tierra como la extremeña. "Este no es un escenario cualquiera, aquí la represión fue especialmente dura", resalta Lama. Bien lo sabe el historiador Francisco Espinosa, que lleva años estudiando las atrocidades cometidas en la región por las tropas golpistas en su avance hacia Madrid. Una columna de la muerte, encabezada por el general Juan Yagüe, que dejó tras de sí un reguero imborrable de sangre. "Quitando un conflicto en la zona sureste, Cáceres cae rápidamente. Sin embargo, las autoridades civiles y militares lograron controlar el golpe en Badajoz. Se tardaron tres años en ocupar toda la provincia. Y se produjo una matanza brutal pueblo a pueblo", explica Espinosa.
Para la posteridad quedan episodios tan oscuros como la masacre de la plaza de toros de Badajoz. "Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Cómo iba a llevarme a 4.000 rojos, cuando mi columna avanzaba a contrarreloj? ¿O habría debido dejarlos en libertad para que volvieran a convertir Badajoz en una capital roja?", le diría Yagüe al periodista John T. Whitaker, una respuesta que el historiador Paul Preston recoge en su obra El holocausto español (Debate, 2011). Según los últimos datos manejados por Espinosa, autor de La columna de la muerte (Crítica, 2003), en suelo extremeño perdieron la vida algo más de 11.500 personas como consecuencia de la represión franquista, frente a unas 1.500 que perecieron por la republicana.
"La derecha viene de donde viene, del franquismo, una continuidad que nunca se ha roto. Por eso odia la historia y la memoria. Y eso que esta ley ni siquiera entraba en la recuperación de los bienes robados por los golpistas, era algo mucho más humilde. Pero no puede soportar ni eso. Y ahora, con todo el impulso, todo apunta a que se va a dar un paso hacia atrás como nunca imaginamos", reflexiona Espinosa, quien durante años batalló sin descanso por arrojar luz sobre unos episodios de la historia extremeña que muchos preferían mantener en la oscuridad. Una sombra que ahora se cierne de nuevo sobre las víctimas del franquismo.
Extremadura da un giro político de ciento ochenta grados tras ocho años de dominio progresista. La candidata del PP, María Guardiola, fue finalmente investida este viernes como nueva presidenta de la Junta. El nombramiento se produjo con el respaldo de Vox. Un apoyo que lleva aparejada, por un lado, la entrada de los ultras en el Ejecutivo regional. Y, por otro, el compromiso de retroceder en materias de suma importancia a nivel social. La memoria histórica, fundamental en un territorio donde la represión franquista fue feroz, es una de ellas. Tanto conservadores como ultras tienen previsto arrasar con todo lo que tenga que ver con este asunto. Pero los colectivos memorialistas, sin embargo, no piensan dar ni un paso atrás: "El olvido no es una opción en una democracia".