La futura ley de amnistía, defendida este miércoles a capa y espada por el candidato a la Presidencia del Gobierno, pondrá punto y final a una década de crudo conflicto político en Cataluña. Y lo hará extinguiendo la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellos actos merecedores de reproche que hubieran sido ejecutados entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 en el marco de las consultas independentistas del 9N y el 1-O. Un borrón y cuenta nueva que, sin embargo, tendrá efectos distintos en lo que a la factura económica del procés se refiere. Y que José Manuel Paredes, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, resume así: "Lo que no se ha cobrado se devolverá y lo que ya se ha cobrado no se devuelve".
La registrada este lunes en el Congreso es la segunda proposición de ley de olvido jurídico que se pone sobre la mesa de la Cámara Baja en los dos últimos años. La primera llegó en marzo de 2021 de la mano de los grupos independentistas. Aquel texto, que la Mesa del se negó a tramitar, dedicaba varios artículos a fijar el terreno de juego en el cual la amnistía desplegaría sus efectos. Y entraba de lleno en la cuestión económica. Así, fijaba que se retornarían "las fianzas y las penas, sanciones o multas de carácter económico con el interés legal del dinero" a quienes "las constituyeron, depositaron o liquidaron", así como "toda clase de embargos, limitaciones o restricciones de disposición patrimonial"
Pero ahora, dos años después, la propuesta acordada por los socialistas con las diferentes formaciones independentistas con la vista puesta en la investidura pone algunas líneas rojas en este sentido. Lo hace, en concreto, en sus artículos 7 y 8. Así, la proposición de ley de olvido jurídico puesta sobre la mesa a comienzos de semana deja claro que la amnistía no generará "derechos económicos de ningún tipo en favor de persona alguna". Ni tampoco dará derecho "a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa". Además, establece que no quedarán "extinguidas" aquellas "responsabilidades civiles o contables" que "ya hubieran sido declaradas en virtud de sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada".
Del 9N a las multas de Torra
Esto último es importante, ya que cierra la puerta a la recuperación del dinero que ya ha sido abonado por el 9N. En noviembre de 2021, el Tribunal de Cuentas condenó al expresident de la Generalitat Artur Mas y a otros nueve ex altos cargos del Govern –entre ellos la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau– a pagar 4,9 millones de euros por la consulta independentista, cuya celebración había sido suspendida por el Constitucional. A esta cifra, además, habría que añadir alrededor de un millón de euros más en concepto de intereses. Un castigo, confirmado por el Supremo, que se cubrió en gran medida a través de la Caja de Solidaridad, puesta en marcha en su día por la ANC y Òmnium y que se nutre de donaciones.
Josep Cruanyes es abogado y miembro de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos. Pero también ejerce desde hace años como coordinador de esta hucha. En conversación telefónica con infoLibre, el letrado reconoce que éste procedimiento es uno de los más costosos a los que ha tenido que hacerse frente. Pero no es el único. "Se han abonado muchas multas", apunta. Sin embargo, no es capaz de poner una cifra total sobre la mesa que englobe todo el periodo del procés. No obstante, sí que hay algunos datos correspondientes a los últimos años. En la primera mitad de 2023 se han desembolsado para cubrir sanciones y multas 15.987 euros. Una cifra que en 2022 ascendió a 29.714 euros y en 2021 a 12.348 euros.
Han sido numerosos los castigos económicos impuestos en los últimos años a algunos dirigentes independentistas. El expresident del Ejecutivo catalán Quim Torra, por ejemplo, fue condenado a un año y medio de prisión y 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia al negarse a retirar en plena campaña electoral pancartas a favor de los políticos presos del balcón del Palau de la Generalitat, una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Y cuando ya había liquidado ese castigo, la Audiencia de Barcelona confirmó una segunda condena por desobediencia de quince meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y 24.000 euros de sanción por unos hechos similares durante otro periodo electoral.
Una multa de 13.500 euros fue la que también impuso el Alto Tribunal a la exdiputada de la CUP Eulália Reguant por negarse a responder a las preguntas de la representación de Vox en el juicio del procés, al que acudió como testigo. Una causa en la que, además de la condena de inhabilitación por desobediencia, también recibieron un castigo económico los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. Al primero de ellos se le impuso finalmente una sanción de 48.400 euros, que en el caso de los otros dos se situó en los 35.600 euros. En teoría, señala Paredes, aquellas cantidades ya abonadas "no se devolverían". Ahora bien, no descarta que pueda haber movimientos para intentar recuperarlas.
Como tampoco excluye que pueda haber alguna "pelea" jurídica relativa a indemnizaciones. En este sentido, la norma trata cubrir las espaldas al Estado al recoger expresamente que la amnistía "no dará derecho a percibir indemnización de ninguna clase ni generará derechos económicos de ningún tipo en favor de persona alguna". "Cierra la puerta a que se puedan hacer reclamaciones en este sentido", señala el penalista.
El 1-O y los millones de euros en fianzas
La sentencia del Supremo relativa al 1-O impuso penas de prisión para los nueve principales acusados. Sin embargo, no fijó la responsabilidad civil, sino que remitió la resolución al Tribunal de Cuentas para que impusiese dichas cantidades. Este organismo tiene abierto desde hace tiempo un procedimiento contra una treintena de excargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la promoción exterior del procés. Entre ellos, los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont o el exvicepresident Oriol Junqueras. Un juicio que está previsto que se celebre este mismo viernes y que los encausados de ERC han pedido que se suspenda ante la más que probable aprobación de la ley de amnistía.
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La Fiscalía pide algo más de tres millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana reclama cinco millones. Esta última cantidad, explica el coordinador de la Caja de Solidaridad, es la que se ha desembolsado en este caso en concepto de fianzas. Un dinero que, en teoría, debería devolverse en cuanto la norma despliegue sus efectos. Así, el artículo 8.3 de la actual proposición de ley establece que "se procederá al alzamiento de las medidas cautelares acordadas en fase de actuaciones previas o de primera instancia" previstas en los artículos 47 y 67 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, entre las que se encuentran las fianzas para cubrir el "importe provisional del alcance" más los intereses o los embargos de bienes.
Y lo mismo sucedería, considera Paredes con la ley en la mano, con aquellas depositadas en el marco de procedimientos penales que aún están en marcha. "La entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía", recoge el artículo 4 de la norma, el que hace referencia a los efectos sobre la responsabilidad penal. "Si las medidas cautelares se extinguen, se extinguen las fianzas. Aunque la norma haya querido incluir eso como una cautela, la consecuencia lógica es que si ya no hay responsabilidad penal no haya tampoco cautelares", apunta el penalista.
Josep María Jové y Lluís Salvadó, ex secretario general de Vicepresidencia y ex secretario de Hacienda, respectivamente, depositaron 1,6 millones de euros en concepto de fianza de responsabilidad civil. En la primavera de 2021, la plataforma Amnistia i Llibertad, que también estuvo detrás de la propuesta de amnistía que registraron entonces las formaciones independentistas, cifró en 17 millones de euros lo que se había pagado en concepto de fianzas desde 2014. De ellos, algo más de cinco, según la citada plataforma, se consignaron en relación con la causa que entonces –y ahora– se sigue en el Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona por la preparación del referéndum y los gastos de internacionalización.
La futura ley de amnistía, defendida este miércoles a capa y espada por el candidato a la Presidencia del Gobierno, pondrá punto y final a una década de crudo conflicto político en Cataluña. Y lo hará extinguiendo la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellos actos merecedores de reproche que hubieran sido ejecutados entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 en el marco de las consultas independentistas del 9N y el 1-O. Un borrón y cuenta nueva que, sin embargo, tendrá efectos distintos en lo que a la factura económica del procés se refiere. Y que José Manuel Paredes, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, resume así: "Lo que no se ha cobrado se devolverá y lo que ya se ha cobrado no se devuelve".