"Un delito nos puede servir para cambiar a un chaval": el sistema intenta recuperar a miles de menores infractores
La difusión de imágenes pornográficas creadas por inteligencia artificial de más de una treintena de niñas en el municipio extremeño de Almendralejo ya está bajo la lupa de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Sin embargo, la edad de los presuntos autores limitará el alcance de la investigación. Todos ellos son menores. Y en un media decena de casos, con edades por debajo de los catorce años. Son, por tanto, inimputables a nivel penal. Igual que los tres niños de Montijo (Badajoz) que con solo seis años arrastraban a una compañera hasta detrás de un seto para arañarle sus partes íntimas. O trece de las más de veinte personas que a lo largo del último año han sido identificadas por los Mossos como presuntos autores de las violaciones a menores denunciadas en Badalona.
Que a los más pequeños no se les pueda exigir responsabilidad no es algo nuevo. Lleva siendo así desde hace más de dos décadas. "Cuando el autor de los hechos mencionados sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes", recoge el artículo 3 de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, que entró en vigor con el cambio de siglo. Hasta entonces, la normativa contemplaba la justicia juvenil para los menores de 16 y los mayores de 12 años. Una barrera mínima que durante décadas ni siquiera se había contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.
El cierre de casos por la edad de los menores es más frecuente de lo que parece. Solo en 2022, el Ministerio Público archivó a nivel nacional 7.660 diligencias preliminares por ser los investigados menores de catorce años, un 11% del total incoadas. La cifra, que supone un descenso del 9% respecto del año anterior, se enmarca en una tónica de continuas subidas y bajadas: 8.433 en 2021, 6.117 en 2020, 7.526 en 2019, 7.359 en 2018 y 8.553 en 2017. Es decir, en los últimos seis años la Fiscalía ha tenido que dar carpetazo a más de 45.000 pesquisas por este motivo. Ahora bien, el hecho de que los niños no puedan ser imputados no libra a sus padres, si llega el caso, de tener que responder a nivel civil por las infracciones del menor.
Cuando el Ministerio Público no puede proceder contra estos muchachos, remite cuanta información sea necesaria a la administración pública. Y ésta, cuando así lo tiene previsto, activa programas específicos cuyo objetivo no es juzgar ni castigar, sino educar a los chavales para intentar sacarles del mal camino. En Aragón cuentan desde 2003 con un Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 años (EMCA), compuesto de cuatro educadores sociales y cuyo radio de actuación es la provincia de Zaragoza. Algo más reciente es el Programa de Atención Socioeducativa para Menores Infractores (PAMI) de Mallorca, que se puso en marcha en 2021 y que gestiona el Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC), una organización sin ánimo de lucro con más de tres décadas de vida.
Una justicia "restaurativa y educativa"
En sus dos primeros años de vida, más de cuatro centenares de niños y niñas de menos de catorce años han pasado por el programa mallorquín, que cuenta con un par de educadores sociales. Todo comienza con una carta que protección de menores envía a las familias informándoles de lo recibido desde Fiscalía y comunicándoles la existencia del servicio socioeducativo. "Una vez hecho esto, nos ponemos nosotros en contacto telefónico con los padres para explicarles el programa e invitarles a tener una reunión en persona con nosotros", explica en conversación con infoLibre Sebastià Gibert, director educativo del PAMI.
El procedimiento se asemeja al aragonés, con la única diferencia de que en este último caso, al no estar externalizado el programa, el EMCA recibe directamente de la Fiscalía de Menores los expedientes con los que tiene que trabajar. Es ésta, de hecho, la que cita a la familia y al menor en la sede del Equipo de Atención Educativa, ubicada en la Ciudad de la Justicia, para una primera entrevista con el educador encargado del caso. Es la primera toma de contacto, la que permitirá al especialista empezar a recabar información sobre el entorno familiar y social del chico o la chica. "Y observar si hay un problema más de fondo", explica Joaquín Muro, coordinador en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Tanto desde Mallorca como desde Aragón señalan, no obstante, que la participación en estos programas es voluntaria. A pesar de eso, Gibert resalta que han conseguido un porcentaje de "adherencia" del 80%. O lo que es lo mismo, que de cada diez casos que en un primer momento expresan dudas, al menos ocho terminen completando el programa. "La mayoría de los padres se dan cuenta de lo que han hecho sus hijos y de que hay que efectuar una corrección", desliza también Muro. No obstante, también se topan con progenitores que tienden a minimizar lo sucedido. El clásico "es sólo una chiquillada".
El modo de trabajar también difiere un poco en ambos casos. En la isla, se suele hacer en grupos. "Tratamos de agruparles en función de diferentes variables, entre las que se encuentra el tipo de delito", explica el director educativo del PAMI. En suelo aragonés, se hace de manera totalmente individualizada. Ahora bien, en ambos casos el enfoque es educativo, no punitivo. "Nosotros no estamos para juzgar a nadie", dice con claridad Gibert al otro lado del hilo telefónico. Se busca, en definitiva, reconciliar y reparar, pero también prevenir la reincidencia. "Es una justicia restaurativa y educativa", apunta Muro. Y añade: "Un delito nos puede servir para cambiar a un chaval".
En Aragón, el perdón ocupa un papel fundamental en el trabajo con los menores infractores. Así, el coordinador del Instituto Aragonés de Servicios Sociales señala que los chicos y las chicas "siempre tienen que pedir disculpas". "O en persona o por carta, aunque eso lo tiene que elegir la víctima", continúa Muro. No hay un tiempo establecido para trabajar con estos jóvenes. "Es lo que necesite el menor", señalan. En algunos casos, los menos importantes, con unas semanas y unas actividades prosociales es suficiente. En otros, los más graves, pueden ser necesarios meses de trabajo. E, incluso, la aplicación de terapias de distinto tipo.
Hurto y acoso escolar, los delitos más comunes
"Se consiguen avances, suele tener buenos resultados", apunta el director del programa mallorquín. De hecho, Gibert resalta que en algunos casos "los propios padres te piden que no te vayas, que continúes". Ahora bien, quiere dejar claro también que "no es milagroso". Por eso no esconde que igual que hay casos que salen bien, también existen otros de reincidencia. Porque cada menor es un mundo, con una situación personal y familiar diferente. "Hay chicos y chicas que tienen un contexto social y familiar tan desfavorable que lo complica todo mucho", explica el director del PAMI, quien también se esfuerza en dejar claro que el grueso de participantes es transversal a nivel socioeconómico: "Hay gente de clase social baja y alta".
Igualdad plantea acceder a antecedentes penales de violencia de género de turistas extranjeros
Ver más
La clave del proceso, en suelo mallorquín, pasa por crear un espacio participativo. "Si vas a darles la chapa, se acabó el tema", resalta el director del programa. A veces ni siquiera es necesario hablar de la infracción cometida. Basta, simplemente, con hacerles reflexionar y comprender el daño causado. Se puede hacer a través del cine o la lectura. Y también con juegos de rol que les puedan colocar a ellos mismos como las propias víctimas. La rapidez del proceso dependerá de cada uno de los chavales. "En aquellos casos en los que existe un arrepentimiento prácticamente desde el principio, es más sencillo trabajar", cuenta Gibert.
En 2022 se notificaron al EMCA aragonés 280 expedientes. El 68,21% correspondía a varones y el 31,78% a mujeres. Los delitos más comunes fueron los de hurto –el 19,03%–, acoso escolar –18,38%– y daños –14,19%–. Les siguen las coacciones, los delitos contra las personas o las lesiones. Una radiografía similar a la que se hace en suelo mallorquín: "Todo este tipo de delitos pueden representar entre un 70% y un 80% de los casos que recibimos". Sin embargo, el director del PAMI también reconoce que existe un porcentaje de casos relacionados con la violencia sexual. Muchos, añade, por la difusión de imágenes íntimas.
El pasado año el EMCA registró 14 expedientes con "abuso, acoso y agresión sexual", lo que equivale al 4,5% del total de delitos identificados. Por el momento, no se ve un incremento desmesurado. En los últimos ocho años, esa cifra se ha movido casi siempre por encima de 10 y por debajo de 16, con la única excepción de 2021, cuando se registraron solo 8. Muro explica que en estos casos sigue costando mucho que la familia y los chicos asuman que lo que han hecho es muy grave. "Muchas veces lo justifican o lo minimizan", señala. Con ellos, completa, se trabaja a través de una terapia afectivo-sexual.
