Hace 20 años, en 1997, la actriz Barbará Rey se acercó a una comisaría de Policía para denunciar que le habían robado un material gráfico comprometido para una "persona importante" de la que no deseaba decir su identidad. Entonces, sólo en reducidos círculos políticos, empresariales y periodísticos se sabía que esa persona de la que hablaba la actriz era Juan Carlos I. Y nadie publicó su nombre. Con el paso de los años, el muro de silencio se fue agrietando. De hecho, los supuestos pagos a la vedette Bárbara Rey por parte de los servicios secretos, para que no ofreciese detalles de la relación que había mantenido con el rey Juan Carlos I desde la Transición, constan en varios libros sobre el monarca publicados de forma más o menos reciente. Además, otros artículos periodísticos han desvelado en los últimos años informaciones que apuntaban al empeño de la seguridad del Estado por ocultar esta relación, de la que existió constancia documental a través de vídeos, fotos y cintas grabadas.
Ahora, el affaire y el posible uso de fondos públicos para comprar su silencio ha emergido de nuevo tras revelar Okdiario que agentes del Cesid (actual Centro Nacional de Inteligencia, CNI) depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para Bárbara Rey. ¿Cuánto dinero llegó a percibir? Ese es un asunto sobre el que no hay unanimidad en las informaciones y libros publicados hasta la fecha. Unas versiones hablan de un ingreso único de 500 millones de pesetas (tres millones de euros) y otras de pagos mensuales durante años. También está bajo sospecha la contratación de la actriz en televisiones públicas, que se habría realizado por indicaciones de la Casa del Rey.
El caso llegará al Congreso de los Diputados después de que el diputado de En Comú Podem Joan Mena haya registrado este lunes una pregunta parlamentaria al respecto. El diputado quiere que el Gobierno le aclare si el Cesid utilizó fondos reservados para comprar "el silencio de una conocida actriz española que mantenía un presunto romance" con el rey emérito y pregunta sobre si está previsto iniciar alguna investigación para "depurar responsabilidades".
No obstante, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por infoLibre recuerdan que nadie ha demostrado que el Cesid pagase a la actriz y auguran un nulo recorrido a esa iniciativa parlamentaria. Este periódico también se puso en contacto con el departamento de comunicación de la Casa del Rey para preguntar si la institución tenía previsto reaccionar de alguna forma a la pregunta formulada por el diputado Mena. No hubo respuesta.
Los hechos y las denuncias
La historia de la actriz con el monarca se inició en los primeros tiempos de la Transición. Según relata la periodista Rebeca Quintáns en el libro Juan Carlos I, la biografía sin silencios (Akal), la relación continuó de forma intermitente hasta en que en junio de 1994 el rey le hizo saber que el affaire había terminado. Y se supone que fue ahí cuando empezaron los problemas, pues Bárbara Rey empezó a pedir dinero a cambio de su silencio.
La actriz aseguraba tener en su poder vídeos, fotos y cintas grabadas de conversaciones privadas con el ahora rey emérito en los que ambos conversaban de asuntos íntimos, pero también de cuestiones de política nacional. En su libro, Quintáns deja constancia de la existencia de este material y asegura que "lo verdaderamente preocupante (...) eran algunas frases relativas a los sucesos del golpe de Estado del 23-F". "Parece ser que una de las cintas que tenía contenía una llamada telefónica, fechada el 22 de febrero de 1981, recomendándole que ese día no saliera de casa", señala. Un día después tuvo lugar el intento de golpe.
El veterano periodista José García Abad también dejó constancia en su libro La soledad del rey (La Esfera de los Libros), publicado en 2004, de la existencia de este material. En conversación con infoLibre García Abadconfirma que lo que inquietaba en el Cesid –el actual CNI– y al Gobierno de la época era "el contexto político de la operación". "Las cuestiones de cama nunca generaron problemas para Juan Carlos I, era algo que estaba en la tradición de los Borbones y que estaba asimilado por la gente", asegura.
El Español publicó este lunes un artículo en el que Pilar Urbano difundía notas inéditas fruto de varios encuentros mantenidos en 2005 con Sabino Fernández Campo, consejero privado de Juan Carlos I y exjefe de su Casa. La periodista aseguraba que este le dijo que la actriz "lo grababa todo, conversaciones por teléfono, en imágenes cuando podía", incluida una referencia a la conversación en torno al 23-F. No obstante, la fecha el mismo día del golpe, no el anterior como otras fuentes. "Como varias de las cosas que me contó esta mujer yo ya las sabía y eran exactamente como me decía, no tengo por qué no creerla en lo del 23-F", dice Urbano que le contó el amigo del rey.
Fernández Campo dijo a la periodista Pilar Urbano que la actriz "lo grababa todo"
Sin embargo, no fue ella la única que hizo esas grabaciones. El Mundo desveló en su edición del 30 de septiembre de 1996 que el Cesid tenía alquilado un "chalé-franco" ubicado en la calle Sextante, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, en el que se realizaron entre 1993 y 1994 grabaciones en vídeo, con cámaras ocultas, tanto de reuniones de índole política como de carácter privado. Según el diario, el chalé era el "piso-franco" del entonces director del Cesid, Alonso Manglano, "de sus amigos, de algún ministro y de otras altas personalidades del Estado".
A nivel operativo sólo tenían conocimiento de la existencia del chalé un agente encargado de coordinar todo lo relativo a esta instalación, una señora de la limpieza y un operario de mantenimiento que se ocupaba de que "nunca faltara fruta y champagne en el frigorífico" y de que en el dormitorio principal siempre hubiera "crema Nivea" y "colonia de la marca Eternity (Calvin Klein)". Con estos detalles personales el rey tuvo que darse por enterado de que los periodistas de El Mundo sabían que él era uno de los usuarios de aquel chalé.
¿Por qué no publicó este diario entonces los nombres? Antonio Rubio, exsubdirector de El Mundo, ha reconocido a infoLibre que el documento bancario del Kredietbank Luxembourg publicado ahora por OKDiario, ya lo manejaron en aquella época: "No lo publicamos porque en esos años no pudimos demostrar que el ingreso fuera real y que el Cesid estuviera detrás", indica.
Las fuentes del Ministerio del Interior consultadas por este diario recuerdan que el único documento que podría vincular al Cesid con este asunto es una anotación recogida en los papeles de la llamada cintateca, el archivo de conversaciones privadas del Cesid publicadas por El Mundo en junio de 1996 y por el que fue condenado el excoronel Alberto Perote, el que fuera jefe operativo del Gabinete de Escuchas de los servicios secretos. Pues bien, la anotación que apareció en los papeles era “Vídeo Sextante”, en alusión al chalé ubicado en esa calle. Y no había más detalles sobre lo grabado en aquel inmueble.
Aunque con poco éxito, la actriz intentó que su pulso con las altas personalidades del Estado llegara a los tribunales. Los días 25 de mayo, 1 y 13 de junio de 1997 presentó sendas denuncias en la comisaría de Policía del barrio madrileño de Tetuán. Según Quintans, con estas denuncias se puso en marcha "la fase más dura del chantaje", pues con su filtración a la prensa la actriz demostró que no pensaba quedarse de brazos cruzados.
El diario El Mundo desveló en su edición del 27 de junio de 1997 el contenido de la tercera de esas denuncias, en la que la vedette acusaba a Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo personal y administrador privado de Juan Carlos I durante más de dos décadas, de poder estar detrás del robo en su domicilio de "tres cintas de casete, cinco de vídeo y 20 diapositivas" que eran "especialmente relevantes" para una "persona importante" de la que no deseaba decir su identidad.
Además, Bárbara Rey denunció que tanto sus hijos como ella habían recibido amenazas de muerte y acusó a Prado y Colón de Carvajal de coacciones. Aunque el nombre del monarca no aparecía en ninguno de los textos publicados, en los círculos bien informados nadie tenía duda de que Juan Carlos I era esa "persona importante".
Según contó El País, una fotocopia de la denuncia, junto a varios folios en los que se relataban las presiones sufridas, había llegado de forma anónima a las redacciones de varios medios de comunicación. Tres semanas después de que saliera a la luz esta denuncia, Bárbara Rey fue vetada en el programa Tómbola, que se emitía en las autonómicas Canal 9, Telemadrid y Canal Sur, donde pretendía ir a explicarse en directo. Según informó ella misma al diario de Prisa, responsables de la productora le dijeron que "órdenes superiores" impedían su intervención. No obstante, sí cobró los dos millones de pesetas (120.000 euros) estipulados.
Varios de los documentos acabaron destruidos en una maleta-trampa del Cesid
En sus conversaciones con Urbano, el que fuera consejero de Juan Carlos I confirma parte del contenido de la denuncia por robo que interpuso la actriz, pues reconoce que "el Cesid hizo una entrada y registró su casa [la de Bárbara Rey] y al parecer arrambló con bastantes cosas, o con algunas". No obstante, esta no sería la única vez que el Cesid hizo desaparecer documentos.
Hay otro episodio, el de la maleta trampa en la que, como parte de un pacto con el Cesid, la artista metió las cintas y los documentos que demostraban su relación con el rey Juan Carlos. Los agentes de inteligencia habían colocado dentro un dispositivo con ácidos corrosivos para que destruyeran el material. Bárbara Rey cerró la maleta y la guardó en un armario, pero poco después empezó a salir humo. La artista se asustó y, pensando que era una bomba, la tiró a la piscina de su casa. Cuando la abrió, días después, descubrió que el material estaba completamente destruido. En el libro de Quintáns –El Español también se hizo eco de este suceso el pasado jueves– se relata esta "rocambolesca historia".
Pero la vinculación de los servicios de inteligencia con este caso no se limita a episodios como las grabaciones con cámaras ocultas, el robo de material o el incidente del maletín. De hecho, la denuncia sobre pagos a Bárbara Rey por parte del Cesid, para que no ofreciese detalles de su relación con Juan Carlos I, consta en varios libros sobre el monarca como los citados de Quintáns y García Abad.
A este respecto, la periodista Pilar Urbano también asegura en El Español que Fernández Campo le confirmó que el que fuera presidente del Cesid entre 1996 y 2001, Javier Calderón, intentó tranquilizarle en una ocasión asegurando que a Bárbara Rey se le estaba pagando con fondos reservados. "Se le está pagando para que nos deje en paz; pero no lo paga el rey, eh, lo pagamos nosotros", se supone que le dijo el jefe de los espías.
Los pagos y sus diferentes versiones
No obstante, no hay unanimidad en las versiones en relación al dinero que habría recibido la actriz. Quintáns cuenta en su libro que a lo largo de 1995 y parte de 1996 se le entregaba un sobre cerrado cada mes que contenía "unas fuentes dicen que un millón de pesetas [6.000 euros] y otras que más". Tras las citadas denuncias de 1997, esta periodista asegura que la vedette intentó llegar a un nuevo acuerdo económico, esta vez con Fernando Almansa, jefe de la Casa del Rey en aquel momento, que le ofreció comprar el material por una única suma de 500 millones de pesetas (tres millones de euros) para que la artista "no volviera a tener problemas económicos en su vida" y se mantuviera callada.
También García Abad asegura en su libro que el Cesid abonó a Bárbara Rey, en un único pago, los citados 500 millones de pesetas "para hacerse con los vídeos, fotos y cintas grabadas de sus conversaciones privadas con el rey". Varias fuentes apuntan que tras ese pago tuvo lugar el citado incidente de la maleta. En su artículo en El Español, Urbano revela que Sabino Fernández Campo le contó que José Bono, ya como ministro de Defensa con Rodríguez Zapatero, le había preguntado por el riesgo que representaba Bárbara Rey y sobre si había que "continuar" pagándole.
"Al parecer, entonces –mediados de 2004– se le venía pasando una pensión mensual de dos o tres millones, como situación establecida y que coleaba desde los tiempos de Suárez", escribe Urbano, que recuerda que el amigo del rey le dijo también que "ocasionalmente" cuando ella decía que estaba"en dificultades" y amenazaba con "largar"lo que sabía se le daba "una cantidad de más entidad".
La supuesta relación de la vedette y Juan Carlos I ha vuelto a tomar relevancia mediática después de que Okdiario desvelara el pasado 17 de enero que agentes del Cesid depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para Bárbara Rey a fin de que no descubriera las relaciones que mantenía con el rey emérito. El diario aportaba una fotocopia del resguardo de un ingreso de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros), realizado el 25 de septiembre de 1996 en una cuenta en el Kredietbank Luxembourg que habían abierto tres meses antes. La cuenta a la que se alude figura a nombre de una sociedad offshore no identificada, WKDibiapur.
El coronel Amadeo Martínez Inglés, polémico militar retirado y conocido republicano, también denunció en su día ante la Fiscalía la supuesta "malversación de caudales públicos" de los denominados "fondos reservados" adscritos a los ministerios de Defensa e Interior y a la Presidencia del Gobierno por "conocer y no desautorizar los pagos a determinada vedette del espectáculo español" que, según su denuncia, se llevaron a cabo durante más de 15 años. Esta denuncia tampoco tuvo recorrido en los tribunales.
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La contratación de la actriz en programas de televisiones públicas también está bajo sospecha
Por otro lado, también está bajo sospecha la contratación de la actriz en televisiones públicas. Quintáns cuenta que, tras acabarse la relación, "todo pareció entrar en vías de solución gracias a un programa en TVE que arregló el entonces director del ente, Jordi García Candau". El programa en cuestión era Esto es espectáculo, que empezó a emitirse en la televisión pública en noviembre de 1994. De hecho, la actriz sufrió un desmayo grabando esa emisión en cuando le comunicaron que unas personas habían estado registrando la casa de sus padres en Totana (Murcia) en busca de unas comprometidas grabaciones.
Años después, entre 2000 y 2005, la actriz es contratada para hacer un programa de cocina diario en la televisión autonómica de la Comunitat Valenciana, Canal 9, llamado En casa de Bárbara. Esa misma cadena le había prohibido la entrada tres años antes. Según desveló El País en 2015, esa emisión tuvo un coste total de cinco millones de euros.
Hace 20 años, en 1997, la actriz Barbará Rey se acercó a una comisaría de Policía para denunciar que le habían robado un material gráfico comprometido para una "persona importante" de la que no deseaba decir su identidad. Entonces, sólo en reducidos círculos políticos, empresariales y periodísticos se sabía que esa persona de la que hablaba la actriz era Juan Carlos I. Y nadie publicó su nombre. Con el paso de los años, el muro de silencio se fue agrietando. De hecho, los supuestos pagos a la vedette Bárbara Rey por parte de los servicios secretos, para que no ofreciese detalles de la relación que había mantenido con el rey Juan Carlos I desde la Transición, constan en varios libros sobre el monarca publicados de forma más o menos reciente. Además, otros artículos periodísticos han desvelado en los últimos años informaciones que apuntaban al empeño de la seguridad del Estado por ocultar esta relación, de la que existió constancia documental a través de vídeos, fotos y cintas grabadas.