En sus casi cuatro décadas de existencia, el debate sobre la Constitución de 1978 probablemente nunca estuvo tan abierto. Ya en 2010 el 54,1% de encuestados por el CIS pidió cambiarla frente al 24,7% que apostó por "dejarla como está". Y en 2012, última ocasión en la que el barómetro del instituto público preguntó por esta cuestión, el 51,5% de ciudadanos dijo estar "poco" o "nada" satisfecho con el texto constitucional frente al 37,4% que representaban los "bastante" o "muy" satisfechos. Ahora, con la legislatura en la que cumplirá 40 años a punto de comenzar, son muchos los partidos que proponen reformar la Constitución en sus programas para el 20-D.
Claro que hay quien va incluso más allá. Izquierda Unida, que se presenta bajo la marca Unidad Popular, reclama un proceso constituyente que devuelva "la voz y el poder de decisión a la ciudadanía" y construya una tercera República federal que "conlleve un giro económico, social, cultural y ético radical". O lo que es lo mismo, una nueva Constitución redactada casi desde cero. El resto de partidos que piden cambios –PSOE, Ciudadanos, Podemos y UPyD–, por su parte, incluyen en sus programas propuestas para modificar aspectos concretos, en torno a cuestiones como el polémico artículo 135, el encaje de Cataluña y el modelo territorial, el blindaje de determinados derechos sociales o el principio de laicidad del Estado.
De la seis principales candidaturas que concurren al 20-D, sólo el PP se desmarca de la necesidad de reformar la Carta Magna. Aunque algunos de sus dirigentes no ven esa puerta del todo cerrada y el propio Rajoy se dijo este viernes dispuesto a abordar cambios, el programa de los conservadores es claro al respecto: "La Constitución es de todos y para todos, y no vamos a aceptar que se cuestione su vigencia", afirma el documento, que también señala que "las reformas que España necesita" se pueden realizar "sin rectificar el núcleo de las decisiones adoptadas en 1978". Preguntado sobre esta cuestión, el ministro de Justicia Rafael Catalá aseguró este jueves que "no es el debate ni es el momento para hacer la reforma".
¿Cuáles son las ideas de los partidos para cambiar la Constitución? En el Día de la Constitución, infoLibre repasa sus propuestas organizadas en cinco grandes bloques: artículo 135 y economía, derechos sociales, laicidad del Estado, participación y transparencia, y modelo territorial.
1. Artículo 135 y Economía
A toda prisa y en pleno agosto, PP y PSOE pactaron en el verano de 2011 modificar el artículo 135 de la Carta Magna para constitucionalizar el "principio de estabilidad presupuestaria", prohibir al Estado y a las Comunidades Autónomas "incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea" y establecer que el pago de los créditos para pagar tanto el capital como los intereses de la deuda pública gozan de "prioridad absoluta".
Ahora, apenas cuatro años después, uno de los impulsores de esa modificación rectifica: queremos "reformar el artículo 135 para incorporar la salvaguarda de la 'estabilidad social' del Estado", dice el programa del PSOE. Los socialistas no quieren volver a la redacción anterior ni suprimir por completo el articulado vigente, pero sí "modularlo": proponen introducir la citada cláusula de estabilidad social "con el fin de que, con criterios de sostenibilidad, se asegure en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales".
Mucho más contundentes son Podemos e IU en sus propuestas. Los de Pablo Iglesias hablan de la "derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española" para devolverlo "a su estado anterior", previo a la modificación de 2011. En la misma línea, IU-Unidad Popular exige "derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución".
Por último, cabe destacar que el PSOE quiere introducir la prohibición constitucional de aplicar amnistías fiscales. "Dentro del marco de una reforma constitucional –señala su programa para las generales– debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal". Los socialistas fueron muy críticos con la amnistía fiscal decretada por el PP en la legislatura que ahora toca a su fin.
2. Derechos sociales
Los partidos también incluyen propuestas en materia de Sanidad, Educación, Pensiones y Vivienda que implicarían reformas constitucionales. La mayoría de ellas van encaminadas a que el cumplimiento de los derechos que la Carta Magna ya enuncia pueda ser reclamados por los ciudadanos, o a garantizar que esas prestaciones se salvan de los recortes presupuestarios.
En el caso del PSOE se propone "reconocer como derecho fundamental" el derecho "a la protección de la salud", la "redefinición del derecho a la vivienda para garantizarlo de manera efectiva" y "reforzar el marco constitucional del derecho a la Seguridad Social" en materia de pensiones, aunque en ninguno de estos tres casos se ahonda más en la propuesta ni se concreta qué efectos concretos tendría para el ciudadano.
Donde sí se precisa más es en el capítulo dedicado a los Servicios Sociales. A este respecto los socialistas señalan que se debe "blindar el sistema público de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar" y que la Constitución debe reflejar "el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios sociales" que proporcionen "a toda la ciudadanía" una "protección adecuada". En materia de discapacidad, el programa de Pedro Sánchez pide "reformar el artículo 49 de la Constitución para sustituir el término 'disminuido' por el de 'personas con discapadidad'".
Podemos, por su parte, propone establecer una "garantía constitucional de los derechos sociales" y modificar para ello el artículo 53 de la Constitución, de modo que se equiparen los derechos económicos, sociales y culturales a los civiles y políticos. En esa misma línea, se apuesta por incluir en la Carta Magna una cartera estatal de servicios sociales garantizados, aunque no se precisan cuáles serían esos servicios. De forma similar, Ciudadanos aboga por "incluir en la Constitución el derecho a la salud, a los servicios sociales, a la vivienda y a la atención a las personas en situación de dependencia".
En el terreno de la diversidad y el reconocimiento al colectivo LGTB, el partido de Iglesias promete una reforma del artículo 14 para incluir "expresamente" la prohibición de la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género –actualmente únicamente se hace referencia a la imposibilidad de discriminar por "razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"–.
Un paso más allá va, en lo que a concreción se refiere, IU-Unidad Popular. La candidatura que quiere hacer presdiente a Alberto Garzón demanda "desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento" de derechos como "el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación". Además, exige "constitucionalizar" un suelo de financiación del Sistema Educativo, Universitario e Investigador, "de tal forma que no se pueda dedicar menos de ese PIB" a las partidas mencionadas.
3. Laicidad del Estado
Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida-Unidad Popular incluyen medidas para hacer efectiva la separación entre Iglesia y Estado cuyo desarrollo requeriría retoques en la Carta Magna. El programa de Podemos también contempla propuestas en este ámbito, pero en su caso no pasan por una reforma constitucional.
En el caso de la candidatura de Pedro Sánchez se reclama "actualizar en la Constitución el principio de laicidad según la interpretación del Tribunal Constitucional", lo que implicaría "suprimir" las referencias a la especial relación de España con la Iglesia católica. Se pide además "contemplar en ese precepto el sometimiento de los representantes de los poderes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones", de modo que, por ejemplo, las tomas de posesión o promesa de cargo puedan hacerse únicamente ante un ejemplar de la Constitución y no ante una Biblia, como ocurre hoy por hoy.
IU-Unidad Popular, por su parte, exige una nueva redacción para los artículos 16 y 27. De acuerdo con su propuesta el primero de ellos –que en la actualidad se limita a señalar que la libertad ideológica y religiosa está garantizada en España– pasaría a establecer claramente que "el Estado es laico" y que "ninguna convicción particular, ideología o confesión religiosa tendrá carácter estatal". En cuanto al segundo, que se refiere al derecho a la educación, también debería reflejar el principio de laicidad. En su actual configuración ese artículo establece que los poderes públicos "garantizan" a los padres su derecho a que los hijos reciban "formación religiosa y moral".
4. Participación y transparencia
La candidatura que encabeza Alberto Garzón (IU-Unidad Popular) es la que incluye más referencias a reformas constitucionales para favorecer la participación ciudadana directa en la toma de decisiones sobre cuestiones de especial trascendencia. En concreto, su programa reclama "introducir en la Constitución el desarrollo de la participación como un derecho" y establecer "una serie de materias que requieren una consulta obligatoria". Entre los ejemplos que esas cuestiones que estarían sujetas a referéndum figuran "la integración en organizaciones supranacionales" o "la adopción de decisiones económicas trascendentales". No se precisa, en cambio, si estas consultas populares tendrían carácter vinculante.
Por último, la federación de izquierdas pide incluir en la Carta Magna y de forma expresa "el procedimiento de revocatorio o moción de censura ciudadana" del presidente del Gobierno, los presidentes autonómicos, los alcaldes, los diputados y los senadores, de modo que, si se recoge la firma de no menos del 20% de los electores que eligieron al cargo, se pueda poner en marcha el proceso para destituirlo, proceso que en todo caso culminaría con una votación popular sobre la propuesta de revocación del mandato. Aunque otros partidos como Podemos también apuestan por regular los procedimientos revocatorios de cargos públicos, no precisan en qué texto legal se recogería esa posibilidad ni si haría falta cambiar la Constitución.
El PSOE, por su parte, aborda en su programa la necesidad de constitucionalizar mecanismos para hacer los partidos políticos más abiertos. Por eso propone modificar la Carta Magna para establecer que la elección de diputados se hace a través de listas desbloqueadas. UPyD, finalmente, pide incluir en la Constitución de forma expresa el "derecho al buen gobierno y a la información" como derecho fundamental.
5. Modelo territorial e institucional
La cuestión para la que más partidos piden modificar la Constitución es la definición de un nuevo modelo territorial que solvente, principalmente, los problemas de encaje de Cataluña derivados del actual auge del soberanismo y el independentismo en ese territorio. Desde la reforma en clave federal del PSOE hasta el referéndum que autodeterminacion que propone Podemos hay modelos para prácticamente todos los gustos.
En su propuesta de reforma constitucional –que han presentado como un anexo al programa electoral–, los socialistas aseguran que es necesario un "nuevo pacto territorial" que pasaría por incluir en la Carta Magna el nombre de todas las Comunidades, garantizar la libertad de uso de las lenguas cooficiales, aclarar el reparto competencial, constitucionalizar los "elementos fundamentales" del sistema de financiación autonómica –y los principios de "autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad– y "reconocer las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones", aunque en este punto no se aclara cuál sería la fórmula con la que se haría referencia a los distintos territorios, pues se ha evitado plasmar en el texto el debate sobre el término nación. En ese contexto, también reclaman convertir el Senado en una auténtica Cámara territorial", de modo que se redefinan su funciones y se vinculen estas a las leyes con "dimensión territorial", tales como la legislación básica del Estado, las normas con "incidencia territorial", las de financiación y los asuntos de la UE que afecten a las comunidades.
Podemos, comparte alguno de estos elementos en su propuesta. También está a favor, por ejemplo, de hacer referencia a la diversidad de los distintos territorios, pero en su caso precisa que se trataría de "reconocer constitucionalmente la naturaleza plurinacional de España", así como de "asegurar el derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país". Por eso, agregan los de Pablo Iglesias, su propuesta de modificación de la Ley Fundamental estaría orientado a resolver los problemas de encaje territorial a partir de la evaluación y el debate sobre "las experiencias de Reino Unido y Canadá", dos estados donde se celebraron sendos referendos sobre la autodeterminación de una parte de su territorio.
Por último, Podemos también aborda la controversia sobre la conveniencia de eliminar las diputaciones provinciales, y pide que otros órganos vayan asumiendo de forma "progresiva" sus competencias hasta que se decida su "supresión constitucional", un hito para el que no marca ningún horizonte temporal. En este punto coincide con Ciudadanos, que quiere eliminar las diputaciones y el Senado. Entre las cuestiones que plantean los de Albert Rivera figura igualmente la supresión de la disposición transitoria cuarta de la Carta Magna, que contempla la posibilidad de que Navarra se incorpore al País Vasco.
IU-Unidad Popular no desvincula la cuestión territorial del resto de modificaciones que propone, y pide abordar este debate al mismo tiempo que la cuestión social: hay que "hablar de todo" en el marco del proceso constituyente. La candidatura, al igual que hace Podemos, afirma la "dimensión plurinacional del Estado español" y apuesta por avanzar hacia un Estado federal que funcione a modo de estructura de "coordinación" de las diferentes "entidades territoriales", cada una de ellas con "autonomía para dotarse de una Constitución con el único límite de observar las normas contenidas en la Constitución federal". En ese diseño, por tanto, las actuales Comunidades Autónomas pasarían a ser unidades federadas, y la soberanía estatal se sustituiría por el concepto de "cosoberanía" o "soberanía compartida" entre el Estado federal y sus unidades federadas.
En línea con sus reivindicaciones tradicionales, UPyD plantea una reforma constitucional para "la devolución de competencias al Estado –en concreto las referidas a Educación, Sanidad y Justicia–, la fusión de municipios y la eliminación de los conciertos fiscales vasco y navarro". La lista que lidera Andrés Herzog es además partidaria de la supresión de las diputaciones y del Senado, y comparte con el PSOE la necesidad de nombrar cada una de las Comunidades Autónomas en la Carta Magna. Por último, reclama que en lugar de hablarse de "nacionalidades y regiones", en la Ley Fundamental se explicite que España está compuesta por "comunidades y ciudades autónomas".
En sus casi cuatro décadas de existencia, el debate sobre la Constitución de 1978 probablemente nunca estuvo tan abierto. Ya en 2010 el 54,1% de encuestados por el CIS pidió cambiarla frente al 24,7% que apostó por "dejarla como está". Y en 2012, última ocasión en la que el barómetro del instituto público preguntó por esta cuestión, el 51,5% de ciudadanos dijo estar "poco" o "nada" satisfecho con el texto constitucional frente al 37,4% que representaban los "bastante" o "muy" satisfechos. Ahora, con la legislatura en la que cumplirá 40 años a punto de comenzar, son muchos los partidos que proponen reformar la Constitución en sus programas para el 20-D.