Así es la nueva ofensiva del movimiento laico contra las inmatriculaciones

Las inmatriculaciones se han convertido en un campo de batalla. Una batalla legal, política y social que se libra en los tribunales, en el Congreso y en los espacios de opinión pública. Hasta ahora la Iglesia va ganando. La inmensa mayoría de las decenas de miles de bienes inmatriculados durante décadas le pertenecen sin que quienes cuestionan su apropiación hayan llegado ni tan siquiera a plantear un litigio. Pero su posición se agrieta. El Congreso de los Diputados ha tomado partido a favor de la recuperación de los bienes inmatriculados sin justificación acreditada durante los últimos 20 años, si bien es cierto que lo ha hecho mediante una proposición no de ley (PNL) no vinculante, que el Gobierno ha desatendido. Los continuos litigios abiertos por ayuntamientos comienzan a deparar sentencias favorables, aunque con mayor importancia cualitativa que cuantitativa. El listado de ayuntamientos abiertamente favorables a plantar cara a la Iglesia para recuperar bienes inmatriculados no para de crecer. Y es ahora, aprovechando ese caldo de cultivo, cuando el movimiento laico ha decidido lanzar una ofensiva para lograr (esta vez sí) cambiar las tornas.

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, conocida como Recuperando, celebró el sábado de la pasada semana su segunda asamblea estatal, coincidiendo con el primer aniversario desde su creación, que fue un intento de aglutinar y coordinar a diferentes colectivos y organizaciones contrarios a las inmatriculaciones. Recuperando acordó solicitar la ejecución de la PNL aprobada por el Congreso el 4 de abril. Dicha PNL reclamaba al Ministerio de Justicia la elaboración de un listado completo de bienes inscritos por la jerarquía católica al amparo del polémico artículo 206 de la ley hipotecaria. También solicitaba al Gobierno la reclamación de los bienes inmatriculados después de 1998 sin título de propiedad suficiente o que fueran susceptibles de formar parte del dominio público, como es el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Tras la aprobación de la PNL, Justicia descartó darle cumplimiento completo, pero se comprometió oficialmente a elaborar el listado. Ya han pasado los seis meses que la PNL estableció como plazo "improrrogable" para cerrar la lista. infoLibre preguntó al ministerio que dirige Rafael Catalá (PP) por los avances. La respuesta de Justicia fue que está a la espera de que el Colegio de Registradores emita un informe que se le ha solicitado. Ya se sobrepasó el plazo "improrrogable".

Recuperando no tiene la menor intención de conformarse con el previsible desinterés del Ministerio de Justicia, que considera legales las inmatriculaciones y cree que cualquier cuestionamiento de las mismas provocaría un problema de "seguridad jurídica". Los planes del movimiento laico combinan varias vías: presión social, reclamaciones desde los ayuntamientos, apoyo a litigios judiciales y la exigencia de una reforma legal. "Lo principal es que se sepa, que se difunda. Este tema es tan claramente injusto que lo primero que tenemos que conseguir es que llegue a la gente", señala Andrés Valentín, portavoz de la plataforma navarra contra las inmatriculaciones, integrada en Recuperando. "Lo que tenemos claro es que la vía judicial no puede ser la preferente. Muchas iniciativas se hicieron con arreglo a la ley franquista. Ir bien a bien, caso a caso, es lento y difícil", añade Valentín, que denuncia la inclinación de la mayoría de los jueces a dar la razón a la Iglesia.

Sentencias desfavorables para la Iglesia

Pero no siempre ocurre así. Sobre la mesa de los responsables de la Conferencia Episcopal, que dan al conflicto de las inmatriculaciones una importancia máxima, se acumulan ya diversas sentencias desfavorables para los intereses de la Iglesia. Casos dispersos pero significativos. La Audiencia de Zaragoza rechazó en febrero de 2014 devolver una ermita a la Parroquia de San Mateo Apóstol, en el municipio de San Mateo de Gállego, por no haber acreditado suficientemente la supuesta devolución de la misma a la Iglesia tras la derogación de la desamortización de Madoz de 1855. El caso no es propiamente de reversión de una inmatriculación, pero incide una línea que interesa a Recuperando: la exigencia de los tribunales a la Iglesia de pruebas fehacientes de titularidad. Otra sentencia, en este caso de la Audiencia de Burgos en junio de 2016, asigna al Ayuntamiento de Aranda de Duero una ermita al entender que el hecho de que fuera lugar de culto no otorga la propiedad. La clave del éxito del Ayuntamiento estuvo en acreditar la realización con dinero público de obras de reparación, el mantenimiento municipal del templo, el pago de las facturas de electricidad...

Más recientemente, en junio de este año, un juzgado de primera instancia ha sentenciado que la Ermita de Muskilda es del Ayuntamiento de Ochagavía (Navarra), anulando la inmatriculación realizada en 1999. Todo un hito. No obstante, el mayor logro judicial sigue siendo la sentencia de diciembre de 2016 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TJUE) a favor de una empresa ganadera en el caso de la inmatriculación de una Iglesia en Palencia. El varapalo no fue sólo al Obispado, sino al Estado español, condenado a pagar 600.000 euros por no defender los derechos de propiedad frente a la Iglesia. Precisamente con base a este sentencia, Recuperando requirió formalmente al Congreso que elaborase un mecanismo de recuperación de bienes inmatriculados.

La posición de la Iglesia es de un absoluto privilegio consagrado por el Estado. Las inmatriculaciones son una historia antigua. Se basan en la ley hipotecaria de 1946, que otorgaba a la Iglesia la potestad de inscribir por primera vez un bien en el registro de la propiedad. Así la Iglesia pasaba a tener poderes de fedatario público, convirtiéndose en parte consustancial del Estado nacionalcatólico franquista. La Iglesia empezó a inmatricular, en una apropiación de bienes de unas dimensiones que todavía no se conocen. Inmatriculó viviendas, colegios, hospitales... Pero no templos. Era lo único que no podía inmatricular. No pudo hasta que en 1998, con José María Aznar (PP) en la presidencia, se aprobó un decreto que pasó prácticamente desapercibido y que permitía también la inmatriculación de bienes de culto.

Miles de templos fueron inmatriculados con base a aquella modificación legal, de la Mezquita-Catedral de Córdoba a la Giralda de Sevilla pasando por la Catedral de Pamplona. Durante casi diez años años las inmatriculaciones se sucedieron hacer ruido. En el caso del templo cordobés, el más emblemático, la inscripción se realizó en 2006 sin publicidad por 30 euros, un dinero que contrasta con los ingresos millonarios que obtiene el Cabildo de su gestión, realizada de forma opaca y beneficiada por un régimen fiscal y tributario favorable. Ni políticos ni medios de comunicación destaparon el asunto, que sólo dio la cara en 2007 cuando se descubrió que la Diócesis Navarra estaba inmatriculando edificios religiosos, tierras, casas, cementerios.

Sólo entre Navarra y el País Vasco –las dos comunidades donde hay listados y por donde comenzó a destaparse el escándalo–, la Iglesia ha admitido más de 1.500 inmatriculaciones, lo que hace verosímil la estimación de 20.000 para el conjunto del España que maneja la asociación Europa Laica. La reclamación de reversión de las inmatriculaciones se centra en los bienes inscritos por la Iglesia entre 1998 y 2015, cuando el Congreso aprobó una reforma legal que prohibía cualquier inmatriculación en el futuro, al tiempo que decretaba una especie de amnistía de las ya realizadas. No sólo han sido inmatriculados templos o lugares de culto. También lo han sido plazas, huertos, fincas y casas. Cualquier bien que no hubiera sido registrado antes. Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cifró el total, sin precisar el periodo de tiempo, entre 30.000 y 40.000. Este periódico solicitó información de la CEE para este reportaje, pero declinó participar.

"Una obligación absoluta"

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Recuperando –que integra a colectivos como Europa Laica, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral, el Movimiento Hacia el Estado Laico, Redes Cristianas o la Plataforma Andaluza en Defensa del Patrimonio Histórico, entre otros– persigue como objetivo último una reforma legal que dé una solución global, explica Jorge García, su portavoz. "Una ley generaría una obligación absoluta [de devolución de bienes inmatriculados sin título suficiente]. Hemos sondeado a toda la oposición y hay disposición a presentar una proposición de ley", señala García, que advierte: "Los juristas están advirtiendo que la sentencia de Palencia es un referente. Cuidado, porque puede que el Estado tenga que acabar pagando indemnizaciones millonarias una tras otra". Más vale, expone García, una reforma legal armonizadora. Según el portavoz de Recuperando, dicha modificación puede afectar a normas como la ley de patrimonio histórico, o la de administraciones locales.

La coordinadora Recuperando afirma que al menos una quincena de ayuntamientos han puesto en marcha litigios judiciales para impugnar la inmatriculación de bienes, entre ellos la Catedral de Zaragoza, la Ermita de Iguacel (Jaca), la Iglesia de El Tormillo (Peralta), las murallas de Artá (Baleares), el monte de San Miguel (Orihuela), tres ermitas de Sangüesa (Navarra), la Plaza del Pocito (Córdoba), la ermita y el parque de Puente la Reina (Navarra) y dos plazas de Mancor de la Vall (Baleares).

Hay más vías. La asociación Movimiento Hacia un Estado Laico ha buscado un nuevo camino poniendo el foco en un registrador de la propiedad que negó que un templo, concretamente la Iglesia de San Pablo, en Zaragoza, estuviera inmatriculado hasta que el Ayuntamiento solicitó el listado completo de bienes propiedad de la Iglesia. Ahí se descubrió que el templo sí que estaba inmatriculado. La asociación no descarta incluso actuar por la vía penal contra el registrador por un posible delito de prevaricación. La batalla de las inmatriculaciones no ha terminado.