Ni obliga a reformar el sistema ni evita un futuro bloqueo: qué dice (y qué no) la letra pequeña del acuerdo

PSOE y PP vuelven a enredarse con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuarenta y ocho horas después del gran pacto con el que se ha puesto punto y final a cinco años y medio de interinidad del órgano constitucional. El punto de fricción se sitúa, de nuevo, en la futura reforma del sistema de elección de los doce vocales de extracción judicial, el famoso "que los jueces elijan a los jueces" que los conservadores llevan tiempo exigiendo. En el Gobierno entienden que el acuerdo suscrito no compromete a los socialistas a impulsar un cambio de modelo en este sentido, si se atiende a los "términos estrictos" de lo firmado en Bruselas bajo la atenta mirada de la vicepresidenta de la Comisión Europea Věra Jourová. "El acuerdo es muy claro", responden desde el PP.

Las discrepancias sobre el alcance de lo pactado comenzaron a aflorar a última hora del miércoles, cuando el ministro de Presidencia y principal negociador de la parte socialista, Félix Bolaños, aseguró en una entrevista en la Cadena Ser que la propuesta para la reforma del sistema que pueda salir del órgano de gobierno de los jueces "no es vinculante", es decir, puede no ser impulsada finalmente por el Ejecutivo. "Yo defiendo y apuesto por nuestro modelo, que nació de grandes acuerdos de Estado", completó el también titular de Justicia. Unas declaraciones a las que respondió este jueves en otra entrevista radiofónica el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Sería muy sorprendente que se diga al Consejo que haga una cosa y que luego nos dé igual lo que haya hecho".

Lo suscrito por ambas partes en la sede del Ejecutivo comunitario no garantiza, ni mucho menos, una futura reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. Ese compromiso, establecido como tal, no aparece reflejado ni en el acuerdo general ni en la proposición de Ley conjunta para despolitizar el Poder Judicial y la Fiscalía. Lo único que recoge esta iniciativa, que ya ha sido registrada por ambos partidos en el Congreso y que se tramitará por el procedimiento de urgencia, es una disposición adicional que otorga, desde la entrada en vigor de la ley, un plazo de seis meses al futuro CGPJ para que elabore un informe sobre cómo funcionan otros sistemas europeos y una "propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados".

La disposición adicional ni siquiera deja lo suficientemente claro en qué dirección debe ir dicha propuesta. Dice que tiene que poder ser "evaluada positivamente" por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, que debe garantizar la "independencia" del Consejo y que el sistema que se proponga tiene que incluir una "participación directa de jueces y magistrados". Pero esa última expresión no necesariamente equivale a que las Cortes dejen de tener participación en la elección de estos doce vocales. De hecho, en el modelo actual la carrera ya interviene de alguna manera, con asociaciones o jueces dando su aval a quienes quieran presentarse como candidatos, si bien es cierto que al final es el Parlamento el que decide los vocales sobre la lista elaborada por el CGPJ saliente.

Pero en el PP tienen clara cuál es la interpretación que se le debe dar a esa "participación directa". "Blanco y en botella, jueces que eligen a sus pares, como ha dicho desde hace mucho tiempo el Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea", ha señalado en los pasillos de la Cámara Baja el vicesecretario de Institucional y negociador principal de los conservadores, Esteban González Pons, al tiempo que ha insistido en que "la letra del acuerdo es la letra del acuerdo": "Si ahora hay arrepentimiento sobre lo que se ha firmado, no es mi culpa. Yo lo que espero es que todos cumplamos el acuerdo".

Un acuerdo complejo para la propuesta

La proposición acordada por PP y PSOE ni siquiera garantiza que vaya a salir adelante en el seno del órgano de gobierno de los jueces una propuesta de reforma. Para que la misma vea la luz, es necesario que haya un pacto amplio en el futuro Consejo General del Poder Judicial. En concreto, debe recibir el respaldo de tres quintos, lo que equivale a 13 miembros. Y ninguno de los dos bloques en los que se ha dividido tradicionalmente el CGPJ –el progresista y el conservador– tendrá esa fuerza durante este próximo mandato. A falta de conocer quién ocupará la Presidencia del mismo, diez vocales serán designados a propuesta del PSOE y otros diez a propuesta del PP. Será necesario, por tanto, llegar a un acuerdo transversal.

Un pacto que, sin embargo, no se antoja sencillo. Las dos asociaciones que han avalado a buena parte de los nuevos vocales de extracción judicial –la APM y JJpD– tienen, en este sentido, posiciones contrapuestas. La primera, conservadora, apuesta por que los togados elijan directamente a la docena de miembros. La segunda, progresista, defiende mantener el modelo actual, con un Parlamento que decide sobre una lista de candidatos, pero incluyendo un examen previo de estos vocales en las Cortes –algo que se hace solo con la parte de los juristas– en el que expliquen su currículo y propongan un programa de trabajo para el CGPJ. Modelo que, del mismo modo, se defiende en la UPF y la UPSJ, que también cuentan con vocales de su órbita en el futuro órgano de gobierno de los jueces.

Pero incluso en el hipotético caso de que haya un acuerdo transversal y se proponga una reforma a imagen y semejanza de la que defiende el PP, nada garantiza tampoco que esto finalmente se vaya a aprobar a nivel político. Lo único que recoge la disposición adicional es que la "propuesta" que sea consensuada "será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado" para que, "basándose en ella", los titulares de la iniciativa legislativa elaboren y sometan "a la consideración de las Cortes Generales" un "proyecto de ley o proposición de ley de reforma" para "su debate" y, en su caso, "tramitación y aprobación". Pero en el acuerdo político suscrito no se recoge por ningún lado que la parte socialista se comprometa a apoyar dicha iniciativa.

Es cierto, no obstante, que un escenario así, con una mayoría reforzada del órgano de gobierno de los jueces pidiendo cambiar el sistema, pondría al Ejecutivo en una posición delicada. Sobre todo, teniendo en cuenta que la Comisión Europea lleva años diciendo que una vez completada la renovación se debería emprender "un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los consejos del poder judicial" –así figura, textualmente, en las recomendaciones del último Informe sobre el Estado de Derecho–. De ahí que el líder de los conservadores haya advertido esta mañana de que si el Ejecutivo decide hacer oídos sordos "Europa hablará".

¿Y qué dicen dichas "normas europeas" relativas a los consejos judiciales? El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano del Consejo de Europa, lo resumía en uno de sus últimos informes relativos a España, citado por el Ejecutivo comunitario en su último Informe sobre el Estado de Derecho: "Cuando existe una composición mixta de consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales las normas disponen que estos sean elegidos por sus homólogos (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia de la judicatura en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como las Cortes Generales o el poder ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección".

Un pacto que no evita futuros bloqueos

La proposición de ley acordada por los dos principales partidos políticos tiene como principal objetivo "reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial". Para ello, se incluyen modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para limitar las puertas giratorias entre política y justicia. La norma impide que ministros, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, parlamentarios o alcaldes puedan ocupar los puestos de vocal del Poder Judicial o fiscal general del Estado hasta que no pasen cinco años de su cese. Y a un periodo de enfriamiento de dos años tendrán que enfrentarse los jueces que den el salto a la política antes de regresar al servicio activo.

Pero el texto no evita que en un futuro pueda volver a producirse un bloqueo del órgano de gobierno de los jueces como el que hemos vivido durante los últimos cinco años y medio. La mayoría necesaria para renovar el Poder Judicial, que los socialistas se han negado a retocar a pesar de las exigencias de sus socios, se mantiene fijada en tres quintos –es decir, 210 diputados y 159 senadores–, lo que seguirá obligando a los dos grandes partidos a ponerse de acuerdo. Es decir, salvo que haya un gran cambio en la aritmética parlamentaria en un futuro, ambas formaciones continuarán teniendo capacidad de bloqueo. Y la futura proposición no introduce un solo mecanismo que permita superar una situación así en caso de que vuelva a repetirse.