Las últimas elecciones autonómicas provocaron un profundo cambio de ciclo político. Los ultras de Vox se convirtieron en pieza clave para la gobernabilidad de la derecha en buena parte de territorios. Y eso acabó arrastrando al PP a posiciones más radicales. A cambio de estabilidad, los conservadores compraron acuerdos con las principales banderas ideológicas de la extrema derecha. La memoria se convirtió en pieza de caza mayor de la llamada guerra cultural. Y ambos partidos pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo. Una ofensiva reaccionaria que, sin embargo, se ha frenado en seco con la ruptura de relaciones entre ambos partidos.
El Parlamento de Baleares tenía previsto debatir y votar este martes, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, la derogación de la ley de memoria regional. La iniciativa de la ultraderecha, compuesta por un par de artículos y disposiciones que se limitaban a eliminar la norma, había contado con el respaldo de la formación conservadora. "No hemos escondido en ningún momento que tenemos un pacto de investidura", señalaba la consejera de Presidencia, Antònia María Estarellas, durante el Pleno en el que se produjo la admisión a trámite de la propuesta ultra. El mismo en el que el ultra Gabriel Le Senne, que preside la Cámara, rompió una imagen de Aurora Picornell, icono republicano en las islas.
Pero al final no ha habido votación. La ruptura de los acuerdos por parte de Vox, unida al bloqueo que la ultraderecha hace de las cuentas públicas, ha llevado al Ejecutivo de Marga Prohens a dar un golpe sobre la mesa. Por un lado, ha retirado los presupuestos para el próximo año. Y, por otro, ha alcanzado un pacto in extremis con la izquierda para mantener viva la ley de memoria. De esta manera, el punto sobre la derogación se ha retirado del orden del día y será abordado la próxima semana. Un Pleno en el que, en principio, la iniciativa ultra se echará abajo a cambio de que la izquierda ayude a los conservadores a tumbar las enmiendas de Vox que introdujeron por error en la Ley de Simplificación Administrativa y que provocaban retrocesos en diversos ámbitos.
Los colectivos memorialistas celebran el paso atrás dado por la formación conservadora en el archipiélago, aunque de sus palabras se desprende cierta desconfianza. "Si al final no se elimina, será una victoria de una sociedad civil organizada que ha luchado mucho para que no se derogue", dice en conversación con infoLibre Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca. No obstante, consideran "ofensiva" la utilización que se ha hecho de la memoria como arma política: "Hablamos de derechos humanos. Por tanto, debería ser una cuestión de principios para el PP y no una moneda de cambio. Han estado jugando durante un año y medio con nosotros, con nuestros derechos, con nuestros sentimientos".
Cae en Castilla y León y deja de ser prioritaria en Extremadura
La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo también ha decidido tirar del freno de mano en Castilla y León y Extremadura tras la salida de la ultraderecha de sus Gobiernos. Con las contradicciones que eso lleva aparejado. Sobre todo, en el primero de los territorios. Allí, los conservadores dieron un giro de timón a finales de septiembre y enterraron una Ley de Concordia que ellos mismos habían presentado de la mano de Vox cuando eran socios. Una norma que omitía el término dictadura y que los conservadores habían defendido públicamente a capa y espada pese a que derogaba un decreto que ellos mismos habían impulsado en la etapa de Juan Vicente Herrera al frente de la Junta.
"Dada la coyuntura actual, hay razones de oportunidad, de prioridad y de prudencia que aconsejan posponer –sine die– su tramitación", lanzó el procurador del PP Óscar Reguera durante el Pleno en el que se derribó la iniciativa. Un voto en contra que justificaron en base a cuestiones técnicas. Así, los conservadores recordaron que el Gobierno central daría la batalla contra las derogaciones y que, por ello, no se podía aprobar una norma de este tipo sin que antes fuera avalada por el Consejo Consultivo. Ahora bien, aprovecharon también para disparar contra sus exsocios: "Si tan importante es el ajuar político para Vox, ¿por qué abandonaron el Gobierno?".
La eliminación de la normativa memorialista también ha pasado a un segundo plano en suelo extremeño. "No vamos a poner en marcha esa Ley de Concordia", aseguró la presidenta de la Junta, María Guardiola, poco después de que los puentes entre la derecha y la ultraderecha saltasen por los aires. "No está encima de la mesa y no es nuestra prioridad", completó.
Pese a ello, la formación ultra trató hace dos semanas de meter en la Asamblea su Ley de Concordia. Una iniciativa que, sin embargo, fue rechazada por defecto de forma: querían tramitarla por un "procedimiento legislativo urgente" que no existe en el reglamento de la Cámara extremeña. Todo ello, con la negociación de los presupuestos de 2025 como telón de fondo. Unas cuentas que mantienen una partida de 420.000 euros para memoria, la misma cantidad que el año pasado.
Un partido, dos formas de actuar
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El aparente giro conservador en esta materia ha acabado por dibujar una doble realidad en los territorios controlados por el PP. Así, mientras que en comunidades como Andalucía, Extremadura, Baleares o Castilla y León las leyes de memoria sobreviven, en otras como Aragón, Comunitat Valenciana o Cantabria han sido eliminadas o sustituidas por normas que llegan a equiparar la dictadura franquista con el periodo democrático de la Segunda República. Un tipo de leyes que el pasado mes de mayo fueron duramente criticadas por Naciones Unidas. "Podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos", expresaron tres relatores en un informe al que el PP quitó peso.
En las dos primeras regiones, el paso se dio con los ultras todavía sentados en el Gobierno. De hecho, en suelo valenciano se culminó la derogación pocas horas antes de que Vox rompiese con el PP. En Cantabria, sin embargo, el movimiento se produjo a comienzos de noviembre, con la extrema derecha ya convertida en oposición. "La ley significaba un riesgo para la convivencia en nuestra región y al mismo tiempo un atentado para las libertades y un perjuicio para el funcionamiento natural de las instituciones democráticas. Y por ese motivo, en virtud de esa convicción, consideramos que es bueno para esta región proceder a la derogación", lanzaron desde las filas conservadoras.
El Gobierno central se comprometió desde un primer momento a dar la batalla contra estos retrocesos. De ahí que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad que, finalmente, provocó la suspensión cautelar de la derogación de la normativa memorialista aragonesa. Un paso que dijo que daría también en los otros dos territorios. Pero por el momento, explican las fuentes jurídicas consultadas, el Ejecutivo no ha presentado en el Tribunal Constitucional recursos ni contra el texto derogatorio cántabro ni contra la Ley de Concordia valenciana. Y tiene tres meses para hacerlo desde la publicación oficial de dichas normas.
Las últimas elecciones autonómicas provocaron un profundo cambio de ciclo político. Los ultras de Vox se convirtieron en pieza clave para la gobernabilidad de la derecha en buena parte de territorios. Y eso acabó arrastrando al PP a posiciones más radicales. A cambio de estabilidad, los conservadores compraron acuerdos con las principales banderas ideológicas de la extrema derecha. La memoria se convirtió en pieza de caza mayor de la llamada guerra cultural. Y ambos partidos pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo. Una ofensiva reaccionaria que, sin embargo, se ha frenado en seco con la ruptura de relaciones entre ambos partidos.