La oferta de servicios legales a través de "plataformas de víctimas" desata una cascada de denuncias contra bufetes

Agitación el en sector de los despachos de abogados. La crisis del coronavirus, con un largo recorrido judicial, tanto civil como penal, está animando a numerosos bufetes a ofrecerse, en ocasiones bajo el formato de "plataforma" o "asociación". Y ha surgido el conflicto, con una pregunta de fondo: ¿Es ético?

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid (ALA) ha denunciado ante el Consejo General de la Abogacía Española a una quincena de entidades por captar clientes entre los afectados por la pandemia, saltándose supuestamente sus obligaciones deontológicas mediante "publicidad fraudulenta" e incluso "camuflándose" como asociaciones.

La ALA presentó este viernes una denuncia contra 11 despachos, plataformas y asociaciones, que se suma a las antes presentadas contra el grupo Hereda, el despacho Cremades & Calvo Sotelo, la Asociación de Abogados Cristianos –de carácter ultracatólico, famosa por sus continuas demandas por ofensa contra los sentimientos religiosos– y el despacho del juez y parlamentario andaluz de Vox Francisco Serrano.

La supuesta vulneración del Código Dentológico de la Abogacía se centra en el artículo 6, que impide: "La oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos [...], en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de abogado y, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días".

Con el estado de alarma "vigente" y "en plena pandemia", señala la asociación denunciante, "se han ido creando diferentes asociaciones, que se dicen formadas por personas afectadas por la pandemia, que ofertan servicios jurídicos, lo que supone la vulneración de nuestro código deontológico".

La ALA distingue en su denuncia entre asociaciones y despachos. De las primeras, son denunciados las siguientes ocho:

– Asociación de Afectados por el Coronavirus (Asacovid), que ofrece asesoramiento legal y económico y tiene como presidente a Juan Manuel Hita García de Marina, de Aliter Abogados.

– Asociación Española de Afecatados por el Coronavirus, tras la cual la denuncia sitúa al Grupo Médico Jurídico Durango.

– Plataforma de Víctimas del Coronavirus Covid, tras la cual está el despacho Navarro & Larriba, según la denuncia.

– Plataforma Solidaria Afectados Coronavirus, formada por un grupo de abogados y radicada en Jerez de la Frontera (Cádiz).

– Plataforma de Abogados en Defensa de Afectados por el Coronavirus, "puesta en marcha" –según la denuncia– por el abogado Gerardo Manuel Vázquez, de Almería, que a su vez es portavoz de la Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía No (AUAN).

– La "Plataforma de Afectados por la Gestión de la Crisis del Covid-19", que la organización demandante vincula con el despacho Martín Herreros, ha sido igualmente objeto de denuncia. Martín Herreros niega las acusaciones de la ALA y asegura que no ha habido ningún incumplimiento del código deontológico. Este bufete indica que se ha limitado a prestar servicio a la plataforma denunciada por dicha asociación [ver aquí], concretamente haciendo su constitución e inscripción, pero que no ha sido su "promotor". El despacho añade que, en paralelo, desarrolla una segunda iniciativa, esta sí a través del propio bufete, para ayudar "de manera desinteresada y gratuita" a afectados por multas, negligencias u otros problemas derivados de la pandemia [ver aquí].

– Plataforma Afectados Coronavirus, que deriva a un apartado de atención legal. La denuncia no identifica a sus promotores.

– Asociación Juristas contra el Ruido, de la que la denuncia identifica como portavoz a Joaquín José Herrera del Rey, y sobre la que indica, basándose en una información de prensa, que recurre multas por incumplir el confinamiento. La Asociación Juristas contra el Ruido expresa su "indignación y desconcierto" ante la acusación vertida por la ALA, que califica como "radicalmente falsa". "Es rotundamente falso que Juristas contra el Ruido haya ofertado o publicitado los servicios profesionales, por sí o mediante terceros, que se le imputan en la denuncia, pues nos dedicamos exclusivamente a la temática ambiental y acústica", señala en una comunicación dirigida a infoLibre [ver aquí]. Juristas contra el Ruido, que considera la denuncia "un ataque injusto a su imagen y su prestigio", añade que no ha habilitado ningún correo electrónico para responder consultas –como señala la denuncia– y afirma que ALA identifica erróneamente como su portavoz a una persona que no lo es. "Ningún miembro de la Junta Directiva, representante o portavoz de la Asociación de Juristas contra el Ruido ha realizado las manifestaciones a las que se alude en la denuncia. Dichas manifestaciones no tienen nada que ver con la asociación". Juristas contra el Ruido niega tajantemente la vulneración del Código Deontológico de la Abogacía y se considera "una asociación independiente que no se identifica con ninguna ideología política". Como señala la asociación, "puede constatarse fácilmente" en sus redes sociales –Twitter, Instagram y Youtube–, así como en su página web, que "jamás se ha anunciado servicio alguno con relación al objeto de la denuncia".

Son denunciados además tres despachos o abogados:

– Quercus & Superbia.

– José Ignacio Sánchez Rubio, impulsor de la Operación: El Día Después, que prepara una querella contra el Gobierno.

– Ontier.

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La denuncia solicita al Consejo que abra expediente disciplinario a los despachos por "publicidad fraudulenta" y "les requiera de manera inmediata al cese de su ilícita publicidad". También le reclama que "ordene la correspondiente investigación sobre la identidad de los despachos que se encuentran tras la presunta ilícita publicidad". Por último, solicita al Consejo que "emita nueva comunicación instando al cumplimiento de las normas y valores que rigen la profesión, conminando a los Colegios de la Abogacía a perseguir" los incumplimientos.

Ángeles Chinarro, presidenta de ALA, recuerda que el artículo 8 del Estatuto de la Víctima también limita que los abogados y procuradores se dirijan a los afectados por "catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas" hasta pasados 45 días. "Se trata de preservar el duelo, de permitir a la víctima tomar decisiones libres y racionales. No se puede aprovechar el momento en que la víctima es más vulnerable", señala Chinarro en declaraciones a infoLibre.

La presidenta de ALA recalca que los servicios son presentados bajo una "falsa apariencia de gratuidad". "El reclamo es ese precisamente, que es gratuito. Pero en el momento en que haya que mover un papal, te presentan la minuta", señala. Su mensaje para una persona que busque ayuda es que acuda a los colegios de abogados o de psicólogos.