La oficina de recuperación de activos de la corrupción lanzada por Rajoy solo funciona a pleno rendimiento en Cuenca

"Que ningún delicuente pueda disfrutar de lo que ha robado". "Incautar los bienes y ponerlos a disposición de la propia Oficina [de Recuperación y Gestión de Activos]". "Dedicar los recursos que se incauten a fines sociales". "Descongestionar los juzgados y tribunales, descargándolos de una tarea burocrática". "Disminuir el coste de los bienes incautados, que acaban generando un costo muy importante para la Administración". Son todas declaraciones literales del ahora presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy. El contexto era muy importante. Estábamos a viernes 23 de octubre y el jefe de los conservadores inauguraba en el Ministerio de Justicia la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Uno de los anuncios más sonoros en la lucha contra la corrupción que venía a sumarse al paquete de medidas de regeneración aprobadas por su Gobierno en la X legislatura. No pasaba inadvertido el momento: era el último día que podían realizarse inauguraciones antes de las elecciones generales del 20 de diciembre. Y, a tenor de las imágenes de oficinas vacías y sin trabajadores, el Ejecutivo había llegado por los pelos a este acto. No faltaron las críticas que apuntaban a lo "electoralista" de la convocatoria. A día de hoy, cinco meses después, han sido pocos los avances. Según los planes del Gobierno, pasará casi un año hasta que sea una realidad en todo el territorio nacional.

Desde Justicia, no obstante, sostienen que está "en pleno funcionamiento para actuar" y  que "podrá solicitar la gestión de bienes a los órganos judiciales". A día de hoy, la estructura de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos está integrada por una directora general, dos subdirectores generales, cinco funcionarios y tres asesoras de las carreras judicial, fiscal y letrados de la administración de justicia. Están todavía por cubrirse siete de las 12 plazas de funcionarios previstas. Esto, "sin perjuicio de que hay una segunda petición de ampliación de plazas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en previsión del plan de acción aprobado", precisan desde el ministerio.

Hace un mes, el pasado 7 de marzo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que acompañaba a Rajoy en la inauguración exprés y en el último minuto del 23 de octubre, presentaba el plan de desarrollo de la ORGA en los juzgados de Cuenca, provincia por la que Catalá es diputado electo. Desde el departamento de Catalá se informó de que "en los próximos meses será una realidad en toda España" y que, en esos momentos, ya era una realidad en Cuenca. Esta provincia, subrayaban, ya estaba trabajando desde el 1 de marzo "con este nuevo instrumento que permite la localización, recuperación, administración y gestión de los bienes procedentes de actividades delictivas". Pero sólo esta provincia, a modo de una especie de experimento piloto. El resto tendrán que esperar.

Entrada en vigor por etapas

¿Cuándo será el turno de las demás? Según precisó el propio ministro en este acto la ORGA "extenderá su actuación de forma progresiva a todo el territorio nacional". Los planes iniciales, que según fuentes del ministerio consultadas por infoLibre no han variado, son que el próximo 1 de junio se amplíe su funcionamiento a toda Castilla-La Mancha y el 1 de octubre a las demás comunidades autónomas del ámbito competencial del Ministerio de Justicia y los órganos de jurisdicción estatal. El proceso culminará, siempre según Justicia, el 1 de enero de 2017 cuando la oficina esté operativa en todo el territorio nacional. 

Este calendario implica que el 1 de octubre ya se cuente con esta oficina, además de en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, Extremadura, Baleares y Murcia. También en las dos ciudades autónomas y en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El resto quedaría para 2017. Esto implica que, de cumplirse estos plazos, y siempre que el futuro Gobierno no lo frene –en el supuesto de que no sea del Partido Popular–, habrá pasado más de un año desde el anuncio a bombo y platillo de Rajoy y casi en tiempo de descuento, hasta que se convierta en una realidad.

Desde el ministerio avanzan que en Melilla ha comenzado "la actuación de choque" mediante el anuncio al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la próxima remisión de alrededor de 200 peticiones de encomienda.

Paralelamente, subrayan que la ORGA ha solicitado un inventario de bienes embargados o decomisados cuyo depósito están asumiendo las Gerencias Territoriales dependientes del Ministerio de Justicia. Gran parte de estos bienes son vehículos.

Sin datos

Cuando Catalá inauguró la oficina de Cuenca habían pasado cinco meses desde el acto con Rajoy. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Estuvieron paralizadas todas las gestiones? Una nota del Ministerio de Justicia con fecha del 7 de marzo sostiene que no. Que "desde su inauguración el pasado mes de octubre", la Oficina había estado trabajando "en el diseño de su plan de actuación y en el desarrollo de tareas de gestión para reducir los elevados costes que las gerencias del Ministerio de Justicia estaban soportando como consecuencia de la gran cantidad de bienes embargados y decomisados almacenados en sus depósitos". No pasa inadvertido que las prisas por presentar esta herramienta contra la corrupción hicieron que el decreto que la regula fuese aprobado el mismo día que Rajoy la inauguraba. Y que la directora general de la oficina, Isabel Tarazona, las recorrió cuando su nombramiento todavía no había sido publicado en el BOE. Tanto el decreto como el nombramiento pasaron ese viernes por el Consejo de Ministros.

Ese mismo día, desde el PSOE se calificó de "vergüenza" que el Gobierno hubiese aprobado en el último Consejo de Ministros ordinario una oficina anticorrupción. Era el cierre a una legislatura en la que el Partido Popular intentó salir a trompicones y en solitario de sus escándalos de corrupción a base de legislación. Primero llegó la Ley de Transparencia y, después, un paquete de medidas de regeneración entra las que figura esta oficina.

Desde Justicia no facilitan a este diario el balance de los primeros meses de esta oficina. Subrayan que el departamento está trabajando para que se hagan públicos "próximamente" y que paralelamente la ORGA está desarrollando una aplicación informática que permitirá facilitar semestralmente datos de seguimiento estadístico de su actuación a través del Portal de la Transparencia.

La intención del Gobierno, y así lo señaló Rajoy en su día, es la de que los recursos que se incauten vayan dirigidos, en primer lugar, a las oficinas de asistencia a las víctimas, así como a los programas de atención a las víctimas gestionados por las comunidades autónomas y ONG."También se destinarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la Fiscalía General del Estado, al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y a los institutos de Medicina Legal y organismos internacionales.

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En cuanto a los motivos que llevaron a escoger Cuenca como escenario piloto, en Justicia apuntan a su número de órganos jurisdiccionales, su volumen de población o su tipo de delincuencia. También fue en Cuenca –la provincia a la que Catalá representa en el Congreso– donde comenzó como experiencia piloto la implantación del expediente judicial electrónico o la oficina judicial.

"El volumen de la provincia, al no ser demasiado elevado, permite hacer pruebas y, si fuera el caso, introducir las posibles correcciones del sistema", explican. En una provincia con más volumen, argumentan, habría sido más difícil hacer frente a las eventualidades que surgieran las primeras semanas.

El PP y el Gobierno en funciones están muy interesados en mostrar contundencia contra la corrupción y en vender las iniciativas aprobadas al respecto. En los últimos meses los casos Púnica o Taula han pasado a engrosar el listado de escándalos de corrupción que salpican o han salpicado a destacados dirigentes conservadores. Y, para las próximas semanas se esperan y se temen avances judiciales de estos casos. En un contexto muy probable de repetición de elecciones, los conservadores están muy interesados en exhibir sus medidas.