Una ONG pedirá a la Fiscalía que investigue si amigos de Feijóo ofrecieron ayuda a una empresa a cambio de dinero

El caso Corcoesto, el supuesto intento de amigos de Alberto Núñez Feijóo de cobrar dinero a cambio de desbloquear el intento de una empresa canadiense de extraer oro en Galicia, no amaiana. La oeganización de defensa de la naturaleza Amigos da Terra anunció este jueves su intención de solicitar a la Fiscalía que abra una “investigación exhaustiva” para establecer si ha habido “tráfico de influencias y corrupción” en el “entorno del gobierno gallego” en relación con este asunto.

“La salvaguarda de intereses ambientales y sociales está a expensas de criterios arbitrarios que pueden ser aprovechados por ciertas tramas corruptas”, señala la organización, a la que le prepocupa especialmente cómo la Xunta aprobó inicialmente una mina que implicaba “un monumental impacto ambiental y pasajístico”.

Por culpa de aquella decisión, puntualiza Amigos da Terra, ahora son los ciudadanos gallegos los que se exponen a tener que pagar indemnizaciones millonarias a la empresa que perdió la concesión exclusivmanete por “el desacierto de la gestión” de la Xunta.

Por su parte, la organización Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), una de las de mayor tradición de Galicia, tampoco se ha quedado parada a la vista de las noticias sobre la supuesta oferta de tráfico de influencias y de la demanda de la empresa concesionaria para ser indemnizada. La SGHN respalda la cancelación del proyecto, aunque reconoce no saber si se debió a las “decisiones oscuras” que ahora ha sacado a la luz el director de la empresa canadiense o a la presión social en su contra.

Nuevos documentos

En todo caso, y para evitar una hipotética reactivación del proyecto minero, la SGHN ha anunciado que trasladará al juzgado documentos que obran en su poder –y cuyo contenido no ha querido divulgar– relacionados con los “renglones torcidos” escritos por la Xunta en la tramitación de la iniciativa.

Por su parte, el director general de Enerxía e Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, ha defendido qque todo lo relativo a la mina se tramitó “conforme a la ley en todo momento”.

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En declaraciones a Europa Press este jueves, Tahoces subrayó que la Xunta recibió “muchas alegaciones” en las que “se dejó constancia” de que la empresa que quería explotar los terrenos “no tenía viabilidad económica”, ya que “lo que pretendía era, precisamente, coger unos derechos mineros, revenderlos y obtener una sustancial plusvalía”.

Sobre las acusaciones de Edgewater, Ángel Bernardo Tahoces ha dicho “no entender” su “estrategia de defensa jurídica”. “¿Presiones de quién? ¿De qué? No sé lo que es esto, para mí no tiene significación alguna”, ha asegurado en declaraciones a Europa Press. “No entiendo ni tan siquiera ese lenguaje ni esta estrategia de defensa jurídica por parte de la empresa, no lo entiendo, para mí es incomprensible”.

Quien sí parece haber entendido el alcance de las acusaciones que implica el correo electrónico del director de Edgewater es el grupo parlamentario gallego de Alternativa Galega de Esquerdas (cuyos principales integrantes están en En Marea).  Su viceportavoz Antón Sánchez emplazó a la Xunta a denunciar a la empresa y a su dirección. “La Xunta no puede perder ni un minuto en aclarar esta situación”, aseguró Sánchez.